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Retrato, Antonio Machado

IU Asturias

El juez ve indicios de delito en la actuación de la cúpula de IU en el conflicto de la sede ovetense del PCE

lne.es / 11 feb 09

El tribunal estima que los diputados Iglesias y Valledor y la consejera Martín pudieron cometer coacción y falsificación


El Gobierno asturiano, sin novedades sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera

Oviedo, L. Á. VEGA
Oviedo, J. A. A.
El conflicto de la sede del PCE en Oviedo, que enfrenta a las cúpulas de este partido y de IU, se adentra por la senda judicial. El magistrado José Ignacio Pérez Villamil, de la Sala de lo penal-civil del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) considera que hay indicios de que la cúpula de IU pudo incurrir en un delito de coacciones y de falsificación, por lo que ha abierto un procedimiento abreviado y ha dado un plazo de diez días tanto al ministerio público como a la acusación particular, ejercida por el PCE y el PCA, para que presenten el correspondiente escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento del caso.

En esta causa, figuran como imputados la consejera de Bienestar Social y ex secretaria del PCA, Noemí Martín; el coordinador regional de IU, Jesús Iglesias; el diputado regional Francisco Javier García Valledor; el abogado y apoderado de IU Alfonso Suárez, y Luis Álvarez Pérez, ex secretario de finanzas del PCA. Francisco de Asís Fernández Junquera-Huergo, secretario general del PCA, denunció el 29 de mayo del año pasado que los dirigentes de IU habían cambiado las cerraduras de los locales del PCE, situados en la plaza de América de Oviedo, y que se le había impedido entrar en la sede, que compartían con IU, tanto a él como a otros miembros del PCA.

También denunció la aportación, por parte del apoderado de IU Alfonso Suárez, de un contrato de arrendamiento suscrito, de un lado, por Noemí Martín y Luis Álvarez Pérez (como secretaria general y secretario de finanzas del PCA y apoderados del PCE), y de otro por Jesús Iglesias y Francisco Javier García Valledor (como coordinador general y apoderado de IU). Según Francisco de Asís Fernández, este contrato es falso y fue redactado con posterioridad a la fecha que figura en el mismo, 23 de julio de 2003. Por el citado contrato se cedía el local a IU en arrendamiento durante diez años, con prórrogas anuales obligatorias hasta un máximo de cinco y una renta mensual de 2.400 euros. El PCA sostiene que no responde a realidad contractual alguna.

IU ha decidido recurrir el auto de la Sala de lo civil-penal del TSJA al considerar que ninguno de los imputados cometió delito alguno. Según consta en el auto, tanto Alfonso Suárez como Noemí Martín y Jesús Iglesias reconocieron haber ordenado cambiar las cerraduras y que se impidiese la entrada a los militantes comunistas, tal como denunció el secretario general del PCA.

Por su parte, Francisco de Asís Fernández señaló que el auto del TSJA es algo «lógico» y rehusó hacer más comentarios, porque el asunto está pendiente de resolución judicial. «Tenemos plena confianza en la justicia», señaló.

La ejecutiva federal del PSOE, reunida el pasado lunes en Madrid, aparcó la reforma del sistema de financiación autonómica. La cuestión, que ha suscitado controversia entre diversas federaciones socialistas, ni siquiera estuvo en el orden del día del órgano de dirección socialista, que abordó como asunto prácticamente monográfico la crisis económica por la que atraviesa el país.

El Ministerio de Economía continúa inmerso en los contactos bilaterales con los responsables de Hacienda de las diferentes autonomías. Fuentes socialistas dejaron entrever que las negociaciones «están bastante avanzadas», pero eludieron precisar si habrá una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de que arranquen las campañas electorales de Galicia y País Vasco, comunidades autónomas que el próximo 1 de marzo celebrarán sus elecciones autonómicas.

El Gobierno asturiano tampoco había recibido, a día de ayer, notificación alguna sobre la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano en el que están representadas todas las comunidades autónomas y que debe ratificar cualquier acuerdo en materia de financiación autonómica. Aunque José Luis Rodríguez Zapatero había manifestado su intención de dejar resuelta la negociación sobre la nueva financiación antes de las elecciones autonómicas de Galicia y País Vasco, las posiciones del Gobierno central y de las distintas comunidades todavía están muy distantes. De hecho, el Gobierno asturiano ya advirtió semanas atrás de que la propuesta presentada por el Ministerio de Economía es «inaceptable», ya que no concreta cuestiones clave para el Principado como la ponderación de los criterios del envejecimiento y la dispersión.

El consejero de Economía, Jaime Rabanal, y la portavoz del Gobierno asturiano, Ana Rosa Migoya, sostienen que Asturias no dará el visto bueno al nuevo modelo mientras no garantice la cobertura de los servicios básicos tanto ahora, en el primer año de entrada en vigor del nuevo sistema, como en el futuro.

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