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Retrato, Antonio Machado

elecciones

Inquietud en los partidos ante la opción de que el TC falle sobre ANV tras el 27-M

Antonio Santos | elcorreo.com / 08 may 07

Los socialistas apelan a la «buena voluntad» de los jueces para que se pronuncien antes del viernes


El futuro electoral de ANV se ha convertido en un auténtico galimatías. Sectores de la Judicatura y de los partidos políticos mostraron ayer su temor ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva la legalidad o no de las listas anuladas durante la campaña electoral, o incluso después de que se conozcan los resultados de las municipales y forales del próximo 27 de mayo. La legislación se lo permite, una vez que el Supremo ha decidido aplicar a este caso la Ley de Partidos y no la ley electoral (LOREG). De hecho, no hay ningún plazo de tiempo concreto para un tribunal que acumula hasta dos años de demora en asuntos relevantes.

La situación no afecta a las plataformas bajo la marca Abertzale Sozialistak, cuya sentencia definitiva se conocerá antes del viernes, al entender los jueces en primera instancia que todas las listas son continuación de Batasuna y están «evidentemente contaminadas».

Las fuentes consultadas reconocen que el proceso electoral vive «al borde del precipicio», aunque descartan que se puedan anular los comicios. Sitúan el origen de todo este «lío» en dos claves: la habilidad de la izquierda abertzale para utilizar de «camuflaje» unas siglas legales como ANV, que en sus estatutos incluye una renuncia expresa a la violencia, y la «imprecisión» de los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, lo que obligó incluso a los magistrados del Supremo a pedir el viernes explicaciones y una «mayor concreción». Jueces de larga carrera y experiencia coinciden en que los abogados de Batasuna han logrado, tras varios intentos sin éxito, encontrar un «resquicio» para sortear la Ley de Partidos, pensada y redactada para el grupo proscrito y sus continuadores pero no para formaciones en vigor con las características históricas de Acción Nacionalista. «Está todo muy en el límite de lo que son derechos de los ciudadanos a ser elegidos electoralmente y las vías para ilegalizar partidos y candidaturas», explican.

Con todo ello, la 'Sala del 61' resolvió el sábado que la única manera de prohibir 133 candidaturas de Acción Nacionalista, y no el partido al completo, pasaba por aplicar el artículo 12 de la Ley de Partidos, en un proceso de ejecución de la sentencia que proscribió a Batasuna. Fundamentaron su decisión en documentos encontrados al dirigente etarra 'Antza'y dejaron a un lado la normativa electoral y también los plazos previstos para resolver sus conflictos.

Dudas legales

La cuestión, que puede parecer baladí, tiene hondo calado jurídico: los representantes legales de ANV disponen ahora de 20 días para pedir amparo ante el Tribunal Constitucional y no de las 48 horas que establece la LOREG. De esta forma, la última jornada para cumplir con este trámite quedaría para la primera semana de junio, descontados los fines de semana y la festividad en Madrid de San Isidro.

«Los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado dejaban muchas dudas del camino a seguir. Al no impugnar todas las candidaturas, no se podía aplicar la ley electoral, de ahí que todos los plazos cambiaran. Por eso los jueces pudieron dictar su auto a las siete de la mañana del domingo, mientras que el de AS lo notificaron primero antes de medianoche», explicó ayer a este periódico un relevante magistrado.

La incertidumbre extendida ahora entre el grueso de la magistratura, algunos partidos políticos y el propio Gobierno, es conocer cuándo ANV pedirá el amparo ante el Constitucional. Las diferentes fuentes consultadas, incluido el Ejecutivo central, esperan que su recurso sea presentado antes de las doce de la noche de hoy y que los abogados de la formación aeneuvista «no fuercen la máquina» más allá de esta fecha. «Ahora mismo -subraya un jurista conocedor del proceso- 133 de sus listas están fuera de juego y si no piden amparo rápidamente, la Junta Electoral les va a borrar de las papeletas». Los propios dirigentes de Acción Nacionalista reconocieron ayer que están trabajando «contrarreloj» para cumplir el trámite.

Las posibilidades de actuación a partir de aquí son muchas. Junto al recurso de amparo, los representantes legales de ANV pueden presentar una solicitud para que se resuelva un «incidente previo» y anular de forma cautelar la decisión del Supremo. Podría así concurrir a la cita del 27-M con todas sus candidaturas. Los seis magistrados de la Sala I del Constitucional se verían entonces en una «complicada» situación que podrían solucionar de dos formas. La primera, que para algunos generaría una «gran confusión» social, admitir este incidente previo, permitir que estuvieran en las urnas todas las listas aeneuvistas y decidir semanas o meses más tarde si el auto del Supremo se ajusta o no a Derecho. «Podría suceder que fueran a las elecciones y resultaran elegidos ciertos candidatos que el Supremo ha prohibido. Sería de locos si luego el Constitucional dijera que la decisión judicial era correcta y que esas personas no deben estar en su puesto», enfatizan especialistas en la jurisdicción electoral.

Por todo ello, los juristas y las fuentes del Gobierno consultadas confían en el «buen hacer» y la «mesura» del Tribunal que preside María Emilia Casas. Unos y otros esperan que, a pesar de las complicaciones que pueden llegar a plantearse, el futuro de ANV se resuelva antes de que arranque la campaña electoral en la madrugada del próximo viernes. No descartan, no obstante, que las deliberaciones de la Sala I sean «maratonianas» y se prolonguen, incluso, durante las primeras horas de pegada de carteles.

Portavoces del Partido Socialista reconocieron ayer a EL CORREO que el caso de Acción Nacionalista depende ahora de la «buena voluntad» de los jueces del Constitucional. Confían, no obstante, en el acierto de una Sala que se ha caracterizado siempre por el equilibrio entre jueces conservadores y progresistas y que ha utilizado criterios «prácticos» y «garantistas» de los derechos fundamentales en todas sus resoluciones.

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