Amnistía Internacional ha denunciado maltratos en centros de menores (centros terapéuticos, no de reforma). Según el informe de Amnistía los niños y niñas internados por trastornos de conducta y dificultad social «pueden ser víctimas de abusos, aislamiento o medicación forzada». El estudio se centra en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía, que concentran el 55% de este tipo de centros, y está basado en 170 entrevistas a jóvenes, familiares, educadores, psicólogas y personal sanitario de más de la mitad de las 58 instituciones de este tipo.

No es la primera vez que estas instalaciones aparecen retratadas en estos términos. El informe del Defensor del Pueblo, difundido en febrero de 2009, denunciaba los abusos, la práctica arbitraria de las contenciones por personal a veces no cualificado, el uso de violencia, de ayunos forzosos y de celdas de aislamiento «verdaderamente atroces». Cuatro meses después, el Síndic de Greuges publicó otro informe, centrado en Catalunya, en el que alertaba del hacinamiento en los centros: «la sobreocupación está, en algunos casos, cerca del 150%», señalaba el texto. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas se había dirigido ya al Estado español para transmitir su preocupación sobre la práctica de aislamiento en muchos de estos centros, así como la administración de fármacos que se realizaría sin adecuadas garantías. Lo hizo después de que trascendieran las denuncias de malos tratos en centros gestionados por la Fundación O'Belén a principios de 2009.

Tras examinar este informe de Amnistía, el fiscal delegado de menores de Barcelona manifestó que compartía su «crítica general al funcionamiento de estas instituciones», que «la falta de medios es más que evidente».

Este es el problema de fondo y la razón de estas reiteradas denuncias sobre el mal funcionamiento de muchos de estos centros. La atención muy deficiente, autoritaria y represiva que se viene denunciando respecto a algunos de estos centros de protección tiene que ver con la Ley del Menor que abrió la puerta a la privatización de estos centros. La Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (Ley Orgánica 5/2000) permitió a las comunidades autónomas, competentes en la materia, privatizar la gestión de estos centros de menores y delegar así en entidades particulares la ejecución de las medidas. Cada menor interno en uno de esos centros privatizados aporta más de 3.800 euros al mes a quienes lo gestionan. Uniendo a este montante las aportaciones de distintas empresas a través de sus «obras sociales», que funcionan como patrocinadoras, y las donaciones de suelo público por parte de las comunidades, estas organizaciones acumulan pronto un impresionante patrimonio. Incluso algunas de ellas pertenecen a grupos empresariales que cuentan con servicios de seguridad o catering que son a quienes se adjudican esos servicios.

En el informe del Defensor del Pueblo 41 entidades privadas gestionaban 55 de los 58 centros terapéuticos existentes, el 80% de los cuales se han puesto en marcha en los últimos diez años.

En Madrid, por ejemplo, las competencias administrativas y la gestión de los centros asumida por la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, ha pasado a la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Desde entonces, el modelo de pequeños centros de menores, más apto para una intervención educativa y de apoyo, da paso a un diseño de grandes estructuras despersonalizadas, similares al modelo penitenciario, alejadas de los contextos de integración de los menores (sus barrios, distritos, municipios) y más cercano a un modelo de rentabilidad económica que a los educativos y resocializadores que marca la Ley.

Esta privatización a manos de empresas, fundaciones y ONG, que funcionan a modo de subcontratas, ha conllevado una desprofesionalización, un deterioro en la atención a los menores y, en algunos casos, como los que denuncia Aministía Internacional, actuaciones ilegales o incluso delictivas.

El presidente del Consejo General del Colegio de Educadores Sociales, explica que «se deja en manos de las entidades privadas contratar a los profesionales que se encargan de los menores». Asegura que en los centros «trabajan personas sin titulación universitaria o con una titulación inadecuada. En muchas ocasiones solicitan perfiles más propios de personal de seguridad que de trabajadores del sector educativo».

Ya el propio informe del Defensor del Pueblo denunciaba que una de las características del personal educativo es su alto índice de rotación, unos sueldos excesivamente bajos (800 euros de media) que no se corresponden en absoluto con el trabajo realizado, y la práctica inexistencia de una formación continua.

Esta privatización, que ha convertido el sistema de protección en un negocio, ha provocado la degradación de las relaciones laborales en estos centros respecto a los de gestión pública y también de los servicios que reciben los chavales. Son empresas que aunque se presentan como ONGs, son simples subcontratas que establecen unas condiciones laborales deplorables a quienes trabajan en ellas: bajos salarios, contratos temporales, exceso de presión, sobrecarga de trabajo, falta de medios, sin apoyo externo. Toda esta presión, en unos centros sobrecargados de menores para abaratar costes, con el tiempo, acaba generando un ciclo de violencia con los menores e incluso con los propios compañeros y compañeras de trabajo, manifestando conductas agresivas, ante la falta de tiempo para dar respuesta educativa a las situaciones, la sobrecarga de trabajo, la tensión acumulada, las precarias condiciones laborales, etc.

Por ello estos centros -”y los servicios sociales en general-” «no pueden gestionarse desde la perspectiva del negocio, la opacidad, la caridad o la moralidad». Es necesaria una modificación en la Ley del Menor para que se garantice que «son centros públicos con garantías públicas», dotados con recursos suficientes para que el proyecto educativo pueda ser desarrollado con eficacia y se preserven los derechos de menores y los profesionales que en ellos trabajan.