Tras varios meses de negociaciones en el seno de la mesa de diálogo sobre el mercado de trabajo, Gobierno y patronal han presentado sendos documentos con sus propuestas de reforma laboral que lejos de suponer un avance en la consecución de un empleo estable y de calidad, suponen un nuevo recorte de derechos laborales.

Mientras asistimos al continuo deterioro de las condiciones laborales en nuestro país: altas tasas de precariedad y siniestralidad, prolongación de jornadas y bajos salarios, despidos continuos y masivos, fraudes en la contratación y un largo etcétera, la patronal sigue acumulando escandalosos beneficios en sus cuentas de resultados.

El Partido Socialista sigue practicando la misma política económica neoliberal del anterior gobierno del Partido Popular. Se presenta en la mesa de diálogo con un documento que supone un fuerte espaldarazo a las posiciones del empresariado y un abandono de trabajadores y trabajadoras, traicionando sus ya insuficientes promesas sobre políticas sociales y laborales. De hecho la reforma fiscal de Pedro Solbes baja impuestos a las rentas más altas, en coherencia con la política económica del Partido Socialista de Rodríguez Zapatero, lo cual significará menos igualdad aún, menos progresividad en el reparto de los impuestos, menor recaudación pública y, por lo tanto, menos gastos sociales.

El principal empeño de las propuestas que presenta la Ceoe es abaratar los costes laborales, reducir cuotas empresariales y recibir mayores bonificaciones. Todo un alarde de desregulación y desprotección laboral con el único objetivo de seguir acumulando beneficios a costa de la salud y el bienestar de la clase trabajadora.

Así pues, las reformas que pretenden empresarios y Gobierno suponen seguir transitando por la vía de los constantes y continuos recortes laborales que se han venido realizando a lo largo de las dos últimas décadas y que responden a la aplicación de la lógica del sistema capitalista imperante, el neolaborismo. Tanto las diferentes reformas del Estatuto de los Trabajadores como sus reformas parciales han conseguido liberalizar y flexibilizar la legislación laboral, mejorando y trasladando rentas del trabajo al capital. A pesar de que España es el país que más ha recortado los costes del despido, en aras a reducir la alta tasa de temporalidad, la práctica ha demostrado que lejos de reducirla, ésta se ha disparado hasta porcentajes escandalosamente altos que superan el 34%, en el tercer trimestre de 2005. De nuevo, bajo el pretexto de mejorar la productividad, bajar la tasa de temporalidad y asegurar mejores condiciones laborales, pretenden imponer nuevos recortes que llevarán a una situación futura de mayor precariedad.

Los aspectos más negativos de las propuestas planteadas por gobierno y patronal, entre otros, son:

El abaratamiento de los costes del despido y aumento de bonificaciones empresariales. Proponen extender a todas las nuevas contrataciones el «contrato de fomento de la contratación indefinida» pactado en elaño 1996 y que tiene un despido de 33 días por año con un máximo de 24 mensualidades, frente a los 45 días y 42 mensualidades que tiene el contrato fijo ordinario. Además, proponen aumentar los actuales incentivos (de 24 a 48 meses) que tiene esta modalidad de contrato para las empresas. Los empresarios quieren también una mayor rebaja y que las bonificaciones se financien con impuestos generales y no con cotizaciones.

La reducción de las cuotas empresariales. Proponen la reducción de las cuotas de los empresarios al desempleo (el gobierno en 0,50 puntos hasta el año 2008 y la patronal en 3 puntos en 3 años). Reducción de la cotización del Fogasa (el Gobierno en 0,1 puntos y la patronal en 0,3). La Ceoe propone también una mayor reducción de cotizaciones por contingencias comunes.

La descausalización del empleo. Proponen cambiar lo recogido en el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores como «despido colectivo» para ser considerado como «despido individual», suprimiendo su autorización administrativa y judicial y rebajando las indemnizaciones actuales.

Políticas de igualdad entre hombres y mujeres y conciliación de la vida laboral y familiar. La patronal rechaza frontalmente la aplicación de planes de igualdad en las empresas y quiere que las medidas orientadas a la conciliación de la vida laboral y familiar sean financiadas con presupuestos públicos.

Fomento de las Empresas de Trabajo Temporal. Proponen reforzar su papel a través de la eliminación de los sobrecostes en la indemnización por finalización de contrato y en las cotizaciones por desempleo. Además de ello, propone el gobierno estudiar, y la patronal eliminar, las actuales prohibiciones de actuación de las ETTs en actividades peligrosas y administraciones públicas.

Este proceso de desregulación laboral es una constante en Europa: la directiva Bolkenstein (en función de la cual cualquier empresa con sede en países con menor regulación laboral pueda trasladar a sus trabajadores y trabajadoras a España, en las condiciones salariales, laborales y de seguridad establecidas en aquél país, sin que las normas específicas vigentes en nuestro marco legal tengan que ser cumplidas), el contrato de primer trabajo juvenil en Francia (CPE, en sus siglas en francés) que permite el despido sin justificar durante los dos primeros años de vigencia, etcétera. Quieren que seamos «competitivos» a costa de la clase trabajadora, no de los beneficios empresariales. Que las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de Europa sean similares a las condiciones de esclavitud de los países del sur.

De ahí las masivas movilizaciones en Francia contra estos contratos CPE. Estos contratos indefinidos tienen un periodo de prueba de dos años durante los cuales el empleado no podrá defender sus derechos. El empresario podrá despedirlo en cualquier momento y sin necesidad de comunicar el motivo del despido: si el trabajador quiere saberlo, tendrá que demandar a la empresa. La ley prevé también la posibilidad de que la empresa vuelva a contratar al mismo trabajador para el mismo puesto, sólo tres meses después de haberlo despedido, lo cual permitirá al trabajador encadenar contratos precarios hasta los 26 años o eternamente. Esta medida neoliberal supone un retroceso a la legislación laboral anterior a 1968 y un ataque a la noción del estado de bienestar.

Estos continuos recortes laborales a lo largo de estos años pasados se han mostrado ineficaces para conseguir otra cosa que no sea el aumento desmedido de los beneficios empresariales y el progresivo deterioro de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores. Es preciso poner freno a esta ofensiva que pretende recortas las leyes sociales e invertir la tendencia hacia la recuperación y mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras.

Las propuestas que se necesitan son: una reducción drástica de la precariedad en el empleo recuperando la causalidad en la contratación; mayor protección laboral frente al despido; un aumento de la cobertura y prestaciones a las personas paradas; acabar con la siniestralidad laboral y las ETTs; regular la subcontratación y la descentralización productiva; democratizar la vida en las empresas con una mayor participación de los trabajadores y trabajadoras; avanzar en temas de igualdad de género y conseguir la jornada de 35 horas.