Enrique Javier Díez Gutiérrez  

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, ha visitado España los días 11, 12 y 13 de julio. Gobierna con mano firme Colombia desde hace años, prometiendo acabar con la violencia y la injusticia social que asolan este país. ¿Cómo lo está haciendo? Veamos los hechos.

Durante los últimos 20 años el conflicto armado que vive Colombia se ha cobrado la vida de al menos 70.000 personas, la gran mayoría de ellas, campesinos, campesinas y líderes comunitarios y sindicales. Más de 3 millones de campesinos y campesinas se han convertido en desplazados internos. A lo largo del 2004 se asesinó o se hizo «desaparecer» al menos a 1.400 civiles. Aproximadamente 1.250 personas fueron secuestradas y en torno a 287.000 fueron obligadas a huir de sus hogares, una cifra superior a la del 2003. En el primer trimestre del presente año 2005 la población desplazada fue de 62.000 personas, 11 murieron diariamente y 2.100 salieron de Colombia, todos y todas por causa del conflicto.

A pesar de que las Declaraciones de Londres y Cartagena recomiendan una salida negociada al conflicto social y armado, el gobierno de Uribe Vélez, aparentemente democrático, cierra las posibilidades de una política de paz al negar la existencia de dicho conflicto. La implementación de su plan de «Seguridad Democrática» en nombre de la lucha antiterrorista, ha generado una degradación de la situación de derechos humanos, y en particular la práctica sistemática de detenciones arbitrarias, masivas o individuales, por parte de la fuerza pública.

Pero no es sorprendente este talante si tenemos en cuenta su trayectoria personal. En los informes de la Unión Europea citados por Joseph Contreras, su biógrafo, es mencionado como el «ex gobernador de Antioquia, quien fuera el mayor promotor del paramilitarismo bajo la forma de las Asociaciones Convivir. (¿) Su período de gobierno coincide con la arremetida paramilitar sobre la población campesina en toda esta región. Por otro lado este funcionario fomentó y apoyó abiertamente las Asociaciones Comunitarias de Seguridad, Convivir, grupos que en lugar de proteger, se constituyeron en grupos armados que respaldaron una contrarreforma agraria en beneficio de terratenientes, narcotraficantes y del desarrollo de megaproyectos». De hecho, los paramilitares declararon numerosas veces que era su candidato presidencial.

El hecho es que, como denuncia Amnistía Internacional, bajo su mandato, desde diciembre 2002 más de 2.200 asesinatos y desapariciones en Colombia se atribuyen a los paramilitares, a pesar de su declaración unilateral de alto el fuego. También siguen cometiéndose graves violaciones de derechos humanos, perpetradas por paramilitares que actúan en coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado. Existen sólidos indicios, afirma esta ONG, de que las estructuras paramilitares siguen permaneciendo intactas después de la desmovilización, y de que los combatientes desmovilizados están siendo «reciclados» en el conflicto, principalmente como informantes pagados del ejército.

En el reciente informe de Amnistía Internacional de octubre de 2004 sobre la situación en Colombia se lee textualmente «la violación y otros delitos sexuales, como la mutilación genital de mujeres y niñas, son prácticas frecuentes de las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares como parte del repertorio de tácticas de terror que emplean contra las comunidades situadas en zonas de conflicto a las que acusan de colaborar con la guerrilla. Estas tácticas están concebidas para provocar desplazamientos en masa o romper los vínculos, presuntos o reales, entre dichas comunidades y las fuerzas guerrilleras. En este marco, la impunidad de que gozan los autores de estos delitos no es accidental, sino que forma parte de la estrategia de contrainsurgencia».

Otras instituciones y organizaciones internacionales denuncian también esta situación. El último informe de Naciones Unidas sobre Colombia señala que las violaciones de los Derechos Humanos, las ejecuciones extrajudiciales, la práctica de la tortura, las detenciones masivas y la desaparición forzada atribuidas a la Fuerza Publica van en aumento. Intermón Oxfam denuncia continuos casos de asesinatos de líderes campesinos y comunitarios, jóvenes, sindicalistas, periodistas y miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos en distintas ciudades y regiones del país. De hecho, Colombia presenta el índice más alto de sindicalistas asesinados en el mundo y durante el actual gobierno han sido asesinados 200 sindicalistas y las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras han tenido un incremento del 18% con respecto al año 2004.

Por lo que, como se puede constatar, bajo el gobierno de Uribe Vélez, el conflicto armado, lejos de aminorar, está conduciendo a un progresivo recrudecimiento intencionado, donde las principales víctimas son las comunidades y la población civil.

La impunidad de la que gozan los responsables de violaciones y abusos contra los derechos humanos es una piedra angular de la grave crisis de derechos humanos que sigue viviendo Colombia. La reciente ley decretada por Uribe Vélez, llamada de «Verdad y Justicia», que regirá para la desmovilización de los grupos paramilitares no contribuye a la superación del conflicto, denuncia la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al desconocer los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, garantizando la impunidad de personas responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad, incluyendo la violación y otros actos de violencia de género. Amnistía Internacional teme que la verdadera finalidad de la Ley de Verdad y Justicia sea no sólo garantizar la impunidad de los paramilitares implicados en violaciones de derechos humanos, sino también que no se identifique y no se haga rendir cuentas a quienes los patrocinan desde las fuerzas de seguridad.

El desplazamiento forzado por el conflicto en Colombia sigue incrementándose. El número de personas desplazadas se volvió a incrementar en el 2004. El país sigue viviendo una crisis humanitaria, con 3 millones de personas internamente desplazadas y 4.5 millones al exterior. Colombia es el tercer país del mundo con mayor desplazamiento forzado después del Sudán y de la República Democrática del Congo. El drama humanitario en Colombia supera con creces el desplazamiento forzado en Afganistán, Bosnia Herzegovina y Kosovo, para colocar sólo los ejemplos más dramáticos. Estos desplazamientos suponen que se les ha arrebatado las tierras a los campesinos y campesinas, pasando a engrosar las haciendas de los grandes terratenientes o de los jefes paramilitares.

Porque detrás de todo este conflicto está el enriquecimiento de una oligarquía hacendada y financiera cuyas ambiciones son desmedidas y que no se conforma con las inmensas riquezas acumuladas y arrebatadas a las poblaciones campesinas a lo largo de siglos de explotación. En Colombia, como afirman los últimos estudios sobre la pobreza y los informes de las Naciones Unidas, persisten grandes desigualdades e inequidades entre las poblaciones y las regiones. El incremento de la indigencia (31%) y de la pobreza (66%) en estos últimos dos años es una realidad constatada en un país con inmensos recursos naturales, víctima de una política neoliberal implementada por el gobierno de Uribe Vélez que representa a las grandes familias de terratenientes del país. La desigualdad social y la inequidad en la distribución de la riqueza son el principal problema que enfrenta el país. La creciente deuda pública destinada a los gastos militares limita toda posibilidad de una adecuada respuesta a las necesidades sociales para resolver los problemas de pobreza y exclusión. El modelo neoliberal exacerbado de privatizaciones y de disminución progresiva del gasto social hace imposible garantizar y satisfacer los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales siendo los grupos poblacionales afrocolombianos e indígenas los más afectados por el progresivo empobrecimiento.