Enrique Javier Díez Gutiérrez  

Actualmente, y por iniciativa del antiguo comisario europeo Frits Bolkestein, se está discutiendo un proyecto de directiva relativo a la libre circulación de los servicios en el seno de la Unión Europea.

Esta directiva europea, en caso de aprobarse, provocaría que todos los servicios suministrados en el seno de la Europa de los 25 serían considerados como productos económicos ordinarios. De ese modo, sectores esenciales como la cultura, la educación, los servicios sanitarios y todos los servicios relevantes del ámbito de los sistemas nacionales de protección social podrían ser sometidos a los mismos requisitos de competencia económica que las mercancías.

Tal evolución causaría irremediablemente un deterioro de los sistemas legales de pensiones, de ayuda social o de cobertura de los servicios sanitarios en beneficio de seguros privados. Así mismo significaría la desregulación de nuestros sistemas educativos y el fin de toda diversidad cultural. Además, la aplicación de esta directiva tendría como resultado la revisión de los derechos de los trabajadores que consagran las leyes nacionales de los países de la Unión europea.

Esta «directiva Bolkestein» es un ejemplo claro de que se quiere convertir esta Europa en una Unión en clave de mercado, donde los capitales circulen libremente y se desmantelen los sistemas de protección social porque no suponen beneficios para las grandes multinacionales. Una Europa de los mercaderes.

Esta directiva es la traducción pura y simple de los planes de liberalización que los EE.UU. tratan de forzar en la Organización Mundial del Comercio a través del Acuerdo General sobre Comercio y Servicios (AGCS). El texto, propuesto por el Comisario Frits Bolkestein (y conocido por eso como «directiva Bolkestein») supone la plena liberalización de todos los servicios. El proyecto de directiva afecta a todos los servicios. Con la excepción de los transportes (+3'5 Tm.), las telecomunicaciones, los servicios bancarios y los servicios ofrecidos directamente por los gobiernos a coste cero. Pero hay que señalar que las telecomunicaciones, los transportes y los servicios financieros ya han sido liberalizados por directivas específicas. Con la excepción de los servicios policiales, judiciales (excluyendo abogados y abogadas) y las fuerzas armadas, ningún servicio público sería gratuito. La directiva es, en consecuencia, aplicable a los servicios públicos. De este modo, la sanidad, educación, cultura, medios audiovisuales, los servicios prestados por las autoridades locales, serán considerados como una mercancía que depende completamente de las leyes del mercado.

La directiva elimina todo tipo de obstáculos legales para el establecimiento de una compañía en el territorio de un Estado miembro. En opinión de la Comisión Europea, los requisitos mínimos establecidos para garantizar la calidad, la viabilidad económica, el cumplimiento de las normas laborales, la integración de colectivos desfavorecidos (minusválidos¿) son «obstáculos» a la libre competencia.

Esta «directiva Bolkestein» organiza claramente lo que podríamos llamar «dumping social» de acuerdo a su segundo principio: el del «país de origen». Este principio significa que los proveedores de servicios estarán sólo sujetos a las normas de su país de origen, y no a las leyes del país en que prestan sus servicios. Es más, a los otros estados miembros en los que actúan o suministran servicios no se les permitirá imponer restricciones o controles de ningún tipo. La Comisión pretende eliminar incluso el registro obligatorio en caso de que una empresa abra su negocio en otro estado miembro.

Establece literalmente que «...la persona que suministra un servicio puede, para hacerlo efectivo, llevar a cabo, de manera temporal, su actividad en el Estado donde se provea el servicio, sujeto a las mismas condiciones que imponga el Estado en cuestión a sus propios ciudadanos». A tenor del mismo, quienes provean un servicio estarán sujetos a la legislación del país de origen y no a la del país donde el servicio efectivamente se presta.

Eso quiere decir que si una empresa se instala en Lituania, por ejemplo, podría proporcionar servicios en cualquier otro país de la Unión rigiéndose por las leyes lituanas. Esto implica que una empresa que desarrolle su actividad, por ejemplo, en España podrá fijar su sede en otro país comunitario y que las condiciones salariales, derechos sociales, normativa del medio ambiente, etcétera serán las de ese país (por ejemplo, Lituania).

En el futuro, cualquier empresa podrá evitar «pesadas» restricciones nacionales, reinstalando su oficina registrada o estableciendo simplemente una oficina fantasma en otro Estado Miembro con unas condiciones salariales, sindicales y de cobertura social mucho menores. De este modo se podrán sortear fácilmente y sin costos los convenios colectivos locales relativos al sueldo, los requisitos relativos a las cualificaciones y las normas de protección del medio ambiente o del consumidor.

Esto supone un incentivo legal para trasladarse a países con una legislación menos estricta a niveles fiscal, social y medioambiental, y la creación de compañías con sede fantasma, que a precios de miseria se extenderán desde sus sedes registradas a todo el territorio de la Unión. La consecuencia será una enorme presión sobre los países con normas sociales, fiscales y ambientales que protegen el interés común.

A largo plazo, las consecuencias de la directiva amenazan con ser catastróficas para todos: Amenazan con animar las prácticas de dumping a nivel social, fiscal y medioambiental. Las conquistas sociales, estarán bajo presión: rebajas salariales, prolongación jornada laboral, más flexibilidad. La salud, la educación, la cultura y los servicios audiovisuales se convertirán en una pura mercancía. Los servicios del sector público corren el riesgo de verse automática e irrevocablemente privatizados y/o liberalizados. Actualmente, la gran mayoría de Estados miembros parecen estar a favor de la rápida aprobación de este proyecto de directiva europea. Al tratarse de una decisión para la que no se requiere la unanimidad, ningún gobierno, y con mayor motivo, ningún partido político puede impedir por sí solo la aprobación de esta directiva. Sólo una fuerte movilización de la sociedad civil, puede impedir en el seno de la Unión la marcha de este proyecto. Entrando en www.stopbolkestein.org puedes apoyar el «no» a una Europa de regresión social.