Enrique Javier Díez Gutiérrez  

LA PRIMERA conclusión tras la celebración de este referéndum es que menos de un tercio de la ciudadanía del estado español con derecho de voto ha ratificado favorablemente el Tratado de la Constitución Europea en el referéndum consultivo celebrado el 20 de febrero. Junto con la altísima abstención (que ha superado la de las elecciones europeas de junio del 2004), el voto «no» a la Constitución Europea ha obtenido el 17,3 % de los votos en el conjunto del estado, alcanzando votaciones significativas en Euskadi (33,7%), Cataluña (28%), Navarra (29%), etcétera. Los votos en blanco también alcanzaron porcentajes inusuales (6% en la media estatal).

Con este resultado, el Tratado Constitucional de la Unión Europea, no tiene legitimidad. Cuando se exige consenso, mayorías del 50% + 1, incluso mayorías cualificadas en el caso de decisiones de cierta trascendencia, no puede aceptarse que se ratifique el Tratado Constitucional con el voto favorable de menos de un tercio del censo electoral.

El gobierno del estado y las fuerzas políticas partidarias del «sí» que representan alrededor del 90 % del Congreso de Diputados han obtenido un sonoro fracaso. No han sido capaces de movilizar ni siquiera a sus electorados tradicionales. Y esto a pesar de que han sabido desde el principio que el mayor peligro residía en que los ciudadanos y ciudadanas se apropiaran del contenido del tratado. No de su primera y segunda parte, ampliamente difundidas y debatidas (quién va a estar en contra de principios y valores comunes que a nadie cuesta proclamar), sino de su tercera parte. Han guardado silencio sobre el núcleo del tratado: su Parte Tercera, titulada «Las políticas y el funcionamiento de la Unión», que es donde aparece 176 veces la palabra «banco», 88 veces «mercado», 9 veces «liberalización», 29 veces «competitivo», 23 veces «capitales», etcétera. Y este fracaso también a pesar de la repetición de consignas simplistas o alarmistas declinadas de múltiples maneras: «yo amo a Europa y, por tanto, voto sí» o «si el no se impone, Europa se va a quebrar y será el caos».

La opinión pública sólo ha conocido la versión publicitaria del tratado, pero parece que la ciudadanía no es tonta y se ha dado cuenta de su incapacidad de superar su esencia neoliberal y condenarnos constitucionalmente a que nos sigan explotando como siempre, los de siempre. Sólo que ahora respaldados más legalmente aún.

Parece que la mayoría de la ciudadanía no acaba de ver un tratado que hace irreversibles las políticas neoliberales de la Unión al darles un estatus de «constitucional», impidiendo toda posibilidad de poner en práctica políticas alternativas. Un tratado que ya, a partir del párrafo 2, sitúa el mercado, la libre competencia, el crecimiento económico, y la economía social de mercado altamente competitiva, al mismo nivel que objetivos como la paz, la libertad, la no discriminación, igualdad, solidaridad y protección de los derechos humanos.

Parece que la mayoría de la ciudadanía no acaba de ver un tratado que es la única Carta «social» del mundo que subordina explícitamente los derechos sociales a los imperativos de la movilidad internacional del capital y del libre comercio. Un tratado que «reconoce y respeta» los derechos sociales pero que no los garantiza. Un tratado que rebaja muchas de las previsiones establecidas en las constituciones nacionales de Europa respecto a los derechos sociales y que en ningún caso se establecen los mecanismos coactivos que obliguen a los estados al cumplimiento de los derechos sociales, no así en el caso de quienes incumplan con el libre comercio o la liberalización para los que sí se establecen sanciones. Parece que la mayoría de la ciudadanía no acaba de ver un tratado que no garantiza unos mínimos en materia de duración de la jornada laboral, de descanso semanal y de vacaciones anuales retribuidas, si bien se preocupa de garantizar justo en sentido contrario la necesidad de unanimidad en la decisión de reformar la mayoría de los temas de carácter social. Lo que sí garantiza es un horario aunque sin determinar límites... Por ejemplo: 18 horas diarias, 6 días a la semana, con 1 día de vacaciones al año ya cumple la «Euroconstitución».

Parece que la mayoría de la ciudadanía no acaba de ver un tratado en el que el lenguaje se ha convertido en una trampa: no es lo mismo el «derecho al trabajo» que el derecho a trabajar; no es lo mismo el «derecho a la Seguridad Social y a los servicios sociales» que el derecho al «acceso a las prestaciones de la seguridad social y a los servicios sociales» que supone la existencia previa de los mismos; no es lo mismo el «derecho a la vivienda» que el derecho a recibir una ayuda para alojarse; no es lo mismo garantizar el derecho a la igualdad que tratar de eliminar las desigualdades, etcétera.

Parece que la mayoría de la ciudadanía no acaba de ver un tratado en el que se consagra la directiva Bolkestein que organiza el dumping social en la Unión: «... la persona que suministra un servicio puede, para hacerlo efectivo, llevar a cabo, de manera temporal, su actividad en el Estado donde se provea el servicio, sujeto a las mismas condiciones que imponga el Estado en cuestión a sus propios ciudadanos». A tenor del mismo, los proveedores de un servicio estarán sujetos a la legislación del país de origen y no a la del país donde el servicio efectivamente se presta. Eso quiere decir que si una empresa se instala en Lituania, por ejemplo, podría proporcionar servicios en cualquier otro país de la Unión rigiéndose por las leyes lituanas. ¿Sabías que una empresa que desarrolle su actividad en España podrá fijar su sede en otro país comunitario y que las condiciones salariales, derechos sociales, normativa del medio ambiente, etc. serán las de ese país? En el futuro, cualquier empresa podrá evitar pesadas restricciones nacionales, reinstalando su oficina registrada o estableciendo simplemente una oficina fantasma en otro Estado Miembro. De este modo se podrán sortear fácilmente y sin costos los convenios colectivos locales relativos al sueldo, los requisitos relativos a las cualificaciones y las normas de protección del medio ambiente o del consumidor.

Parece que la mayoría de la ciudadanía no acaba de ver un tratado en el que aparece que nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado en sus artículos iniciales, pero que luego en la letra pequeña (explicaciones del Praesidium) aclara que «un Estado podrá prever en su legislación la pena de muerte por actos cometidos en tiempo de guerra o de peligro inminente de guerra» o que «la muerte no se considerará una violación de este artículo en los casos que resultase de un recurso a la fuerza necesario para reprimir conforme a la Ley una revuelta o insurrección». Y esto también se ha querido que lo votemos, pero sin hurtándolo a la mirada y el escrutinio de la ciudadanía. A pesar que en el proceso del referéndum no se ha garantizado plenamente los derechos de expresión a la ciudadanía, se ha «amordazado» a los/las defensores del «no», y que el gobierno del estado ha manipulado la información y utilizado los recursos públicos en beneficio de la posición del «sí», el voto «no», ha obtenido un digno resultado, especialmente, en las comunidades y localidades donde la ciudadanía a través de la actividad de centenares de plataformas unitarias que agrupaban a numerosas organizaciones sociales, cívicas y políticas han podido contrastar la información, explicar, y ofrecer una visión mas completa del verdadero contenido del tratado constitucional, su carácter profundamente antisocial al consagrar el modelo económico neoliberal, el déficit democrático y la negación de los derechos nacionales, la confirmación de la Europa potencia y belicista, etc., así como ofrecer posibles alternativas para avanzar en una Europa social, verdaderamente democrática, pacifica y solidaria.