1.      No es una constitución democrática: Es un acuerdo entre los gobiernos y son ellos quienes lo revisarán. Por lo tanto, se ha elaborado sin un previo proceso democrático constituyente. Lo cual supone que está basada, no en la soberanía popular, sino en la negociación intergubernamental de los intereses de los gobiernos de los estados miembros.

2.      Constitucionaliza el sistema económico neoliberal: Consagra la aplicación por ley de las políticas económicas neoliberales: equilibrio presupuestario y prohibición de déficit público (“déficit 0”); control monetario; libertad absoluta de circulación de capital; privatización de los servicios públicos; renuncia de los estados a gobernar en el terreno de lo económico de manera expresa. Esto implica no sólo que “legaliza” el desmantelamiento del Estado de Bienestar sino que es una “Constitución” a la medida de las multinacionales, que podrán hacer y deshacer a su antojo, moviendo sus capitales sin trabas, deslocalizando empresas, cerrándolas después de haberse beneficiado de la exención de impuestos y las ayudas estatales públicas (como ya vienen haciendo en León).

3.      Es regresiva en materia social: Rebaja muchas de las previsiones establecidas en las constituciones nacionales de Europa respecto a los derechos sociales. Estos derechos no son objeto de protección directa por parte del Tribunal Constitucional, sin embargo sí que se establecen sanciones para los Estados o particulares que rompan con el libre comercio o con la liberalización. No aparece el derecho al divorcio y consagra que algunos estados puedan mantener la prohibición del aborto. En nombre de la “reducción del déficit público” se recortan prestaciones sociales, pensiones, vivienda protegida, escuela, sanidad o transporte público, mientras el Banco Central queda libre de todo control y los Gobiernos europeos compiten por ver quien rebaja mas los impuestos a los empresarios con la excusa de atraer” las inversiones.

4.      Es regresiva en materia laboral: No se prevé ningún criterio de convergencia en materia de salarios, nivel de empleo, o respeto por los estándares ecológicos. El Tratado constitucional impide que se pueda establecer, por ejemplo, un salario mínimo europeo, un sistema europeo de pensiones o un sistema de salud común. Subordina los derechos laborales y el empleo, a criterios como competitividad, adaptabilidad al cambio económico, equilibrio financiero, etc, propios del neoliberalismo más reaccionario. Con sólo dos artículos se ‘despachan’ los derechos de las personas trabajadoras, con una redacción confusa y ambigua, sin mecanismos concretos que permitan ejercitarlos, y con una homogeneización o “armonización” a la baja (de acuerdo al nivel de los países donde están más desprotegidos).

5.      Sustituye el derecho al trabajo por el derecho a trabajar (“la libertad para buscar un empleo y trabajar”), insistiendo en que lo que se quiere es una mano de obra profesionalizada y adaptable (es decir, flexible en un mercado de precariedad). En definitiva, se regula el trabajo como mercancía y no como derecho. Y es sorprendente, que no se menciona en el tratado ni una sola vez el “pleno empleo” (sólo que se buscará un “nivel elevado de empleo”).

6.      No reconoce el derecho de huelga a escala europea. Aunque los derechos de negociación colectiva y de huelga se pueden entender recogidos en el ámbito europeo, el ejercicio de los mismos “se ha de llevar a cabo en el marco de las leyes y las prácticas nacionales”. Por ejemplo, si la Confederación Europea de Sindicatos quisiera convocar una huelga en toda Europa, esto no sería posible y tendría que convocar huelgas en todos los países miembros con arreglo a las normativas que en cada uno de ellos existen. En una huelga contra la guerra, en Italia no se podría hacer porque están prohibidas las huelgas de solidaridad, en Inglaterra tendría que someterse a referéndum previo en los centros de trabajo. Lo cual hace inviable de hecho el ejercicio real de este derecho.

7.      Rechaza la igualdad de derechos de quienes residen en Europa y no poseen la nacionalidad de un estado miembro. La ciudadanía no se reconoce a todas las personas que viven, trabajan y están establecidas en territorio de la Unión Europea, sino exclusivamente a aquellas personas que tienen la nacionalidad de un Estado miembro. Esto excluye de toda una serie de derechos (libre circulación y trabajo, el derecho a votar y ser elegidas) a unas 30 millones de personas extranjeras que viven, trabajan y están establecidas con permiso de residencia en la Unión Europea. Y cada vez hay un mayor endurecimiento de las leyes de acceso a la nacionalidad. Ni siquiera tendrán derechos iguales al resto de las personas trabajadoras, sino “equivalentes”.

8.      Liquida definitivamente el laicismo, contradiciendo el principio de separación entre instituciones públicas e instituciones religiosas dado que vincula a la Unión a un “diálogo regular con las Iglesias y organizaciones confesionales”, lo cual legitima un derecho de injerencia de las instituciones religiosas en el ejercicio de los poderes públicos europeos. Y además ratifica a perpetuidad los privilegios adquiridos a nivel nacional de las instituciones religiosas (Concordatos).

9.      Consagra una europa militarista: Apuesta por el rearme al sancionar la creación de fuerzas militares para intervenir en misiones fuera de la UE y de una agencia europea de armamento, todo ello, con sumisión a la OTAN (una organización que ni siquiera es específicamente europea). Las decisiones del Consejo de ministros en materia de política exterior y seguridad no están sujetas ni a la votación del parlamento europeo, ni a la votación de los parlamentos nacionales (por ejemplo, podrán decidir que el nuevo ejército europeo efectué una invasión en cualquier estado del mundo, sin ninguna necesidad de debate, ni aprobación parlamentaria). Disfrazando de apoyo a la paz y a la lucha contra el terrorismo, “legaliza” la intervención militar en terceros países, y no sólo por motivos de defensa del propio territorio.

10. Impide la futura reforma del texto, al exigir la unanimidad para las correcciones del texto, lo que hace prácticamente imposible que sea modificado. Así, no sólo las opciones de política económica escaparán al debate público y a la decisión democrática sino que todo avance social, especialmente mediante una mejora de la Carta de Derechos Fundamentales, será una quimera. Las condiciones que impone para que los ciudadanos puedan proponer una Iniciativa Legislativa Popular que pueda modificarlo, la hacen igualmente imposible en la práctica. El mismo referéndum no deja de ser un fraude en el que el Gobierno y los partidarios del SI se han asegurado el monopolio de los medios de comunicación.

En definitiva, consagra la Europa de los Mercaderes. Este es, por lo tanto, un Tratado constitucional de la Europa del Capital y de la Guerra, no de la Europa social de los pueblos. Por eso pedimos y exigimos una refundación democrática y social:

1. Un nuevo proceso realmente constituyente y democrático, basado en un auténtico proceso democrático en todos los Estados miembros.

2. Una Europa democrática y de los pueblos, que reconozca el derecho de ciudadanía basado en la residencia y el derecho de autodeterminación de los pueblos.

3. Una Europa social, que esté basada en la homogeneización por arriba de los derechos fundamentales, en la reducción del tiempo de trabajo, en la creación de un nuevo pleno empleo y de servicios públicos de calidad y en el derecho a una renta básica.

4. Una Europa solidaria con los pueblos del Sur y del Este y alternativa al Imperio estadounidense y a las nuevas formas de colonialismo, que establezca unas nuevas relaciones económicas y sociales basadas en la ruptura con los principios neoliberales, empezando por la abolición de la deuda externa de los países empobrecidos e instaurando un impuesto global sobre el capital especulativo y la eliminación de los paraísos fiscales.

5. Una Europa de la igualdad en la diversidad, frente a la Europa de los derechos desiguales y xenófoba, dispuesta a fomentar el diálogo y el mestizaje entre las distintas culturas y civilizaciones.

6. Una Europa basada en el acceso a la igualdad plena de las mujeres y su autonomía, frente a la Europa discriminatoria y patriarcal, que reconozca la libertad de opción sexual y el derecho al aborto.

7. Una Europa pacífica y libre de armas de destrucción masiva, frente a la Europa potencia y militarizada, que elimine alianzas militares como la OTAN.

8. Una Europa ecológica, frente a la Europa del Prestige, del consumismo y del despilfarro, que cumpla estrictamente con el Protocolo de Kyoto y establezca un plan basado en el cierre de todas las centrales nucleares y el fomento de energías renovables.

9. Una Europa laica, frente a la tendencia a imponer un trato discriminatorio en favor de una Europa "cristiana".

10. Porque "Otra Europa es posible".