El presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, ha anunciado graves medidas antisociales: recorte inmediato del 5% de media del salario de los funcionarios y congelación en 2011, no revalorización el próximo año de las pensiones salvo las no contributivas y pensiones mínimas, recortes a las ayudas para la Dependencia, reducción de 6.045 millones de inversión pública estatal en 2010 y 2011, etc. Este brutal recorte de derechos sociales expresa la capitulación en toda regla del gobierno del PSOE ante las presiones de la Comisión de la UE, del Banco Central Europeo y del capitalismo internacional. Un Gobierno que asume las tesis del capitalismo más salvaje y saca del cajón las viejas recetas fracasadas del Fondo Monetario Internacional, que han sido las verdaderas causantes de la terrible crisis del capitalismo que estamos sufriendo.

El Gobierno no plantea tomar ninguna medida que afecte a los verdaderos responsables de la crisis, que son la banca, las grandes empresas y las financieras; tampoco plantea actuaciones tendentes a la creación de Empleo. El Gobierno Zapatero plantea medidas dirigidas exclusivamente a que seamos las trabajadoras y trabajadores quienes paguemos la crisis.

Ahora sí empezamos a estar como en Grecia, por la política de recortes sociales y de hacer pagar a los más débiles los errores de una política que sólo ha propiciado la acumulación de grandes riquezas y el aumento de las diferencias entre pobres y ricos, las medidas cargan sobre la clase trabajadora el coste de esta crisis. Los efectos de estas medidas no se limitarán a empobrecer a los más débiles y degradar las condiciones de vida de quienes no tienen responsabilidad en la crisis, tendrán además graves consecuencias económicas, disminuirán el consumo y deprimirán la economía, provocarán la caída de los ingresos que afectará negativamente a la evolución del déficit público, sin que todo ello garantice la superación de los graves desequilibrios económicos y financieros que están en el origen de la crisis específica del estado español.

El recorte salarial a los funcionarios (profesorado, médicos y médicas, policías, barrenderos, etcétera), no sólo rompe el acuerdo alcanzado con los sindicatos más representativos y que la Vicepresidenta del Gobierno confirmó hace unas semanas que se iba a cumplir en todos sus contenidos, sino que hace caer sobre este sector los mayores sacrificios como si fueran los culpables de la crisis. No es aceptable que se reduzca el salario a estos empleados públicos (muchos de ellos mileuristas) mientras en muchas instituciones, empresas públicas y otros organismos hay salarios que multiplican por varios enteros el del Presidente del Gobierno. Es escandaloso que los ejecutivos de las grandes empresas que cotizan en el IBEX 35 tengan unas retribuciones que son 17 veces el salario medio de los empleados de esas empresas. El incumplimiento en la revalorización de las pensiones y el carácter retroactivo de las ayudas a la Dependencia, afecta a los sectores sociales más desfavorecidos en nuestro país, ya que propone dejar congeladas pensiones de 800 y 900 ¤ que no están consideradas como mínimas y eliminando el carácter retroactivo de las ayudas a la Dependencia se carga sobre la ciudadanía la dilatación de la gestión de la Administración de las ayudas solicitadas. Resulta indignante que haya que congelar las pensiones mientras un alto directivo de la Banca se va a jubilar con 87 millones de euros de pensión.

Respecto a la restricción de medicamentos, en vez de reducir los grandes beneficios que obtiene la Industria Farmacéutica, con unos márgenes indecentes, recorta nuevamente los tratamientos de las personas enfermas.

Lo más escandaloso son los recortes al desarrollo y a las inversiones públicas, que se suman a los aprobados anteriormente en el plan de estabilización, lo cual va a significar en realidad un parón de actividad en multitud de pequeñas empresas, por lo tanto un nuevo varapalo al empleo. A todo esto habrá que sumarle el efecto de los recortes en las Comunidades Autónomas, que sin duda repercutirán muy negativamente en los ya asfixiados Ayuntamientos, con las consecuencias que van a tener sobre la atención social y el empleo.

Las medidas del Gobierno del PSOE, son antisociales y llamadas al fracaso, claramente contrarias al interés general, ya que en lugar de poner en valor la lucha contra el fraude fiscal, y de cumplir los anuncios de eliminar los paraísos fiscales, recortar los grandes salarios y controlar los grandes beneficios de la banca, como medidas para superar el déficit, opta por unas medidas dirigidas directamente a que sean los mas débiles quienes paguen el déficit y sufran una salida de la crisis que va a generar más desempleo al reducir el consumo y crear más incertidumbre social.

Hay otra forma de combatir el déficit. Se pueden aumentar los ingresos del Estado haciendo pagar a los que más tienen. Para eso es necesario una Reforma Fiscal, un control de los beneficios de la Banca y la creación de Empleo. De forma urgente, se tiene que restaurar el Impuesto del Patrimonio, que ha perdonado más de 2.200 millones a los más ricos. Se tiene que hacer tributar a los grandes millonarios por cuyas sociedades patrimoniales de inversión sólo pagan el 1%.

Se trata del bienestar actual y futuro del conjunto de la ciudadanía o los intereses de una dictadura financiera que quiere acabar con el escaso Estado de Bienestar que hay en España e incluso socavar las bases de la democracia. Se anuncia una espiral de sucesivos recortes, despidos, privatizaciones y nuevas agresiones sociales en todos los ámbitos, para cumplir las imposiciones de la nueva dictadura financiera que quiere volver a tener beneficios astronómicos a nuestra costa. Primero han sido los EREs y los despidos, pero no era suficiente para movilizarse. Ahora la reducción y congelación salarial de los funcionarios, el recorte de las pensiones y los gastos sociales, pero parece que todavía no hay motivo para una huelga general. Cuando ya no nos quede nada de los girones del Estado Social, no habrá ya nada ni nadie por qué movilizarse.

Es hora de elegir, o ser cómplices de los gobiernos social-neoliberales en una agresión histórica contra el bienestar social de la mayoría o sumarse a la preparación de la movilización general de la clase trabajadora para luchar por los derechos sociales de la mayoría.