EN España seis de cada diez trabajadores y trabajadoras asalariadas van y vienen entre el paro, los contratos eventuales y los contratos a tiempo parcial. El miedo al paro obliga a los trabajadores y trabajadoras fijas a aceptar «libremente» retrocesos continuos. El aguijón de la necesidad obliga a los y las paradas a entregarse «libremente» a las condiciones laborales cada vez más injustas.

La precariedad laboral se traduce directamente en una precariedad mucho más amplia, vital. No sólo se trata de que el coste de la vida aumente constantemente frente a los sueldos.

El acuerdo alcanzado entre Gobierno, CEOE, CCOO y UGT denominado «Acuerdo para la mejora del crecimiento y el empleo», es decir, la nueva reforma laboral, no va a reducir las altas tasas de eventualidad y precariedad del mercado laboral español y supone un nuevo ataque a las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras, inyectando una gran cantidad de dinero público a la patronal que ya viene obteniendo escandalosos beneficios en sus cuentas de resultados en contraste con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios..

A lo largo de algo más de un año se han desarrollado las negociaciones sin que trascendiera información alguna ni a la opinión pública ni al conjunto de la clase trabajadora, incluidas las bases de los sindicatos mayoritarios. Resulta del todo inadmisible que se negocien y acuerden aspectos que afectarán de lleno a las futuras condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras sin asegurar su participación plena en todo el proceso negociador.

Pero es especialmente rechazable esta reforma laboral las siguientes razones: 1º. Es rechazable por el abaratamiento del despido sustituyendo la contratación indefinida con indemnización de 45 días por año y con 42 meses de máximo, por otra que llaman de fomento de empleo, cuya indemnización es de 33 días por año de antigüedad, hasta un máximo de 24 mensualidades.

2º.- Esta nueva reforma laboral es rechazable por flexibilizar el despido, modificando una vez más el art. 52 del Estatuto de los Trabajadores; suprimiendo las autorizaciones administrativas en los despidos colectivos; extendiendo las causas objetivas a los despidos individuales; eliminando la calificación de despido nulo para convertido en improcedente y financiando, con cargo al Fogasa, el 40% de los costes de despido de las empresas de hasta 50 trabajadores.

3º. Esta nueva reforma laboral es rechazable por aumentar la financiación a los empresarios, que dejarían de pagar el 25% al Fogasa, viendo rebajadas las cuotas empresariales al desempleo (0,5%), al Fogasa (0,2%) y a las ETT (1%) y recibiendo el doble de bonificación por los contratos de fomento de empleo y por la conversión de contratos eventuales en fijos (con despido barato).

Para justificar este enorme trasvase de dinero de las arcas públicas a los empresarios, introducen en esta Reforma laboral algunas pequeñas compensaciones para los trabajadores como aumentar las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial para los casos de insolvencia empresarial, o mejorar levemente la prestación por desempleo a algunos colectivos, como los fijos discontinuos o los parados mayores de 45 años sin cargas familiares. Además de «prometer» mejorar la Inspección de Trabajo y los Servicios de Empleo. Por otra parte, para atajar la temporalidad, dicen que los trabajadores que estén más de 24 meses, en un período de 30, en el mismo puesto de trabajo, pasarán a ser indefinidos. Pero esto ficticio e irreal, porque los empresarios y las empresarias han demostrado tener múltiples formas de eludir este tipo de medidas.

4º. Esta nueva reforma laboral es rechazable porque no va a servir para disminuir las altas tasas de precariedad laboral. El contrato de fomento con un despido más barato se puso en marcha con la reforma de 1997, demostrando durante estos años transcurridos su nulo efecto para reducir la precariedad que, lejos de disminuir, ha seguido aumentando hasta alcanzar la escandalosa tasa del 34% en la actualidad. Por otra parte, el acuerdo no contempla ninguna simplificación, ni recuperación de la causalidad (que haya una causa para el despido) en la contratación temporal permitiendo a las empresas hacer un uso abusivo y fraudulento.

5º. Esta nueva reforma laboral es rechazable por no ser suficiente el límite temporal al encadenamiento de contratos. Esta medida no resultará suficiente para evitar la alta rotación en el empleo ya que establece la fijeza para aquellos trabajadores que ocupen un mismo puesto de trabajo durante un plazo superior a 24 meses (en un periodo de 30 meses), pudiendo el empresario cambiar de trabajador llegado el plazo y sustituirlo por otra para el mismo puesto de trabajo. El acuerdo no establece las medidas necesarias para evitar el uso abusivo de contratos temporales con distintos trabajadores para ocupar el mismo puesto de trabajo.

6º.- Esta nueva reforma laboral es rechazable porque resultan del todo insuficientes las mejoras conseguidas en el acuerdo para la clase trabajadora si las comparamos con las conseguidas por la CEOE.

7º. Esta nueva reforma laboral es rechazable por promocionar más las ETT's y la privatización de los Servicios Públicos de Empleo.

8º. Esta nueva reforma laboral es rechazable porque, mientras a los diputados y diputadas sólo se les exigen ocho años para tener derecho a la pensión máxima, pretenden que el cálculo de las pensiones se alargue hasta los 35 años, disminuyendo así su cuantía entre un 10 y un 30%.

9º. Esta nueva reforma laboral es rechazable porque alargan la jubilación anticipada por encima de los 61 años; aumentan los requisitos para las jubilaciones parciales; ponen en duda las pensiones de viudedad; incentivan que la edad de jubilación vaya más allá de los 65 años y promueven los planes privados de pensiones.

Resulta absolutamente inaceptable que en un momento de crecimiento y bonanza económica en nuestro país gobernado, además, por el Partido Socialista no se avance en mejorar la calidad ni la estabilidad del empleo. Las políticas laborales y económicas del PSOE van en sintonía con la doctrina neoliberal europea poniendo de manifiesto sus limitaciones en la aplicación de políticas de progreso.

Las sucesivas reformas laborales, como esta última, nos han llevado a esto. Los sectores más vulnerables, jóvenes, mujeres, inmigrantes, sufren esta realidad con aún mayor dureza. Pero esto no le basta. La doctrina de la competitividad neoliberal reclama más sacrificios. Es necesario que la clase trabajadora se movilice contra el recorte progresivo de derechos conseguidos con tantas luchas de quienes nos han precedido. Es hora de actuar ya.