Después de leer el artículo publicado por el corresponsal en Fabero del Diario de León, Manuel Enriquez, el viernes 29 de enero de 2010, quisiera analizarlo como ejemplo significativo de la línea informativa de este corresponsal, siguiendo los principios que los académicos y las facultades de periodismo establecen respecto a lo que debe ser un periodista: dicen que un periodista debe ser veraz, riguroso, celoso de la legalidad, sagaz, infatigable a la par que comedido y por último, lo más objetivo posible.

El artículo trata sobre el cierre del lavadero de Fabero, decretado por el Ayuntamiento de Fabero, por carecer de la licencia ambiental. Su inicio es cuando menos sorprendente: «El grupo Victorino Alonso estalló ayer y anunció ajustes laborales ante el bombardeo de denuncias que sufren tanto sus actividades como sus proyectos en Fabero por parte de IU».

¿Pero este «estallido» no es por el cierre del Lavadero? Este cierre patronal de la planta de tratamiento de carbón de Fabero lo realiza el alcalde de Fabero, Demetrio Alfonso Canedo, del PSOE. No es la primera vez que el Ayuntamiento de Fabero precinta y cierra este lavadero. Ya lo cerró en 1997 por no disponer de licencia ambiental, pero posteriormente «volvió a permitir» su actividad sin licencia hasta la actualidad. Es curioso que el alcalde Demetrio reciba en 1995 un Proyecto de la empresa, con su correspondiente solicitud de obra y no lo tramite a la Junta de Castilla y León, como es su obligación. Tampoco le responde a la empresa, hasta 1997, dos años después, cuando ésta pide la licencia de apertura. Es el mismo alcalde que, cuando Izquierda Unida le pidió en el pleno del 29 de mayo de 2008, que solucionase esta falta de legalidad, respondió: «se ha requerido a la empresa para que legalice la actividad, estando pendiente de presentar la documentación necesaria para tramitar la licencia». ¿Once años esperando la documentación? Por otra parte, si esta actividad no tiene licencia municipal, no se paga ni un euro al ayuntamiento, por lo que el pueblo de Fabero que paga sus impuestos rigurosamente se pregunta ¿quién gana con esto?.

Por eso sorprende que este corresponsal atribuya la responsabilidad del cierre patronal a las denuncias de IU. Más sorprende si cabe que la frase que emplea justifique, al menos en parte, el cierre patronal utilizando el término «estalló». Alguien estalla cuando está muy presionado o cuando sufre una situación injusta. En vez de describir los hechos, los carga de intencionalidad a favor de Victorino Alonso, situándole como víctima de denuncias y justificando dicho cierre. Cuando lo que debería informar objetivamente es que esto supone un «chantaje» patronal que es una de las maniobras habituales del grupo Victorino Alonso cuando no consigue lo que quiere, aunque sea ilegal.

Pareciera, tal como plantea la frase que el grupo empresarial de Victorino Alonso fuera víctima de un acoso por parte de IU. Lo que IU exige y exigirá es que todo el mundo cumpla la legalidad, como es su obligación, cosa que algunos parece ser que no hacen. Lo que es más grave aún, es que nuestro alcalde permita estas ilegalidades a sabiendas y por eso, como es nuestro deber, se lo trasladamos a la fiscalía, la cual afirma lo mismo que la agrupación de IU.

El texto «informativo» de este corresponsal no tiene desperdicio. Continúa diciendo: «La compañía está harta de las trabas del grupo de concejales de IU al desarrollo de las labores» sin poner ninguna cita, ni aludir al menos a supuestas fuentes de la empresa sobre esta afirmación tan rotunda, ni explicar de dónde saca tal «hartazgo» por parte de la compañía. Parece más bien que es él quien está harto y así lo deja traslucir de una forma muy poco objetiva.

Termina afirmando que «Los ediles de IU han denunciado al grupo de empresas de Victorino Alonso, casi siempre en paralelo con el alcalde, el socialista Demetrio Alfonso Canedo». Por supuesto que la Agrupación local de Izquierda Unida de Fabero ha denunciado una canalización ilegal a Confederación hidrográfica (la cual nos ha dado la razón) y la ejecución de la variante de circunvalación Fabero-“Lillo, al Seprona, por carecer de licencias. Es indignante que, tal como se quiere dejar entrever en esta conclusión, se trate de atribuir el recurrente chantaje del empresario con el despido de sus trabajadores a la exigencia de cumplimiento de la legalidad por parte de ediles de un municipio. Un corresponsal no puede utilizar el periódico en el que trabaja para presionar según sus intereses. No puede pretender quitarle a la Agrupación de IU la decisión de acudir ó no a los tribunales cuando lo crea preciso, obviando lo que dice el artículo 14 de la Constitución Española: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Y que nosotros los ediles de IU, al igual que el resto de ediles y el propio alcalde, estamos sujetos a lo que dice la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, concretamente el artículo 78.1: «Los miembros de las Corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo». Su puesto de corresponsal debería servir para resaltar con objetividad que los ediles de IU cumplen, incluso a riesgo de su propio prestigio personal y soportando lo que supone el que Victorino Alonso chantajee con la comida, el pan y el sueldo de 200 familias de Fabero, lo que dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal, su artículo 262: «Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio fiscal, al Tribunal competente, al juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante.»

Por lo tanto, un corresponsal ante todo tiene que ser un profesional imparcial o por lo menos intentarlo, aunque esté afiliado al PSOE, sea un ex concejal de ese partido en Fabero y además sea el actual secretario de la junta vecinal que gobierna el mismo partido. Creemos que una profesión tan importante en la sociedad contemporánea debe estar representada por profesionales con formación contrastada y sin vinculaciones políticas tan evidentes, pues no se puede ser «parte interesada» cuando se informa y, sobre todo, cuando se vierten juicios de valor en las opiniones.