Enrique Javier Díez Gutiérrez  

El jueves 25 de agosto de 2005, en Stralsund, en el noroeste de Alemania, fue condenado el presidente del ultraderechista Partido Nacionaldemocrático de Alemania, Udo Voigt, por incitación a la violencia, por haber llamado a combatir con las armas contra los políticos del sistema.

Tres días antes, el lunes 22 de agosto, Pat Robertson, aspirante republicano a la presidencia de EE.UU. en 1988 y telepredicador estadounidense de extrema derecha, seguido por millones de personas en 180 países y en más de 70 idiomas, incitaba en antena a matar al presidente democráticamente elegido de Venezuela, Hugo Chávez.

Robertson dijo en su programa de televisión del lunes que «si Chávez piensa que estamos intentando asesinarlo, yo pienso que realmente deberíamos salir adelante y hacerlo». En una alusión indirecta a anteriores invasiones de los EE.UU. a países como Vietnam e Irak, agregó que: «Resulta mucho más barato que comenzar una guerra. Tenemos la capacidad de sacarlo, y pienso que ha llegado el momento de ejercer esa capacidad. Es mucho más fácil que unos agentes secretos hagan el trabajo y se acabó».

El presidente Bush, la secretaria de Estado Condoleezza Rice, el líder de la mayoría en el Senado Bill Frist, el presidente de la Cámara Dennis Hastert, y el líder de la mayoría de la Cámara Tom DeLay, deberían estar haciendo fila para condenar en los términos más fuertes posibles estas declaraciones inmorales de un líder de su base política, que hacen una mofa del cristianismo y desmienten las pretensiones republicanas de que defienden el derecho a la vida. Sin embargo, los programas televisivos de Robertson siguen emitiéndose sin ningún problema. En lugar de aplicarle la ley antiterrorista al invocar el homicidio terrorista contra un presidente democráticamente elegido, el portavoz del Departamento del Estado, Sean McCormack, se refirió simplemente a la declaración de Robertson como «inapropiada».

Tal como analiza Deborah James, directora de Economía Global de Global Exchange, más que marcar un contraste, las declaraciones de Pat Robertson son consistentes con las acciones de la Administración Bush. El gobierno de los EE.UU. ha estado trabajando para crear un clima hostil al gobierno democráticamente elegido de Venezuela, durante años. La administración Bush apoyó el golpe de 2002 contra el presidente Chávez, y ha continuado financiando a líderes del golpe en sus esfuerzos de derrocar al presidente Chávez, incluso después del golpe. Recientemente, los EE.UU. han intensificado esfuerzos por aislar a Venezuela en la región (si bien estos esfuerzos han sido rechazados en buena parte por otros líderes latinoamericanos). Sin embargo, en agosto de 2004, Chávez ganó un referéndum sobre su presidencia con el 59%, resultado que fue certificado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter. Su popularidad se ubica actualmente en torno al 70%, infinítamente más alto que la de su contraparte estadounidense.

La política de antipatía del gobierno de los EE.UU. hacia Venezuela responde más a que este país propone una visión económica alternativa para el hemisferio, que a cualquier preocupación no fundamentada con respecto a la democracia. El presidente Chávez ha emprendido una serie de reformas económicas, tales como canalizar miles de millones de las ganancias de la industria petrolera hacia programas masivos para el cuidado médico, la educación, la alfabetización y el agua potable, y promover la integración regional; por eso lo acusan de populismo, cuando revierte los beneficios de los recursos del país hacia su población, en vez de hacia las élites financieras o hacia las multinacionales extranjeras como venía sucediendo con los anteriores gobiernos.

Estas iniciativas ponen en evidencia los esfuerzos fallidos de la Administración Bush en promover la globalización neoliberal, estableciendo un Área de Libre Comercio de las Américas. El modelo económico neoliberal del «libre comercio» de los EE.UU. no ha podido propiciar el crecimiento en la región; según el Center for Economic and Policy Research, los latinoamericanos han experimentado un crecimiento económico de menos del 0,5% per cápita en los últimos 25 años. Y el reciente «Informe sobre la Situación Social en el Mundo 2005: El dilema de la desigualdad» concluye que el resultado de las reformas estructurales de los últimos 20 años en América Latina, siguiendo el esquema neoliberal, ha sido un aumento en la desigualdad.

Mientras tanto, las políticas económicas de Chávez (combinadas con las ganancias petroleras) han convertido a Venezuela en la economía de crecimiento más rápido de la región. Sin embargo, la aversión del gobierno estadounidense por la visión de Chávez de una economía nacional orientada al desarrollo sostenible más que al libre comercio para las corporaciones estadounidense, no le otorga al gobierno de los EE.UU. -ni a sus partidarios- una licencia para matar.

En sus comentarios, Robertson invocó la Doctrina Monroe, el instrumento primordial de la política de los EE.UU. de intervención y dominación en el Hemisferio Occidental desde 1823. «No podemos permitir que esto suceda en nuestra esfera de influencia», agregó. La implicación del gobierno de los EE.UU. en el derrocamiento de gobiernos democráticamente elegidos, en el pasado, pesa fuertemente en las mentes de los latinoamericanos, de países como Chile, Guatemala, Haití, Granada y República Dominicana. Es más, el gobierno de EE.UU. ha estado vinculado con el asesinato, en 1963, del presidente vietnamita del sur Ngo Dinh Diem, así como los asesinatos del presidente de Congo Patrice Lumumba, del presidente chileno Salvador Allende, y de atentados repetidos a la vida del presidente cubano Fidel Castro.

La hostilidad continua del gobierno de los EE.UU. hacia el presidente Chávez ha creado un clima tal, que un líder republicano se permite llamar a que su país mate a un jefe de Estado elegido, como parte de su política exterior. Por todo ello Pat Robertson debe ser investigado y enjuiciado. Bajo el Título 18 de la Sección 1116 del Código de los EE.UU., «quienquiera que mate o intente matar a un funcionario extranjero, huésped oficial, o persona internacionalmente protegida será castigado». La Sección 878 del mismo título declara como crimen «la amenaza con conocimiento y voluntad» de cometer el crimen antedicho. Le corresponde al ejecutivo actuar con el mayor peso de la ley.

El gobierno de los EE.UU. también tiene obligaciones bajo el derecho internacional de prevenir y castigar actos de terrorismo contra jefes de Estado extranjeros, si esos actos se conciben o se planean en territorio de los EE.UU. La Convención de 1973 de Naciones Unidas sobre la Prevención y el Castigo de Crímenes contra Personas Internacionalmente Protegidas declara como crimen el «asesinato, el secuestro u otro ataque contra la libertad de una persona internacionalmente protegida;... [incluyendo] una amenaza para cometer tal ataque». Una persona internacionalmente protegida significa un jefe de estado (u otras personas especificadas).

La Christian Broadcasting Corporation (CBN) debe también ser investigada por la ilegalidad potencial de usar las ondas radiales bajo licencia federal para invocar el asesinato de un jefe de estado democráticamente elegido.

En vista de los hechos históricos de la participación de los EE.UU. en el derrocamiento de gobiernos democráticamente elegidos, junto con su actual agresión hacia Venezuela, esta incitación al homicidio terrorista por un partidario clave de Bush resulta preocupante y alarmante. Es hora de que EE.UU. cambie su política hacia Venezuela y de construir relaciones de respeto con el líder democrático más popular de América Latina.