EL TITULAR aparecido el lunes 28 de agosto en la prensa nacional afirmaba que «Repsol YPF denuncia una injustificada y reiterada persecución en Bolivia». Explicando que la petrolera ejercerá acciones legales ante la justicia del país y ante los organismos internacionales en la defensa de sus derechos y dejando entrever que peligra su presencia en el país. Sólo dedica dos líneas, en mitad del texto, a esclarecer las causas de esta supuesta persecución de la que se autoproclama víctima esta multinacional: la petrolera pactó con la brasileña Petrobras la venta de unas determinadas cantidades de gas a espaldas de las autoridades, para burlar la fórmula de reajuste periódico del precio del gas que se estipulaba en un tratado firmado entre Bolivia y Brasil, causando un perjuicio económico a las arcas del país andino de hasta 150 millones de euros.

Pero esta multinacional ya ha sido denunciada reiteradas veces. Por contrabando de hidrocarburos entre 2004 y 2005, el responsable de Repsol YPF en Bolivia, Julio Gavito, y el ejecutivo Pedro Sánchez, por un total 7,2 millones de euros. Por evasión de impuestos, por recibir subvenciones de forma fraudulenta, etc., etc. Pero esto viene de lejos. Durante 1995 y 1998, Repsol abrió un total de 1.370 Km de sendas sísmicas en la selva amazónica y deforestó más de 500 zonas de descarga para helicópteros. Ha sido denunciada en repetidas ocasiones por caza ilegal de especies, deforestación de márgenes de ríos, tala ilegal de árboles, vertido de residuos sólidos. Tanto organizaciones indígenas como sindicatos campesinos han denunciado el incumplimiento por parte de Repsol de los convenios suscritos. En 1997, abrió su primer pozo exploratorio, ocupando dos parcelas campesinas que no fueron compensadas y vertiendo los lodos y crudo en los ríos Putintiri, etcétera.

Pues bien, ante la actuación de la justicia boliviana, la reacción de las autoridades y los medios de comunicación españoles es poner el grito en el cielo por la «amenaza» y la «agresión» que las autoridades judiciales bolivianas ejercen sobre las empresas y los intereses «españoles» en Bolivia. No parecen sentirse afectados por el hecho de que una empresa «española» haya podido robar cientos de millones de dólares a una nación en donde casi el 65% de la población se encuentra por debajo del nivel de pobreza, en donde 70 de cada 1.000 niños y niñas nacidos morirán antes de los cinco años o en donde el 18% no terminarán sus estudios primarios, si es que los empiezan, porque el 41% de los niños y niñas no asisten a clase; en donde más del 20% de los bolivianos y bolivianas tienen la desnutrición como certeza y un 45% podrá jurar no haber visto ni de cerca una red de alcantarillado. Ya anteriormente el Gobierno, había enviado a La Paz a un puñado de altos cargos con la misión de convencer al «indígena cocalero» que ganó las elecciones en Bolivia para que tenga miramientos con una institución que tanta admiración y respeto despierta aquí. Nuestras autoridades esgrimen un argumento irrefutable: no se puede jugar en vano con la seguridad jurídica de Repsol, ni con la de Iberdrola, ni con la de Telefónica ni con la de Prisa (propietaria de El País , de quien es el titular antes referido) que, derrochando «objetividad» en sus opiniones sobre éste y otros temas relacionados con Bolivia, siempre ha hecho abstracción de que es la propietaria de los principales diarios del país andino y de una cadena de televisión.

Si, como dice el catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga, el doctor Torres López, el Gobierno español o los dirigentes políticos y empresariales que ahora están tan preocupados por las iniciativas de la justicia boliviana estuvieran de verdad interesados en defender los intereses «españoles», el buen nombre de España en el exterior, ¿no deberían ser críticos con los presuntos delincuentes -como Repsol- y no con quienes tratan de averiguar si ha habido empresas «españolas» que hayan robado a un pueblo tan necesitado como el boliviano?, ¿no deberían pedir que se acelerase la acción de la justicia boliviana en lugar de criticarla y que fuese especialmente ejemplar para limpiar la imagen de España?, ¿no deberían condenar los abusos económicos y ambientales de todo tipo de empresas, Repsol incluida, en lugar de considerar que quien los persigue pone en peligro la «seguridad» en los negocios»? Y si se demostrase que empresas «españolas» han robado y empobrecido a un pueblo que sufre tanto como el boliviano, ¿no sería más lógico que manifestaran, entonces, su condena y su vergüenza por la actuación de esas empresas «españolas»? Y teniendo en cuenta que los delitos y crímenes de Repsol ya han sido demostrados en otras ocasiones, ¿se puede confiar de verdad en la sinceridad de todos esos gobernantes, políticos y dirigentes empresariales cuando mantienen silencio sobre esos delitos y crímenes y siguen considerando que los empresarios delincuentes son los que representan los intereses «españoles» en el mundo y en América Latina en particular? Quizá el problema de fondo sea la reiterada confusión que tienen nuestros gobernantes entre los intereses de algunas empresas y los intereses de España. Si el gobierno español o los dirigentes políticos quieren considerar como propios los intereses de ese tipo de multinacionales es cosa suya, pero no pueden identificar sus intereses con los de la inmensa mayoría de los españoles y españolas, más cercanos a los intereses del pueblo boliviano y a las necesidades de su población, esquilmada durante años por este tipo de multinacionales que sólo alimentan la codicia de sus inversores.