«Cuando ya no había nada más que llevarse de nuestra casa empezaron a pedirnos dinero y a amenazarnos» C. llegó a España el 5 de abril del 2007 con su esposa embarazada de cuatro meses, su madre, su hermano y la mujer de éste. Viajó desde la capital de Colombia, donde toda su familia vivió un auténtico infierno. «Todo comenzó hace siete años. Mi familia vivía en una finca en el entorno rural de Cali. Un día llegaron unos hombres armados y empezaron a llevarse alimentos, a lavar su ropa en nuestra casa y a robar nuestros cultivos. Eran pocos y ni siquiera sabíamos a qué grupo pertenecían», relata el joven. «Cuando ya no había nada que llevarse de nuestra casa -añade-, empezaron a pedirnos dinero que no teníamos. Las constantes amenazas nos obligaron a marcharnos de nuestra casa y a trasladarnos a la ciudad». Pasaron los años y rehicieron su vida en Cali. Pero el grupo armado por el que eran perseguidos les encontró. Volvieron las intimidaciones y las exigencias. «A la mujer de mi hermano la estrujaron y a la mía la tiraron al suelo sabiendo que estaba embarazada». Con el tiempo supieron que se trataba de los grupos de autodefensa, organizaciones de guerrilleros subversivos con la ley formadas por agrupaciones de unos 400-500 hombres que se distribuyen por zonas. «Roban a las familias y acosan a campesinos y empresarios para hacerse con dinero». La situación era ya insoportable y decidieron marcharse del país. «Pedimos dinero prestado para comprar los billetes de avión, pero no había suficiente para todos los pasajes y mi padre, como cabeza de familia, decidió quedarse allí hasta que le fuera posible huir. Desde luego, nosotros vinimos con la intención de reunirnos con él aquí en España». Al medio año de llegar, les concedieron la autorización de trabajo y ya todos tienen un empleo: la madre como empleada de la ayuda a domicilio, él como recadero... En cuanto llegaron a Barajas, como en todos los casos, solicitaron el estatus de asilo, aunque todavía está pendiente de resolución. No son optimistas y ya han sido advertidos que sin pruebas concluyentes no lograrán el asilo en León. «Lamentablemente no tenemos pruebas que demuestren la persecución hacia nuestra familia, no hemos traído un vídeo de los robos y las amenazas», afirma C. en tono irónico. Ni siquiera han aceptado como prueba el informe del propio gobierno colombiano declarando el área donde residía esta familia como zona en conflicto armado. Esta situación de indefinición provoca que el hijo de C., nacido en España hace cuatro meses, no tenga ni la nacionalidad colombiana ni la española hasta que se resuelva la solicitud de asilo. «Antes de volver agotaremos todas las opciones para no regresar a Colombia, incluso hemos pensado en quedarnos ilegalmente. De España sólo marcharé en un ataud, no de otra manera. No pienso dar el gusto a la guerrilla de que me maten ellos». C. asegura que cada día están muriendo entre diez y quince personas asesinados por estos grupos armados.

«La Guardia Nacional mató a mi hermano. A partir de ahí empezaron las amenazas y tuvimos que irnos» El 11 de abril del 2002 representa el día en que el pueblo de Caracas solicitó masivamente el respeto por la dignidad de los venezolanos, el día en que cientos de miles de ciudadanos de todas las edades salieron a la calle para manifestar pacíficamente su apoyo a la lucha por la meritocracia de los trabajadores de PDVSA (Petróleos de Venezuela). Sin embargo, para Yanfri Querales y su familia esta fecha encarna uno de los peores días que recuerda de su vida, tanto que tuvo que abandonar su país y pedir asilo en España. Su hermano Juan David, de 25 años, teleoperador de oficio, falleció como consecuencia «de un disparo que le destrozó la femoral», recuerda su padre, de visita temporal en León. El disparo fue efectuado por un miembro de la Guardia Nacional, que formó parte de un plan represivo de Hugo Chávez para disparar al pueblo que se manifestaba pacíficamente ese día camino del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano. Yanfri, ahora con el estatus de asilo ya conseguido, acompañaba a su hermano en la manifestación, pero se perdió. «Aquello no fue un enfrentamiento, fue un ataque hacia el pueblo», dice al iniciar el relato. «Después del paro, volví a casa, pero no mi hermano. Más tarde lo encontramos herido en un hospital. No resistió y murió esa misma noche». Aquel día hubo otras 19 víctimas mortales. «Desde entonces hasta una semana después hubo más muertes y saqueos. Nosotros no nos enteramos mucho de la situación porque estábamos rotos por la desesperación, pero a partir de ahí los medios de comunicación se empezaron a interesar por las víctimas del 11 de abril y los familiares, a través de un grupo de abogados, decidimos poner una demanda al presidente por aquellas muertes», recuerda Yanfri. La denuncia por crímenes de lesa humanidad fue interpuesta ante la Audiencia Nacional española -una de las 20 víctimas era español-, que se inhibió en favor del Tribunal Penal Internacional de La Haya. También se sigue una causa judicial por estos hechos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando empezaron a salir en los medios informativos se iniciaron las amenazas. «Sabían dónde vivíamos y nos dejaban papeles diciéndonos que nos callásemos y dejáramos al presidente en paz. Los vecinos de mi hermana también se metían con ella, incluso el presidente Chávez amenazó con denunciarnos por traición a la patria». La situación se volvió insostenible y Yanfri y su hermana viajaron a España, donde pidieron el asilo. Todo el mundo las desanimaba, asegurando que España no iba a reconocer la persecución por motivos políticos en Venezuela. Pero después de la larga entrevista a la que fueron sometidas en la Oficina de Asilo y Refugio, donde presentaron todos los recortes de periódico donde se reflejaba su situación, consiguieron rápidamente el estatus. Ahora ambas viven en León con sus familias. Yanfri subraya que con su ailo, «España está reconociendo que hay problemas políticos en Venezuela». Desde hace dos años, el Ministerio del Interior no ha concedido ningún asilo más a venezolanos.