Enrique Javier Díez Gutiérrez  

ES SORPRENDENTE el análisis de quienes reflexionan estos días en los grandes medios de comunicación sobre el no al Tratado Constitucional para Europa en Francia. De acuerdo a la campaña unilateral por el sí denunciando la «demagogia», el «populismo», el «radicalismo», etcétera, de sus adversarios, ahora se ven incapaces de adaptar sus análisis a la amplitud de su derrota. No comprenden como los pueblos se han negado a alinearse dentro de la racionalidad del sí. Cuando un pueblo acepta ratificar un Tratado por referéndum, no existen dudas; cuando lo rechaza, se intenta quitarle importancia.

El primer dato es ya de por sí sorprendente: sólo un 30% de abstenciones, contra el 57% hace sólo un año, en las elecciones al Parlamento europeo. Esta movilización ante un tema tan árido -un texto con 448 artículos, más los anexos, las declaraciones y los protocolos, cerca de casi 500 páginas- constituye ya por sí sola un inesperado éxito de la democracia. Los pueblos retoman de nuevo la participación activa en los asuntos públicos que les conciernen, y además una participación informada.

Las obras sobre el Tratado Constitucional han estado durante meses a la cabeza de los éxitos en las librerías francesas. Frente a la propaganda del Estado, retransmitida por la mayoría de los medios, la ciudadanía quiso formarse su propia opinión asistiendo a miles de encuentros, debates y lecturas. Comprendieron de esa forma que el Tratado sometido a su aprobación constitucionalizaba a escala europea las políticas económicas neoliberales: prohibición de déficit público, que impide que los Estados inviertan en mejoras sociales que benefician a los sectores más desprotegidos; libertad absoluta de circulación del capital, que beneficia a las multinacionales y las grandes fortunas, organizando sus propios paraísos fiscales, evadiendo impuestos y desmantelando y deslocalizando industrias como estamos comprobando en León continuamente; privatización de los servicios públicos (sanidad, educación) que serán para quienes los puedan pagar.

Comprendieron que el Tratado sometido a su aprobación rebaja muchas de las previsiones establecidas en las constituciones nacionales de Europa respecto a los derechos sociales y laborales. Estos derechos no son objeto de protección directa por parte del Tribunal Constitucional, sin embargo sí que se establecen sanciones para los Estados o particulares que rompan con el libre comercio o con la liberalización. No se prevé ningún criterio de convergencia en materia de salarios, nivel de empleo, o respeto por los estándares ecológicos. El Tratado constitucional impide que se pueda establecer, por ejemplo, un salario mínimo europeo, un sistema europeo de pensiones o un sistema de salud común. Subordina los derechos laborales y el empleo, a criterios como competitividad, adaptabilidad al cambio económico, equilibrio financiero, etcétera, propios del neoliberalismo más reaccionario. Con sólo dos artículos se 'despachan' los derechos de las personas trabajadoras, con una redacción confusa y ambigua, sin mecanismos concretos que permitan ejercitarlos, y con una homogeneización o «armonización» a la baja (de acuerdo al nivel de los países donde están más desprotegidos).

Comprendieron que el Tratado sometido a su aprobación sustituye un derecho al trabajo amparado por el Estado por «la libertad para buscar un empleo y trabajar». Ya no se menciona en el tratado ni una sola vez el «pleno empleo». El paro se asume como una condición estructural del sistema.

Comprendieron que el Tratado sometido a su aprobación rechaza la igualdad de derechos de quienes residen en Europa y no poseen la nacionalidad de un estado miembro. La ciudadanía no se reconoce a todas las personas que viven, trabajan y están establecidas en territorio de la Unión Europea, sino exclusivamente a aquellas personas que tienen la nacionalidad de un Estado miembro. Esto excluye de toda una serie de derechos (libre circulación y trabajo, el derecho a votar y ser elegidas) a unas 30 millones de personas extranjeras que viven, trabajan y están establecidas con permiso de residencia en la Unión Europea.

Comprendieron que el Tratado sometido a su aprobación liquida definitivamente el laicismo, contradiciendo el principio de separación entre instituciones públicas e instituciones religiosas dado que vincula a la Unión a un «diálogo regular con las Iglesias y organizaciones confesionales», lo cual legitima un derecho de injerencia de las instituciones religiosas en el ejercicio de los poderes públicos europeos. Y además ratifica a perpetuidad los privilegios adquiridos a nivel nacional de las instituciones religiosas (concordatos).

Comprendieron que el Tratado sometido a su aprobación consagra una europa militarista que apuesta por el rearme al sancionar la creación de fuerzas militares para intervenir en misiones fuera de la UE y de una agencia europea de armamento. Las decisiones del Consejo de ministros en materia de política exterior y seguridad no están sujetas ni a la votación del parlamento europeo, ni a la votación de los parlamentos nacionales (por ejemplo, podrán decidir que el nuevo ejército europeo efectué una invasión en cualquier estado del mundo, sin ninguna necesidad de debate, ni aprobación parlamentaria).

En definitiva, comprendieron que el Tratado sometido a su aprobación consagra la Europa de los Mercaderes, la Europa del Capital y de la Guerra y no la Europa realmente democrática y social de los pueblos. Han entendió que se está intentando construir una máquina de guerra que permite deshacerse del contrato social «sin un solo disparo». Por eso han votado un masivo no. No ha sido un voto nacionalista o de rechazo a Europa, como esgrimen los «voceros» del poder, sino un voto que aspira a otra Europa posible y necesaria.

Una Europa que reconozca el derecho de ciudadanía basado en la residencia. Una Europa social, que esté basada en la homogeneización por arriba de los derechos fundamentales, en la reducción del tiempo de trabajo, en la creación de un nuevo pleno empleo y de servicios públicos de calidad y en el derecho a una renta básica. Una Europa solidaria con los pueblos del Sur y del Este y alternativa al Imperio estadounidense y a las nuevas formas de colonialismo, que establezca unas nuevas relaciones económicas y sociales basadas en la ruptura con los principios neoliberales, empezando por la abolición total de la deuda externa de los países empobrecidos e instaurando un impuesto global sobre el capital especulativo y la eliminación de los paraísos fiscales.

Una Europa de la igualdad en la diversidad, dispuesta a fomentar el diálogo y el mestizaje entre las distintas culturas y civilizaciones. Una Europa basada en el acceso a la igualdad plena de las mujeres y su autonomía, frente a la Europa discriminatoria y patriarcal, que reconozca la libertad de opción sexual y el derecho al aborto. Una Europa pacífica y libre de armas de destrucción masiva, frente a la Europa potencia y militarizada. Una Europa ecológica, frente a la Europa del Prestige, del consumismo y del despilfarro, que cumpla estrictamente con el Protocolo de Kyoto y establezca un plan basado en el cierre de todas las centrales nucleares y el fomento de energías renovables. Una Europa laica, frente a la tendencia a imponer un trato discriminatorio en favor de una Europa cristiana. Han votado no porque «Otra Europa es posible». En Francia, los trabajadores y las trabajadoras han demostrado que están dispuestos a defender los restos que aún nos quedan del Estado del Bienestar en donde la persona se sitúe en el centro de la economía y los derechos sociales garanticen realmente un empleo y una vivienda dignos, así como el derecho a una sanidad y una educación para todos y todas y no sólo para quienes se la puedan pagar.