Hay insatisfacción acerca de la educación. Resulta paradójico que en los momentos en los que más alto nivel de expansión ha alcanzado el sistema educativo en nuestro país aparezcan dudas sobre sus resultados. Los tipos de denuncias son muy variadas. Están las que nos hacen creer en lo que denominan «bajada del nivel» con la admisión en las mismas aulas de alumnado con necesidades educativas, con dificultades de aprendizaje, de minorías o inmigrantes. Están las que centran sus críticas en las leyes que han prolongado la escolaridad pero han rebajado los contenidos -dicen- para que todo el mundo pueda pasar de curso. Pero ¿cómo es posible que, al prolongar el final de la etapa de escolaridad obligatoria hasta los 16 años, se deteriore la escolaridad en conjunto, incluso la que es previa? No faltan quienes achacan los males al hecho de haber «pedagogizado» la enseñanza, desatendiendo los contenidos. ¿Acaso no se imparten siempre éstos con o bajo algún modelo educativo? ¿Es posible enseñar bien o mal sin alguna orientación pedagógica? ¿Tanto poder de influencia tiene el dañino pensamiento pedagógico como para deteriorar la enseñanza? ¿Tan receptivo es el profesorado a esa pedagogía? Otros apelan a los estudios bilingües para lamentarse de nuestra precariedad educativa, o a la falta de disciplina y orden en los centros de secundaria, que no son capaces de conseguir el profesorado de este nivel.

El malestar acerca del sistema educativo es general en bastantes países, no es de ahora. Lo curioso es que tal desasosiego no parece inquietar a la población, en general. La educación preocupa en las familias, en lo que se refiere a la marcha de los hijos, pero no como problema general que afecta a todos la ciudadanía, como proyecto colectivo. En los barómetros de opinión del CIS sobre lo que inquieta en la vida de las personas, la educación aparece como un problema que tiene el país sólo para un 4% de la población; un porcentaje que se mantiene estabilizado en el tiempo. La sensación de que el sistema no funciona bien la tienen y la airean los propios profesionales de la educación (sobre todo los del sistema público y de secundaria) y los lectores de informes y de estadísticas, sobre todo desde que existen cada vez más diagnósticos y se comparan los países entre sí. Aparecer en una tabla en un determinado orden mueve al orgullo, a la complacencia o a la vergüenza.

Los informes de organismos internacionales hace tiempo que vienen señalando la crisis de los sistemas educativos en general. El aumento de expectativas y aspiraciones populares en materia de educación, la escasez de recursos ante una demanda creciente, la inercia de los sistemas y de la sociedad, estarían en el origen de la crisis. Ocupamos un lugar entre las diez primeras economías del mundo, pero estamos alejados de ese puesto en variables corno la protección social, el gasto en educación, el desarrollo científico, la proporción de la población con la titulación de bachillerato, la compra de libros, lectura de periódicos, dotación de bibliotecas, etcétera. Según los datos proporcionados por la Comisión Europea, ocupamos, junto con Portugal el último puesto en cuanto a recursos dedicados a protección social en general y, por lo tanto también es bajo el gasto público en educación. A este dato se une el hecho de que el Estado español es un país con fuertes desigualdades (la quinta parte de población con más ingresos tiene una renta que supera en cinco veces a la quinta parte de la población que tiene menos recursos en el contexto de países de Ia UE). Son datos que nos explican el que la política de privatización de la enseñanza haya sido tan contundente, así como la insolidaridad de quienes, buscando el beneficio propio, regatean medios para fortalecer al sistema público.

Cuando estos déficits están señalándonos carencias básicas, no debemos perdernos en discusiones estériles o de segundo orden. Seguramente, desde el punto de vista educativo, es más decisivo para un país la capacitación del profesorado o el nivel de aprendizaje alcanzado por la juventud que si la Religión es evaluada o no. Un análisis del contenido de los medios, sin embargo, nos daría la imagen contraria. Demasiado ocupados todavía en polémicas que tendrían que darse por superadas, como el tener que defender la laicidad de la enseñanza o la importancia del sector público, presos en disquisiciones técnico-pedagógicas superfluas, ocupados en asentar el reparto de competencias en un Estado en proceso de descentralización sin la contrapartida de contar con los imprescindibles mecanismos de coordinación y de compensación eficaces, tenemos la sensación a veces de estar despistados respecto de los retos que nos plantea la sociedad del presente, sabiendo cuáles son nuestras carencias y las raíces profundas que tienen. Superar esto exige un programa de cambios internos y externos, contando con el apoyo de toda la sociedad, la cual, a su vez, debería cambiar también sus valores, prácticas de educación informal, etc.

Haría falta un aldabonazo que moviera a la clase política y a todos en general para colocar la educación como una preocupación esencial en nuestras vidas, sostener planes a largo plazo, sensibilizar para aprovechar los recursos de que disponemos, elevar la imagen de la cultura y de las personas cultas, en vez de que se ensalce, a través de los medios, la trivialidad y la estulticia. La educación tendría que ser un reto prioritario para todo el país. Los objetivos son claros y podríamos resumirlos en la siguiente relación:

- Incrementar el nivel educativo de la población de todas las edades utilizando todos los medios.

- Mejorar la cultura que se imparte en el sistema educativo, para lo cual se precisa: a) Revisar y ampliar el sentido de lo que son contenidos relevantes. b) Hacerlos atractivos para el alumnado. c) Aprovechar los medios disponibles, los clásicos y las nuevas tecnologías. d) Revisar las prácticas que dificultan estos objetivos. e) Hacer de los centros algo más que dispensarios de clases. f) Disponer de un profesorado bien cualificado, evitando que formen al profesorado quien no lo haya sido antes.

- Hacer que los contenidos del currículum, así como la atención que reciba cada alumno y alumna, sean justas para todos.

- Procurar que todo estudiante aproveche al máximo sus posibilidades, sin que nadie quede atrás descolgado ni se impida a ninguno el ir por delante según sus capacidades.

- Hacer más flexibles las instituciones escolares, el tiempo de la escolarización, los horarios, las actividades posibles, los espacios...

- Promover un liderazgo compartido que democratice la toma de decisiones y haga partícipe a toda la comunidad educativa en la implicación de un proyecto en pos de calidad y justicia.

- Todo ello dentro de un planteamiento educativo más global para desarrollar a personas que sean racionales, capaces de comportarse libre y autónomamente, ciudadanos y ciudadanas responsables y solidarios.

- Llamar a todas las partes a la cooperación para llevar a cabo este proyecto: administraciones, padres y madres, alumnos y alumnas, profesorado, editores, movimientos sociales, políticos y políticas, medios de comunicación, publicistas, sindicatos, etcétera.

- Disponibilidad de medios, incrementando el gasto público para dedicarlo a objetivos precisos: mejorar la igualdad y la calidad.

- Establecer sistemas de información para que las partes intervinientes tengan conocimiento de cómo se desarrolla este proyecto, así como disponer de mecanismos de auditoría acerca del cumplimiento de las responsabilidades que a cada quien correspondan.