El sábado, día 25 de febrero de 2006 se celebró la XVII Conferencia Provincial del PCE de León, con la asistencia de José Mª Suárez González, Secretario Regional del Partido Comunista de Castilla y León, en la que se renovó la Dirección Provincial de PCE y se debatieron los documentos del VII Congreso Regional del Partido Comunista de Castilla y León que se celebrará el día 11 de marzo en Valladolid.

Jose María Pérez Álvarez ha salido elegido por unanimidad nuevo Secretario Político Provincial del PCE de León. Trabajador de la Vidriera Leonesa (B.A. Vidrio) y militante del sindicato CC.OO. Militó activamente en Juventudes Comunistas de León y posteriormente en el PCE desde el año 98. Fue coordinador del área de juventud de IU en el año 99. Y era responsable de la secretaría de Movimiento obrero del PCE hasta su elección en esta Conferencia como Secretario Político del PCE de León.

Como componentes de la nueva Dirección Provincial del PCE, el Consejo Político Provincial, han sido elegidos: Raquel Soriano Espinosa, Justino Salas Crespo, Begoña Casasola Peñín, Enrique Javier Díez Gutiérrez, Marisa Giganto Fernández, Ricardo Vega Martínez, Laura Fernández Bermejo, Juan Carlos Alonso García, Benjamín Cangas Riesco y Benjamín Trancón Hidalgo.

Además de aprobar los documentos del VII Congreso Regional del PCCyL, se aprobaron dos resoluciones:

1.- El Partido Comunista de Castilla y León se manifiesta en contra de la política neoliberal que la Junta de Castilla y León está implantando progresivamente en los servicios públicos. Ejemplo de ello es la privatización de los servicios sanitarios (Hospital de Burgos, expedientes médicos, etc.), la potenciación de los conciertos privados en educación (cuando asumió las competencias educativas sólo había 46; en el 2002 se quintuplicaron, en el 2003-2004 se triplicaron pasando de 301 a 597), lo cual ha supuesto un encarecimiento para la población del acceso a los servicios, una peor gestión y la precariedad de los empleos que quedan para mantener dichos servicios. Este progresivo desmantelamiento de los servicios públicos, convirtiéndolos en fuente de beneficio empresarial, impide progresivamente que los sectores más pobres y débiles de la población puedan acceder a ellos. El Partido Comunista de Castilla y León exige que la Junta de Castilla y León gobierne para todos y todas y anteponga las necesidades de todos/as al beneficio de unos pocos colectivos empresariales.

2.- El Partido Comunista de Castilla y León denuncia el bochornoso compromiso alcanzado entre los representantes de los grupos socialista y popular en el Parlamento Europeo, incluidos sus parlamentarios españoles, para sacar adelante la Directiva de Liberalización de Servicios del Mercado Interior en la Unión Europea, más conocida como Directiva “Bolkestein”, que supone el mayor ataque perpetrado contra los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la UE. Esta “directiva Bolkestein” organiza un sistema de “dumping social” al legislar que cualquier empresa con sede en países con menor regulación laboral pueda trasladar a sus trabajadores y trabajadoras a nuestro Estado, en las condiciones salariales, laborales y de seguridad establecidas en aquél país, sin que las normas específicas vigentes en nuestro marco legal tengan que ser cumplidas. De este modo se podrán sortear fácilmente y sin costos los convenios colectivos locales relativos al sueldo, los requisitos relativos a las cualificaciones y las normas de protección del medio ambiente o del consumidor. La consecuencia será una enorme presión sobre los países con normas sociales, fiscales y ambientales que protegen el interés común. Las conquistas sociales, estarán bajo presión: rebajas salariales, prolongación jornada laboral, más flexibilidad. Por eso el Partido Comunista de Castilla y León pide a los colectivos sindicales, políticos y sociales de Castilla y León la movilización en contra de esta directiva recientemente aprobada con un mero maquillaje superficial obligando a los Gobierno del país de destino, que quiera que este “principio del país de origen” no se lleve a la práctica, quien tenga que recurrir al Tribunal de Justicia Europeo, en cada caso, para tratar de imponer alguna limitación a las empresas que podrán operar con su legislación de origen.