La Comisión Permanente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó ayer por unanimidad la primera gran condena internacional del régimen franquista. Este organismo, en el que están representados 43 países, incluida Rusia, insta además al Gobierno español a erigir monumentos en memoria a las víctimas del franquismo, y a instalar una exposición permanente en el Valle de los Caídos para recordar que lo construyeron presos republicanos. El Consejo propone fijar el 18 de julio de 2006 como fecha internacional de condena del franquismo. La resolución condena con firmeza las "múltiples y graves violaciones" de los derechos humanos cometidas en España entre 1939 y 1975.

La iniciativa tomada ayer por el Consejo de Europa fue acogida con satisfacción entre las asociaciones de familiares de represaliados, que ven cómo este organismo se adelanta al Gobierno español, que prepara una ley de memoria histórica prometida hace un año y medio y aún no presentada. La decisión fue tomada gracias a un informe presentado por el maltés Leo Brincat. En su documento, realizado con el soporte técnico del historiador Paul Preston, se detallan las atrocidades cometidas por el aparato de represión franquista desde 1939 a 1975, cuando murió el dictador.

Según explica el español Luis María de Puig, presidente del Grupo Socialista y uno de los principales promotores de esta iniciativa, junto a Luis Yáñez, se trata de la primera gran condena internacional contra el franquismo, ya que en los años 40 la ONU sólo rechazó el apoyo de Franco al nazismo.

"La resolución se ha hecho sin voluntad de reabrir heridas, pero sí de decir con autoridad, y por primera vez, que el franquismo fue una dictadura que conculcó todos los valores de la convención europea de derechos humanos. El Consejo de Europa no puede dar lecciones de cómo alcanzar la democracia en algunos países y callarse ante el franquismo", según De Puig. Él explica que, aunque ayer no había diputados del PP en la votación porque no pertenecen a la permanente (compuesta por unas 200 personas), éstos se han mostrado favorables a la iniciativa.

La resolución aprobada por la comisión permanente comienza con una "firme condena" de las "múltiples y graves violaciones de los derechos humanos cometidos en España por el régimen franquista entre 1939 y 1975". El texto recuerda que el Gobierno español ha puesto en marcha una comisión interministerial para "establecer un inventario completo de los crímenes de la dictadura de Franco", y confía en que el debate en marcha sirva para realizar un examen completo y profundo sobre los crímenes del franquismo.

La asamblea también establece algunas conclusiones generales que afectan a España: "La violación de los derechos humanos no es un asunto interno. La comunidad internacional está tan afectada como los españoles". "El conocimiento de la historia es una de las condiciones previas para evitar repetir los errores del pasado. Además, la formación moral y la condena de los crímenes cometidos juega un rol importante en la educación de las jóvenes generaciones".

La asamblea tiene capacidad plena para representar al Consejo de Europa, pero para dotar de una mayor relevancia a la condena demanda al Comité de Ministros de esta institución que promueva una declaración formal de rechazo y establezca, en su próxima reunión, el 18 de julio de 2006, fecha en que se cumplen 70 años del golpe de Estado y el inicio de la Guerra Civil, como el día de condena internacional del régimen franquista.

El texto aprobado se adelanta a lo que pueda hacer el Gobierno y recoge peticiones de las asociaciones. Insta al Ejecutivo español a crear una comisión de investigación sobre los delitos del franquismo y presentar un informe al Consejo de Europa, a abrir los archivos civiles y militares a los historiadores -la fundación Francisco Franco se niega-, a abir una exposición permanente sobre la represión en el Valle de los Caídos y a erigir monumentos a las víctimas del franquismo.