La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el período de 2005 a 2015, Decenio Internacional para la Acción, «El agua, fuente de vida» que dio comienzo el 22 de marzo, desde entonces Día Mundial del Agua. En este contexto, recordando que el agua es fundamental para la erradicación de la pobreza y el hambre, indispensable para la vida, la salud y el bienestar de todos los seres vivos, y teniendo en cuenta que es un derecho básico reconocido, es inadmisible por ejemplo: -que 30.000 personas mueran al día por falta de agua potable; - que 2.400 millones carezcan de tratamiento de aguas residuales; o que.., en la UE un habitante consuma 200 litros de agua al día, en USA llegue a 600 litros, mientras que en los países empobrecidos la media sea de 20 litros por persona y día. Desde la creación, en 1994, de la Organización Mundial del Comercio OMC (organismo que no pertenece a la ONU ni está sujeto a su ordenamiento jurídico) el mercado del agua que se ha abierto, es de tal magnitud, que en palabras de Leonardo Boff: «Las transnacionales han emprendido una carrera frenética hacia la privatización del agua, porque saben que quien controla el agua controla la vida y quien controla la vida tiene el poder».

En España aproximadamente el 50% de la población se encuentra abastecida por empresas privadas, siendo Aguas de Barcelona (Agbar) y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) las más poderosas, a su vez participadas respectivamente por las dos multinacionales francesas que dominan el mercado mundial: Suez-Lyonnaise des Eaux (Ondeo) y Géneral des Eaux (Veolía -antes Vivendi). Los procesos de privatización que han tenido lugar en nuestro país han estado justificados por estudios parciales -cuando se han hecho-; han sido opacos y se han realizado no sólo al margen de la ciudadanía sino incluso eludiendo el marco jurídico de aplicación (Ley de Bases de Régimen Local, Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, etc.) y por lo tanto en fraude de ley y ejercicio de Corrupción Pública.

Los resultados de los procesos de privatización han supuesto en todos los casos -y así se ha demostrado- un incremento en las tarifas superiores a los comprometidos, la pérdida de control sobre los operadores privados y la imposibilidad de participación de los Ayuntamientos y de la ciudadanía en la gestión del agua. Cuando se han privatizado servicios públicos eficientes, siempre se ha producido, además, deterioro de la prestación del servicio y perdida de la calidad del agua suministrada (téngase en cuenta que las trasnacionales también son embotelladoras y alterando las condiciones organolépticas del agua pueden inducir al consumo de agua envasada). Especialmente preocupante es la hipoteca de futuro que suponen concesiones que se adjudican en plazos superiores a 25, 50 o 75 años.

Los grandes partidos políticos han privatizado por igual: sorprendentemente en León, fue durante el mandato de la coalición PSOE-UPL cuando se produjo el intento de privatizar el agua y fue la debilidad de este pacto, junto con la oposición coherente que realizó el PP, lo que determino la paralización del proceso. No obstante la oposición ciudadana protagonizada por la «Plataforma contra la Privatización del Agua» fue necesaria y jugo un papel importante en la conservación del servicio público del agua. El Servicio Municipalizado de Aguas de León se abastece de los pantanos de Porma y Luna, cuenta con instalaciones de alto nivel, ofrece una relación precio-calidad de las mejores de España y genera beneficios. Si añadimos las escasas reclamaciones, la tarifación por bloques, (que prima el ahorro) y las campañas de sensibilización en la correcta utilización del recurso, podemos concluir que contamos con un servicio público de calidad.

En enero de 2004 el equipo de gobierno PSOE-UPL presenta el presupuesto con una partida de beneficios de 15 millones de euros derivada de la venta del 49% del servicio de Aguas; este era el primer paso para la privatización del servicio. Con el término «semiprivatización» se trata de encubrir la realidad, difícilmente, cuando son las propias multinacionales las que incluyen en sus listas a las empresas mixtas como empresas privadas. Y es que sea cual sea el reparto accionarial, el socio privado paga por el control de la gestión. Además, la decisión de vender el servicio de aguas se tomó sin mediar auditoria alguna, sin contar con los ciudadanos; y sin que figurase en el programa electoral de ningún partido político.

Para justificar la operación alcalde y concejales dicen que el ayuntamiento necesita financiación, olvidando que cualquier cambio en la administración de un bien común solo puede obedecer a su mejora, nunca a la obtención de dinero con el que enjugar el déficit municipal: política insostenible, pues a medio plazo no quedará nada que vender o privatizar. También dicen en defensa de la explotación del servicio por el sector privado, que existen fugas y que es necesario incorporar tecnología punta. Estos argumentos resultan endebles en el caso de León donde, incomprensiblemente, sólo se planea privatizar la distribución de agua potable, la que da beneficios y tiene superávit con el que subsanar deficiencias. Sobre el «cuento» de las fugas se omite que el Ayuntamiento suministra el agua «sin contador» a servicios básicos (fuentes públicas, riego de parques y jardines), edificios y dependencias municipales, a colegios, guarderías, instalaciones deportivas, a la universidad e incluso a la empresa privada que desde hace años se encarga de la recogida de residuos.

La Plataforma Ciudadana rechaza la mercantilización del agua. El servicio del Agua atiende necesidades básicas de la población que no deben someterse a las reglas del mercado, ni pueden, porque siendo el agua un monopolio natural su distribución anula las posibles ventajas de la libre competencia; los consumidores no tienen alternativa y por esta razón el control de las administraciones públicas se hace imprescindible para evitar abusos.

La plataforma insiste en la subida de las tarifas porque el precio de la concesión y el beneficio empresarial saldrá del recibo del agua, el impuesto menos progresivo: pagarán más los domicilios con más individuos y se resentirán de las subidas aquellos que tienen menos ingresos. La plataforma plantea la crisis global de recursos hídricos y su creciente contaminación, circunstancias que harán imprescindible la participación ciudadana -inexistente de hecho en la gestión privada- para administrar con equidad los periodos de escasez. La planificación de inversiones tendrá que cubrir cada vez mayores riesgos medioambientales y sociales; y por lo tanto, será necesario que todos los beneficios del agua se reinviertan en racionalizar los abastecimientos en función del ahorro (reducción de la demanda) y del mantenimiento de la calidad del agua, no en función de beneficios económicos privados.

En el verano 2004 la ruptura de la UPL determinó la perdida de la mayoría absoluta de la coalición de gobierno; los concejales «no adscritos» dicen que no volverán a los Plenos; si el PP mantenía su intención de voto, las cuentas de la privatización no salían, salvo que al menos uno de los «tránsfugas» volviera al Pleno a votar a favor,... y así fue. Días después los concejales de la UPL, aún coaligados al PSOE, retiran su apoyo a la privatización del agua, quedando el proyecto paralizado. A los dos meses, una moción de censura y un nuevo pacto con los mismos «tránsfugas» devolvía la alcaldía de León al Partido Popular. Al recordar estos acontecimientos, se me ocurre citar, con todo respeto, a José Saramago: «Alguien no está cumpliendo con su deber. No lo están haciendo los que gobiernan, porque no saben, porque no pueden, o porque no quieren. Tomemos entonces, nosotros, ciudadanos comunes, la palabra».

«Ecologistas en Acción» exigimos a todos los partidos políticos un modelo de gestión del agua que desde lo público, garantice la calidad del servicio mediante el ahorro, las buenas prácticas, el control y la participación real de la ciudadanía.