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Estatuto de Catalunya


Resolución del PSUC Viu sobre el proceso estatutario en Catalunya


PSUC Viu / 21 sep 05

Aprobada por unanimidad el 21 de septiembre de 2005

Estamos llegando al final del proceso Estatutario y de manera muy preocupante. Hace falta recordar que la izquierda, en Cataluña, enfocó el proceso de propuesta de un nuevo estatuto planteando a la sociedad catalana la necesidad de profundizar en la democracia, aumentar la participación, impulsar una renovación de la Constitución envejecida y envilecida por el uso que Aznar hizo de ella contra la paz, los vascos y Cataluña. Pero la victoria socialista el 14 de marzo cambió el escenario: de una propuesta de resistencia se pasó a una situación en que era posible que un nuevo estatuto fuera aprobado. El PSOE hizo un planteamiento de aceptar el Estatuto pero dejó de hablar de rehacer la Constitución. El resto de la izquierda, en particular IU y EUiA, cayeron en la trampa. Se empezó a olvidar que, aunque no gobierne el PP, España necesita una reforma profunda del Estado y avanzar hacia un Estado Federal, Solidario y Republicano.

Sabemos que la correlación de fuerzas no permite avanzar todo lo que quisiéramos pero, sin duda, era posible avanzar mucho más. Desgraciadamente, una propuesta que inicialmente era profundamente transformadora, hoy, bajo la visión estrecha de las fuerzas hegemónicas de la izquierda, se ha reducido a una reforma que solo lleva a cambiar la correlación de fuerzas entre instituciones, sin embargo no significará la aproximación de estas instituciones a los ciudadanos; ni en Cataluña ni en España.

Nos encontramos ante una propuesta reglamentista (218 artículos frente a los 57 del anterior o los 169 de la Constitución) que sigue el modelo de redacción oscura de la fracasada Constitución europea. Se abunda en la formulación retórica de derechos ya reconocidos a leyes superiores, pero deja de manera muy genérica su concreción. Se reglamentan, por el contrario, excesivamente aspectos lingüísticos y culturales que deberían ser objeto de leyes específicas. El primer resultado negativo es que en el modelo propuesto es muy difícil que la gente pueda leer y entender este estatuto. Pero es en su contenido donde se expresan las limitaciones reales. Es un Estatuto dirigido a resaltar el papel de la Generalitat frente a las instituciones jerárquicamente superiores (Estado e, incluso, Europa) y, en cambio, cede muy poco espacio a la participación de las instituciones de base (ayuntamientos) y las personas. Más que un estatuto de los catalanes, parece un reglamento del Gobierno y el Parlamento. Así, hay muy poco de organización local y derechos de los municipios, se pasa por encima del problema de las Diputaciones y no se resuelve nada en el modelo territorial. No hay avances sustanciales en la concreción de formas de democracia participativa: presupuestos participativos, revocación de cargos etc., que han avanzado significativamente en cartas magnas como, por ejemplo, la Constitución Bolivariana de Venezuela.

Con la intención de tener el apoyo de CiU se han desvanecido las expectativas de avances sociales. No hay un avance sustancial en derechos sociales y laborales, solo nos encontramos con declaraciones genéricas de principios ampliamente reconocidos que no se concretan en instituciones o marcos legales nuevos. No se avanza en la protección de la propiedad pública ni en el papel de la planificación y control del mercado. No se avanza en el papel respecto a la banca y las cajas: se reglamenta la elección, los nombramientos, pero no hay un nuevo marco político de funcionalidades que ha de jugar en Cataluña la banca social. Irónicamente, con esta táctica, no se ha conseguido la implicación de CiU pero, en cambio, se ha incrementado el desinterés de los ciudadanos por el Estatuto: una verdadera miopía política.

El Estatuto ha derivado exclusivamente en el blindaje de los presupuestos de la Generalitat frente al Estado. En este tema ha habido propuestas que son más bien confederales al plantear una negociación foralista bilateral entre Cataluña y Estado. Es decir, el cambio prometido se reduce a un conflicto entre políticos catalanes y españoles por el reparto del presupuesto, sin discutir qué principios debe garantizar este presupuesto. El problema que se debía resolver es cómo se blindan los presupuestos públicos (del Estado y de la Generalitat) de la codicia de las multinacionales y los poderosos, de los reacortes fiscales de los últimos años. No hay un planteamiento de blindar los derechos económicos de los ciudadanos más humildes estableciendo principios de suficiencia y de garantía de los derechos sociales. No hay un avance federalista en establecer corresponsabilidad solidaria y transparencia entre todas las comunidades; y se abre un peligroso camino a la confrontación entre comunidades por unos recursos globales cada vez más recortados (ahora sin los fondos europeos).

El PSUC, partido internacionalista y nacional catalán, se opone al desarrollo de sistemas financieros forales y, en coherencia con el proyecto federal que queremos para Europa, queremos un proyecto fiscal federal en el Estado, basado en garantizar unos derechos iguales para todos (en sanidad, educación, etc.), con una fiscalidad en función de la renta y no del territorio. Desgraciadamente, con la presente propuesta no se blinda el tema financiero en el sentido de proteger los impuestos directos del Estado, sino que se limita a buscar la definición de la cuota de participación de la Generalitat en estos, sin asegurar los mínimos sociales que han de cubrir. Así, se abre más la puerta a la tasación indirecta y la privatización de servicios.

Abrir espacio a la posible confrontación entre comunidades nos aleja de un clima constructivo de Estado Federal. No hay un proyecto federal que permita una reforma de la Constitución en una negociación multilateral entre iguales, sino que ensaya (como denuncia el Consejo consultivo) un modelo bilateral funcionalmente confederal o foralista. Este esquema de negociación bilateral, a medio plazo, se puede volver en contra del pueblo de Cataluña y promover enfrentamientos internos en el Estado, del que no dejamos de ser una minoría.

Otro aspecto presente en el debate ha sido el de los derechos históricos, una formulación ambigua y políticamente peligrosa. No creemos, en absoluto, adecuado introducir una categoría de derechos históricos que se pueden oponer a los derechos de los ciudadanos y que abre el debate sobre qué historia se toma como referencia. Porque la voluntad de lo ciudadanos podemos conocerla democráticamente pero, ¿quién tiene derecho a interpretar la historia? ¿Quién interpretará cual es la “buena”?: la de los visigodos unificadores de Iberia, la de los francos creadores de la Marca, la de los árabes expulsados de Cataluña, la de los borbones conquistadores, la de los emigrantes del sur del siglo XX o de los magrebíes del siglo XXI... todo el mundo tiene su historia y su legitimidad, desplazar el fundamento de los derechos a un concepto nacionalista romántico y etéreo es extremadamente peligroso. Tenemos el derecho al uso de la lengua no por una historia abstracta, sino por la voluntad de los que hoy vivimos en Cataluña. Los ciudadanos no somos esclavos de ninguna bandera, de ninguna lectura del pasado; es necesario que seamos los protagonistas de cómo queremos, democráticamente y sin imposiciones, organizar nuestra sociedad.

Finalmente creemos que se desaprovecha el Estatuto como instrumento jurídico para ampliar los derechos que ya tenemos en los tratados europeos o la Constitución en principios innovadores. Se podía, por ejemplo, haber profundizado en el tema de la Paz, la desnuclearización o los derechos civiles.

El PSUC viu dará apoyo al nuevo Estatuto en la medida que representa un avance relativo respecto la situación anterior, pero lamenta la irresponsabilidad de les fuerzas hegemónicas de la izquierda por haber desaprovechado esta oportunidad para hacer un avance real que contribuyese de verdad a mejorar les condiciones de vida de la mayoría de catalanes. Denunciamos, además, que se haya utilizado este debate, durante los dos últimos años, para no emprender reformas en el ámbito de los derechos de los trabajadores. Denunciamos que se haya optado por una vía que no permita deshacer el enfrentamiento nacionalista dentro del Estado desde una perspectiva progresista de reforma federal, defendiendo los derechos nacionales en un marco de solidaridad y progreso social. Es necesario crear un marco que supere los enfrentamientos entre comunidades y defina jurídicamente una correlación de clase mes favorable para los trabajadores catalanes.

En clave más interna creemos que el fracaso de IU entorno a cómo se ha desaprovechado este proceso para avanzar en la reforma constitucional, a través de una acción conjunta federal a nivel de Estado, demanda una profunda revisión de su funcionamiento. Es inaceptable que se haya sido incapaz de generar un debate a nivel de Estado para definir un posicionamiento federal y que, finalmente, las posiciones se adopten desde la opinión personal de algunos dirigentes y bajo criterios coyunturales de apoyar a unos u otros sin un proyecto claro de Estado. También es necesario un cambio en EUiA, en la medida de que debía ser el dinamizador central en este proceso a nivel de Estado y, por el contrario, incluso el interior de la organización ha sido ajena al debate. Mientras hablaban de hacer participar a los ciudadanos de Cataluña en elaborar el Estatuto, hemos sido incapaces de implicar ni tan solo a los propios militantes en el debate sobre el contenido. Después de un año y medio de elaboración a porta cerrada, el debate se ha resuelto en el Consell Nacional en una mañana en que se aceptaba o rechazaba. No es esta la manera de encontrar aportaciones, complicidades y apoyo para implicarnos en el debate, para aportar propuesta, para lograr apoyo y producir la necesaria movilización. Si EUiA quiere ser un movimiento sociopolítico de la izquierda alternativa ha de adoptar otras maneras de hacer, EuiA debe entender que solo implicando y abriendo la participación, más allá de la cúpula ejecutiva, es posible conectar con el pueblo trabajador y recoger el impulso necesario para tener perfil propio en la política catalana.

 
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