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Pensiones


Otra vuelta de tuerca al sistema público de pensiones


Paco Jiménez, Secretario de Organización del PCE-EPK de Navarra | noticiasdenavarra.com / 18 dic 10

MIENTRAS el presidente del Gobierno juraba y perjuraba que, pese a la crisis, no tocaría el gasto social, nos encontramos con uno de los ataques más brutales al Sistema Público de Pensiones que jamás se haya producido. De un lado, el proyecto de reforma enviado a la Subcomisión del Pacto de Toledo, con la pretensión de que esté listo para legislar a la vuelta del verano; de otro, la congelación de las actuales pensiones en 2011.

Las medidas que se proponen en el primero y que han tenido gran difusión, van desde el aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años al incremento del periodo de cómputo (de los 15 años actuales a 25, según parece), pasando por la ampliación del periodo mínimo de cotización (15 años en la actualidad) para acceder a la pensión.

Con el aumento de la edad de jubilación y en la tradición más netamente neoliberal, se pretende enterrar la vieja reivindicación del derecho de los trabajadores a reducir su tiempo de trabajo, en justa correspondencia con las mayores plusvalías generadas por la introducción de los avances tecnológicos en los sistemas de producción. Se dice que, como vives más, tienes que trabajar más para cobrar lo mismo o menos en tu retiro. Pero, además, hace tabla rasa del hecho de que en estos momentos, la tasa de empleo de las personas de 55 o más años es del 18,6%, frente al 70% del segmento de 25 a 54 años y el 48,5% de la población activa total. Y no es porque estas personas, próximas a la edad de jubilación, quieran salir del mercado laboral, sino sencillamente porque se les expulsa. Un hecho que les condena, una vez agotados los dos años de prestación por desempleo, a sobrevivir con un subsidio equivalente al 75% del Salario mínimo Interprofesional. Por añadidura, estos dos años adicionales para poder alcanzar la jubilación suponen, en términos económicos, la pérdida de alrededor del 10% de la pensión global que le correspondería percibir.

En cuanto a la ampliación del periodo de cálculo, las dos reformas anteriores (de dos a ocho años en 1985 y de ocho a 15 en 1996), supusieron un decremento de entre el 8% y el 10% de la pensión media. Si en este caso se aumenta 10 años, hasta los 25, supondría una pérdida añadida del 5%; y si se ampliara a toda la vida laboral, la pérdida alcanzaría el 16%.

El aumento del periodo mínimo de cotización puede suponer, sin más, la imposibilidad de acceder a una pensión para un número muy importante de trabajadores y trabajadoras. Teniendo en cuenta la altísima tasa de paro de los jóvenes (40% en estos momentos, pero por encima del 25% en periodos de expansión) y su tardía incorporación al mercado laboral, así como la precariedad y la corta duración de los contratos que sobre todo padecen los jóvenes y las mujeres; y si, además, en el caso de estas últimas, tienen las limitaciones de los contratos a tiempo parcial o el abandono temporal del mercado por las necesidades del cuidado de mayores, de enfermos o de niñas y niños, está claro que muchos y muchas tendrán serias dificultades para acumular los 15 años de cotización requeridos. Más aún si ese periodo se amplia. Para esas personas da igual que la edad de jubilación se mantenga en los 65 años. Tendrán que trabajar muchos hasta los 70, para poder optar a una pensión.

Para finalizar y en relación con la infamante congelación de las actuales pensiones en 2011, dar solo algunos datos de sus, al parecer, "generosas" cuantías: mientras el INE sitúa en 7.753 euros anuales (646 al mes) la renta que delimita el umbral de la pobreza, el 87% de las pensiones mínimas está por debajo de los 600 euros y afectan a cerca de 2,5 millones de personas. Y del total de pensiones, más del 50% están igualmente por debajo de 600 euros. Baste decir que la pensión media, según avance de junio 2010 del Ministerio de Trabajo, se sitúa en 779 euros (la de viudedad en 571 euros). Insisto: la pensión media, no la mínima. Y eso, después de más de una década de crecimiento esplendoroso y de superávits presupuestarios. Si vemos que, por ejemplo, el ingreso medio de una persona jubilada en Francia asciende a 2.214 euros y que la media de la OCDE está en 2.042 euros mensuales, con lo que eso supone de diferencias en las rentas salariales previas, etc., nos daremos cuenta de que España sigue siendo diferente. Y de que la huelga general debería ser un hecho, aunque se mantenga la edad de 65 años.

 
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