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PCE-EPK


Informe al Comité Nacional del PCE-EPK


Comité Nacional del PCE-EPK / 25 oct 03

Cada día se hace más evidente que Bush, Blair y Aznar mintieron ante sus parlamentos, sus propios países y ante el mundo entero para justificar la guerra de Irak, vulnerando las leyes internacionales y la Carta de Naciones Unidas. Una tras otra se han ido desmoronando las razones que esgrimieron para perpetrar la agresión. Una agresión que, ya lo dijimos entonces y repetimos ahora. obedeció a intereses económicos y de dominio de la zona por parte del imperialismo norteamericano.

La situación hoy en Irak, lejos de mejorar, ha empeorado sustancialmente. La guerra y la ocupación del país han llevado a la población iraquí a una crisis humanitaria, social y política de consecuencias impredecibles.

También la situación se hace insostenible para los EE UU que han sido incapaces de llevar la “paz” al país, como pretendían hacernos crecer. Han tenido que recurrir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en busca de una resolución que les asegure más recursos económicos y militares para apuntalar su precaria ocupación.

Las amplias movilizaciones realizadas en muchos países y en ciudades del Estado español el pasado día 27 de septiembre han expresado el rechazo a la ocupación, así como la exigencia de una retirada de las fuerzas de ocupación de Irak y la devolución inmediata de su soberanía. Sólo cabe ante este panorama continuar con la movilización y la denuncia allí donde nos encontremos.

Movilización y denuncia que es necesario reforzar para dar a conocer también la desesperación y humillación a que está sometido el pueblo Palestino, así como la amenaza de su definitiva aniquilación por parte de Israel. La política criminal de Sharon basada en represión y más represión, alimenta una escalada infernal de violencia.

La ya de por si devaluada “hoja de ruta” se ha convertido en papel mojado. Una propuesta insuficiente que carga la culpa de la violencia del lado palestino, exigiéndole que garantice la seguridad israelí y aplazando, de nuevo, la constitución del Estado Palestino hasta el año 2005. En tanto que a Israel sólo se le pide la congelación de los asentamientos y la retirada de las zonas ocupadas desde la Intifada. No contempla, por otra parte, ningún mecanismo internacional de control del proceso.

Mientras tanto, Sharon sigue aplicando su política de hechos consumados ampliando colonias en territorio palestino que con el paso del tiempo harán prácticamente inviable la construcción de un Estado y construyendo un vergonzoso y aberrante muro de separación que pretende, además, anexionarse tierras palestinas. Su arrogancia y prepotencia militar no tienen límites poniendo en peligro la precaria situación en Oriente próximo con la incursión militar en Siria bajo el pretexto de combatir el terrorismo.

Es urgente redoblar esfuerzos en la denuncia de esta situación y en la movilización para exigir a la Comunidad Internacional que obligue a Israel a la retirada de sus tropas, a la devolución de los territorios ocupados, la destrucción del muro y el reconocimiento de la soberanía del pueblo palestino.

En otra zona del planeta hemos visto estos días que tanto la convulsión que se está viviendo en Bolivia, así como los diferentes procesos que se vienen desarrollando en América Latina representan los anhelos de una parte muy grande de los pueblos por la búsqueda de una nueva cultura solidaria, participativa y de justicia social.

Más allá del detonante que ha supuesto el intento del Gobierno de Sánchez de Lozada de dar la explotación y exportación del gas a las empresas transnacionales, los sangrientos sucesos de Bolivia son un estallido social en contra de la situación de extrema pobreza, hambre y marginación de la mayoría de la población, y en contra de la negación de los derechos históricos de los pueblos originarinarios por parte del poder. Situación que viene siendo alentada por los sucesivos gobiernos neoliberales apoyados por Washington, el ejército y los sectores financieros del país.

La brutal represión del Gobierno con decenas de asesinatos ha pretendido acabar con las manifestaciones del pueblo boliviano en defensa de su dignidad y soberanía. El movimiento popular ha provocado la caída del Presidente por tener las manos manchadas de sangre y exige, ahora, el inicio de un proceso que desemboque en una Asamblea Nacional Constituyente que garantice los derechos de los pueblos originarios, el aprovechamiento nacional de sus recursos naturales y la puesta en marcha de reformas que permitan salir de la pobreza en que vive el país.

También en Latinoamérica, en estos últimos meses, hemos sufrido una infame campaña contra la revolución y el gobierno cubano por parte de los EE UU, Europa y España. El PCE ya manifestó en su momento el desacuerdo por los fusilamientos y las largas condenas dictadas. Y lo hizo desde la defensa de los mismos principios que inspiraron la revolución cubana, pero marcando con absoluta nitidez la distancia que nos separa de aquellos sectores de la derecha más recalcitante que anima a la reacción norteamericana y a la mafia de Miami a un desembarco en Cuba que sería dramático para las condiciones de vida del pueblo cubano y truncaría los incipientes procesos de cambio en América Latina.

Desde el PCE-EPK manifestamos nuestro total apoyo y solidaridad con el proceso revolucionario en Cuba que ha hecho posible la consecución de grandes avances sociales en sanidad, educación, cultura, etc. y que representa un importante referente para muchos pueblos que luchan por la paz y la justicia social.

No podemos más que desenmascarar la hipocresía de aquellos que reclaman a Cuba el respeto a los derechos humanos y promueven o callan ante la pena de muerte en EE UU y ante la indefensión y situación en que se encuentran los presos en Guantánamo. Eso sin hablar del desprecio que muestran los EE UU hacia los más elementales derechos de los pueblos cuando los invaden, expolian, empobrecen y los condenan a la marginación y a la muerte.

Ante todo esto es necesario contribuir a organizar el movimiento antiglobalización. Un movimiento que ya tiene un camino andado con resultados importantes y con actuaciones concretas que no pueden ser ignoradas por los poderosos del mundo. Ellos saben que es un peligro real que este movimiento, de carácter general y raíz anticapitalista, pueda consolidarse ya que conecta con los anhelos de millones de personas que quieren un mundo mejor, por eso intentan también criminalizarlo e identificarlo con el terrorismo. Hoy es una tarea principal para todos los comunistas y organizaciones del Partido llevar a nuestro entorno el movimiento “otro mundo es posible”.

En el terreno Europeo nos encontramos inmersos en la construcción de una Europa en la que pugnan dos modelos antagónicos: el estilo de sociedad norteamericano, con niveles muy bajos de protección social, poca participación política y sometimiento pleno a los dictados militares USA… O una Europa más social, más democrática, garante de los derechos humanos y de la paz. Esta es la Europa que nosotros preconizamos.

La Constitución europea, que está en fase de elaboración y que será sometida a referéndum el próximo año, no contiene una carta social básica, ni mecanismos adecuados para superar el déficit democrático, ni una política de seguridad y defensa soberana controlada por el Parlamento. Habrá que trabajar e intervenir, pues, en todos aquellos foros donde nos encontremos para hacer realidad una Europa social que apueste por la defensa de los derechos humanos y por la paz.

En cuanto a la situación en España, ésta no ha variado sustancialmente en estos últimos meses. Al talante autoritario y la política de criminalizar al adversario al que nos tiene acostumbrados Aznar, se unen las políticas de recorte de los derechos y las libertades democráticas. Seguimos manteniendo las tasas más altas de desempleo y también de temporalidad, cercana al 31%, de toda la Unión Europea, además de estar a la cola en gasto social.

El paro sigue aumentado en tasa anual desde octubre del año pasado, afectando de forma más acusada a mujeres y jóvenes, al tiempo que expulsa del mercado laboral a las personas mayores de 55 años. A ello hay que añadir la escasa calidad del empleo y su falta de estabilidad, siendo ya cuatro millones de asalariados los afectados por contratos temporales que, en el caso de jóvenes y mujeres, son cada día de más corta duración. El gobierno del PP no hace esfuerzo alguno por mejorar esta situación lo que desemboca en un incremento de la precariedad y de la siniestralidad laboral.

Con la imposición de la asignatura de Religión católica en la Enseñanza, el Partido Popular nos ha llevado a épocas preconstitucionales, atentando gravemente contra el carácter laico que debe tener la educación. El gobierno de Aznar ha impuesto esta medida a pesar del rechazo que ha generado en el mundo de la enseñanza y en gran parte de los partidos políticos, sin diálogo alguno y en contra de aquellos, católicos o no, que consideramos que este es un tema que corresponde al ámbito de nuestra privacidad. Esta medida obligará a tener que declarar las convicciones religiosas al tener que optar entre la versión confesional o el estudio del hecho religioso.

La Conferencia Episcopal ha mostrado su plena satisfacción porque además de garantizarles el adoctrinamiento en el ámbito de la enseñanza, les asegura la financiación necesaria para firmar conciertos educativos desde la educación infantil, todo ello en detrimento de la financiación a la enseñanza pública.

Los acontecimientos que se han desarrollado en la Asamblea de Madrid por la actuación de los dos tránsfugas de las listas del Partido Socialista, ponen al descubierto la corrupción y la tupida trama de intereses inmobiliarios que habita tras la actividad política, y nos lleva a un debate más de fondo sobre el modelo económico y neoliberal imperante que permite zonas de auténtica impunidad para la actividad ilícita, la especulación y el enriquecimiento fácil.

El bochornoso espectáculo ofrecido, de cuya primera responsabilidad no puede escaparse el Partido Socialista por presentar candidaturas con individuos de semejante calaña, daña gravemente la credibilidad de la actividad política en general y atenta contra la honestidad, el compromiso social y la transparencia, valores que la izquierda ha enarbolado históricamente.

El Partido Popular ha conseguido hacer creer a gran parte de la sociedad española que “todo va bien”, que la precariedad y la siniestralidad laboral son una consecuencia lógica del crecimiento económico y por tanto del bienestar social, que ésta es la única situación posible y que no hay otra alternativa. Se están asumiendo, peligrosamente, los valores más conservadores en todos los aspectos de la vida social política, económica y cultural. La aceptación de la filosofía del consumo, de la competitividad, del individualismo, del “sálvese quien pueda” genera actitudes insolidarias y la búsqueda de salidas personales a aquellos problemas que son de índole colectivo.

La gran preocupación es que la derecha avanza y se afianza socialmente a través de imponer sus valores más reaccionarios. Ante ello hay que actuar con contundencia, no podemos dejarnos vencer por la resignación o el abatimiento, es necesario hablar claro y decir a la gente que con una actitud pasiva no será posible desterrar políticas neoliberales que nos llevan a un futuro aterrador.



Situación en Euskadi

Sin lugar a dudas, el debate político en este último año ha venido marcado por el Plan Ibarretxe. Tras su primera presentación en el Parlamento en septiembre del año pasado, el próximo día 25, el Gobierno vasco dará luz verde a la tramitación del texto articulado presentado por el PNV.

El Partido ya valoró esta propuesta en octubre de 2002, considerando que era una propuesta inoportuna dado el alto nivel de crispación política existente en Euskadi amenazando, aún más, la convivencia. Que era poco realista ya que se enfrentaba al problema de su viabilidad, Y que tenía un marcado carácter electoral.

Ya entonces desde el EPK no compartíamos que la superación del Estatuto de Gernika fuese el problema prioritario ni el más sentido por el conjunto de la población vasca, tal como afirmaba el Partido Nacionalista Vasco para justificar su propuesta. Decíamos que era un problema prioritario para el PNV, que identificaba y confundía sus intereses partidistas y nacionalistas con los intereses del conjunto de la ciudadanía vasca. El PNV, decíamos, “no se conforma con ser el partido hegemónico del nacionalismo vasco, sino que aspira a ser el partido único del nacionalismo”.

Tampoco compartíamos que esta propuesta generaría mayor consenso que el actual Estatuto de Gernika, más bien al contrario, en torno al mismo considerábamos que se generaría una profunda división. De entrada nació con el rechazo de más del 50% del Parlamento Vasco, con la oposición de la Institución Alavesa y con serias reticencias del mundo sindical y empresarial y, recientemente, con el rechazo del Parlamento Navarro.

Al mismo tiempo, valorábamos que la propuesta se enfrentaba al problema de su viabilidad, pues precisa de la mayoría absoluta del Parlamento Vasco para iniciar la reforma del Estatuto de Gernika, así como la posterior aprobación por las Cortes españolas, eso sin contar con el obstáculo que supone el terrorismo de ETA, dada la condición que el mismo Lehendakari fijó para culminar el proceso, esto es, la ausencia de violencia para que la ciudadanía vasca se pueda manifestar en libertad.

El Plan Ibarretxe, decíamos entonces, “marcará durante los próximos doce meses el debate, tanto en Euskadi como en España, en torno a una agenda nacionalista, pasando a un segundo plano los problemas económicos, sociales y laborales”. Así ha sido, hemos vivido un año marcado por la polémica en torno al Plan Ibarretxe. El insulto, la descalificación y la tergiversación por un lado, así como la exaltación nacionalista por otro, han sido la base de la actividad política y del análisis de las diferentes fuerzas políticas, sin entrar en profundidad y con argumentos sólidos al fondo de la cuestión.

El Partido Popular, en un intento de patrimonializar la Constitución española al tiempo que no para de vulnerarla al no dar cumplimientos a muchos de sus contenidos, se ha eregido como el defensor de la unidad de España entendida como un proyecto centralista, autoritario y negador de la diversidad y la plurinacionalidad, que nos recuerda más a esa idea rancia y trasnochada de “una grande y libre”. Ha impuesto un freno al proceso de transferencias a las Comunidades Autónomas, reforzando el papel del Gobierno central, practicando una política de autentica involución autonómica. Ha intentado arrastrar por ese camino a un Partido socialista desorientado, sin una propuesta clara en este terreno, con diferentes y contradictorias propuestas internas y con el temor de abordar posibles modificación de la Constitución por las consecuencias electorales que pudiera acarrear.

El análisis que entonces hicimos sigue siendo de plena actualidad dado el empeoramiento, si cabe, de la situación política. El lamentable espectáculo de la vida política va transcurriendo de numerito en numerito, de bronca en bronca, con una abusiva utilización de los tribunales por parte de los partidos políticos para resolver conflictos de poder que deberían resolverse mediante el dialogo y el acuerdo. La judicialización de la política está consiguiendo que la ciudadanía no entienda nada sobre la disputa de unos y otros que interpretan las mismas leyes, pero con lecturas totalmente diferentes.

Mientras tanto, la actividad parlamentaria ha caído en picado. En estas últimas legislaturas la incapacidad de buscar mayorías y consensos suficientes ha provocado que la producción legislativa sea realmente raquítica. La Cámara vasca se ha convertido en un escenario de confrontación entre bloques enfrentados en torno al tema nacional. Ya no interesa discutir de política sanitaria, educativa, social o económica, todo lo envuelve el denominado “conflicto vasco”.

Se oculta que en Euskadi sufrimos casi un 10% de desempleo, un 32% de precariedad laboral, una creciente tasa de accidentalidad laboral que suma alrededor de 70 muertes en el presente año, una política fiscal regresiva favorecedera de las rentas más altas, una política social basada en el continuo recorte de prestaciones acompañada de la aplicación del déficit cero en los últimos presupuestos aprobados por el Gobierno Vasco y en los previstos para el año 2004, así como una nula respuesta a la crisis de sectores industriales importantes.

Al margen de la oportunidad, de la viabilidad, así como de los objetivos últimos que persigue el nacionalismo vasco con el Plan Ibarretxe, desde el EPK consideramos que hay que abordar este debate con argumentos y aportando nuestra propuesta de Estado Federal, diferenciada del Plan Ibarretxe.

Aún sin conocer el texto definitivo que presentará el PNV en el día de hoy, el borrador que fue filtrado a los medios de comunicación apunta hacia un modelo confederal tanto en su concepción soberanista, como en su tramitación y en algunos contenidos del mismo en materia de Justicia y Seguridad Social.

Desde el PCE-EPK consideramos que es necesario abordar este debate con serenidad, siendo necesario el acuerdo previo entre las fuerzas nacionalistas y no nacionalistas para someter a referendum un tema de esta envergadura, así como que será condición imprescindible que cualquier consulta se haga en ausencia de violencia.

En ese sentido, nuestra propuesta se concreta en la construcción de un Estado Federal, plurinacional, democrático y solidario. Propuesta nítidamente perfilada por Izquierda Unidad Federal que se concreta, entre otras cosas, en la reforma del senado, la participación de las comunidades autónomas en la elección y composición de todos los órganos del Estado que sean comunes a la ciudadanía española, el desarrollo de una España plural desde el punto de vista lingüístico, cultural y político, el impulso de dinámicas autonomizadoras del Poder Judicial o la participación de las comunidades autónomas y los municipios en la expresión de la voluntad del estado en la Unión europea.


VII Asamblea de IU

Acabamos de iniciar el proceso de la VII Asamblea de IU. Este periodo que servirá para la actualización de nuestras propuestas e ideas, así como para la renovación de los órganos de dirección, debe abordarse con un espíritu crítico y a la vez constructivo. Es necesario que prime, como elemento principal, el sentido unitario e integrador en todo el proceso, asentado éste sobre el acuerdo político y la crítica en clave de superación.

Con esta idea hemos empezado a trabajar en Euskadi, aún sabiendo que la situación interna es difícil por la actitud que sigue manteniendo la mayoría de Ezker Batua que nos puede abocar a un proceso de confrontación que no sería nada beneficioso para la débil estructura organizativa que tenemos.

En la misma línea que recoge la Resolución del Comité Ejecutivo y del Comité Federal del PCE, el EPK realizará todos los esfuerzos necesarios para que la VII Asamblea de IU nos sitúe en un proyecto fortalecido en sus políticas y en su organización, con una mejor y mayor implantación social y con un mayor compromiso de unidad de acción que debe manifestarse desde una concepción federal de nuestro Proyecto.

Debemos desterrar definitivamente las estructuras paralelas a los órganos de dirección y no elegidas democráticamente, las decisiones deben ser fruto del debate a fondo y sin posiciones preconcebidas en los órganos correspondientes. Debemos también eliminar las tendencias disgregadoras, recuperando la conciencia de que sólo desde el máximo consenso y cohesión en la vida interna de IU se puede trasladar hacia el exterior confianza y credibilidad..

Por último, desde el EPK impulsaremos la más amplia participación en los debates de los documentos y decisiones en todos los ámbitos de IU.

Bilbao, 25 de octubre de 2003
COMITÉ NACIONAL DEL PCE-EPK

 
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