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Derecho al aborto


El Partido Comunista de Salamanca (PCE) acusa a la Junta de Castilla y León de dificultar los abortos legales por motivaciones políticas


Grupo de Trabajo de Feminismo del Partido Comunista de Salamanca (PCE) / 28 may 08

En nuestro país, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es un derecho reconocido a todas las mujeres dentro de los supuestos establecidos legalmente: a) Aborto terapéutico, con la finalidad de evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada. b) Aborto como consecuencia de embarazo derivado de violación y c) Aborto en previsión de nacimiento con graves malformaciones físicas o psíquicas.

Pero este derecho se extiende mas allá del hecho de que una mujer embarazada, en dichos supuestos, pueda acogerse a la posibilidad de interrumpir su embarazo. La red sanitaria pública tiene la obligación legal de atender dichas situaciones sin trabas y condiciones y haciendo posible que las mujeres en tales circunstancias, sean atendidas con la suficiente sensibilidad y la máxima confidencialidad, imprescindible en tales situaciones.

Por desgracia, la red pública sanitaria de Castilla y León y por lo tanto de Salamanca, no está permitiendo el ejercicio real del mencionado derecho, cuando en las clínicas y hospitales públicos de la provincia no es posible practicar la interrupción voluntaria del embarazo, por la objeción de conciencia de determinados facultativos que a su vez impiden que aquellos que no lo son tampoco puedan realizarlos, estando las mujeres obligadas, en tan difícil situación, a desplazarse a una clínica privada de Madrid con la que el Servicio Regional de Salud (SACYL) tiene concertada dicha prestación y por lo tanto viéndose en la necesidad de que sus circunstancias personales y sus necesidades sanitarias queden en manos de una empresa privada para ejercer un derecho amparado legalmente.

Desde el Partido Comunista de Salamanca reclamamos y exigimos a la Junta de Castilla y el León el cumplimiento efectivo del derecho de las mujeres a poder practicar la interrupción voluntaria del embarazo en el ámbito de la red sanitaria pública, sin tener que ponerse en manos de empresas privadas para ejercer un derecho que la ley y la justicia amparan y evitando un desplazamiento no solo incómodo físicamente, sino que emocionalmente precario en cuanto se ven alejadas de su ámbito familiar y sentimental, en unas circunstancias que ya de por si desagradables.

Consideramos que los gestores políticos de la sanidad pública de nuestra provincia, el Partido Popular, obligando a las mujeres salmantinas a tener que practicar la interrupción voluntaria del embarazo en una clínica privada de la Comunidad de Madrid, participa de una campaña política orquestada por los sectores mas fundamentalistas del país que tratan de impedir que las mujeres puedan interrumpir voluntariamente su embarazo incluso en los supuestos que la ley ampara.

El Partido Comunista de Salamanca, considera que el Partido Popular opta por esta política con la intención de, por un lado, dificultar al máximo el ejercicio de un derecho reconocido por ley, con la finalidad de imponer su modelo de familia que limita la libertad y los derechos de las mujeres y por otro, con la intención de reducir gastos en una cuestión sanitaria que no consideran básica, ya que en estas condiciones, muchas salamantinas, a costa de sus recursos económicos, optan por ser intervenidas en clínicas privadas de Salamanca o provincias limítrofes, ahorrando a la administración pública los gastos de esta intervención.

Desde el Partido Comunista de Salamanca reivindicamos y exigimos de la Junta de Castilla y León que cumpla con su obligación de dar un servicio público y en la red sanitaria pública, a una situación legal como es la interrupción voluntaria del embarazo; termine con la imposición de trabas y dificultades que actualmente impone a las mujeres y por lo tanto al conjunto de la sociedad y de una vez por todas se de cuenta, que la ley contempla supuestos legales para la interrupción del embarazo y que deben ser reconocidos y amparados por toda administración pública.

 
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