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Castilla León


El PCE denuncia el cierre de la papelera Smurfit y llama a las administraciones públicas a mostrarse inflexible ante las empresas que atacan a los trabajadores


Comité Provincial del Partido Comunista de Valladolid / 13 abr 08

Ante el anuncio del cierre de la papelera Smurfit ubicada en Arroyo de la Encomienda, el Comité Provincial del Partido Comunista de Valladolid quiere mostrar, primero, su solidaridad y apoyo a los más de 100 trabajadores despedidos y al comité de empresa que los representa. Al mismo tiempo, quiere denunciar las prácticas empresariales llevadas a cabo por la multinacional que lejos de dar una sola explicación por este cierre “irrevocable y definitivo” se mantienen enrocada con el único objetivo de desprenderse de unos trabajadores que, después de darles importantes beneficios, dejan tirados a su suerte. Porque la solución no puede pasar por recolocaciones de unos pocos en otras ciudades o en otros empresas con condiciones laborales inferiores.

El despropósito de Smurfit Kappa ha llegado a tal extremo que apenas un día después de dejar en la calle a 120 empleados tenía previsto inaugurar a bombo y platillo su nueva planta de Burgos, invirtiendo en ella más de 17 millones de euros. ¿Hasta cuando van a permitir las administraciones públicas este tipo de actuaciones? ¿Hasta cuando la Junta de Castilla y León va a seguir subvencionando estas prácticas empresariales? ¿Ésta es la respuesta de la patronal ante la crisis económica que sufren los vallisoletanos: más cierres, más despidos, más explotación, menos derechos laborales? Exigimos, además, que de producirse este cierre, se vigile y garantice que con los terrenos en los que está ubicada la factoría no se especule cambiado el uso del suelo.

Desde el Partido Comunista de Valladolid llamamos a las administraciones públicas y a los agentes sociales a plantar cara de una vez a las empresas que tras disponer de todos los servicios económicos e infraestructurales que ofertan las administraciones locales, provinciales y autonómicos cierran impunemente sus negocios cuando ven otras posibilidades de seguir incrementando sus beneficios. Beneficios que salen, no lo olvidemos del trabajo de sus contratados y del dinero público que reciben directa e indirectamente.

Por último, hacemos un llamamiento a la sociedad vallisoletana a que participe en todas y cada una de las movilizaciones que convoquen los trabajadores despedidos, porque entre todos podemos poner fin a estas prácticas que rayan la ilegalidad.

 
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