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Madrid


El PP adjudica a dedo


Agrupación del Partido Comunista de San Martín de la Vega (Madrid) / 19 mar 08

La señora Alcaldesa de nuestro Municipio y sus serviles Concejales se preocupan por sus amigos.
El pasado 28 de febrero convocan una Comisión de Gobierno Extraordinaria y Urgente para dar a dedo a sus amigos:

HIJOS DE JULIO LLANOS: La instalación de la valla encierro. Por 12.000 euros.

SUFI.SA ( GRUPO SACYR), se le adjudica:
· Refuerzo de limpieza recintos feriales. Por 12.000 euros.
· Refuerzo para recogida de basura en fiestas. Por 12.000 euros.
· Refuerzo limpieza viaria y parques y jardines en fiestas. Por 12.000 euros.
· Montajes de escenarios. Por 12.000. euros.
Total: 48.000 euros (ocho millones de pesetas) para sus amigos de SUFI.SA. Teniendo en cuenta que nuestras fiestas duran cuatro días vamos a regalar a esta empresa dos millones de pesetas por día.
Esta empresa perteneciente al grupo de SACYR viene cobrando numerosos favores a nuestra Alcaldesa.
- 15 días una barredora que se perdía por el municipio por desconocer sus calles, dado que tanto la maquina como el conductor venía de su explotación de Alcalá de Henares.
- 2 días por recoger la huelga de los trabajadores municipales.

Desconocemos la cuantía en metálico de estos favorcillos a nuestra Alcaldesa. Pero sí sabemos que fueron otorgados a dedo por la Alcaldesa y grupo de Concejales del PP.

Consideramos que estos gastos son totalmente innecesarios dado que tenemos a nuestros trabajadores municipales.

Además de injustos por concederse a dedo a la empresa SUFI.SA un contrato por un montante de 48.000. euros sin pliego de condiciones y sin dar opción a otras empresas.

Es habitual escuchar a nuestra Alcaldesa y corporación del PP quejarse de no tener dinero ¿no hay dinero? O sólo hay para los amigos.

LAS CONSECUENCIAS DE LA
PRIVATIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO


La privatización de la gestión pública que es la privatización de un bien y un capital público. Es abaratar a costa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y a costa de la calidad en el servicio.

Los procesos de privatización de la administración y la gestión pública, tienen consecuencias directas que suponen: en primer lugar, trasvasar dinero de los presupuestos públicos hasta el sector privado, en segundo lugar suponen privatizar la propia gestión pública y en tercer lugar la destrucción pura y dura del empleo estable y de calidad, lo cual repercute sobre la calidad del empleo.

La Administración Pública se ha convertido en un suculento recurso para explotar por las grandes empresas. En España son grandes constructoras las que están acaparando el sector servicios, en limpieza, recogida de basuras, jardinería, mantenimiento, ayuda domicilio, vigilancia y seguridad, conserjería, lavandería, …, gestión de residuos sólidos. Los recursos públicos que eran gestionados por la Administración Pública, van a parar como plusvalía para grandes empresas privadas cuyos recursos e intereses son ajenos a los ciudadanos y cuyo control se escapa de las fronteras de un estado.

La privatización de la gestión pública en sí es un cambio del tipo de gestión y esto nos lleva a una reflexión sobre el control que los ciudadanos ejercemos sobre la gestión de los servicios públicos, control que no puede ejercerse sobre la gestión privada, puesto que es exógena. Al no existir dichos mecanismos de control de empresas privadas por parte de los ciudadanos, ¿tendremos que crearlos también a cuenta del erario público? ¿volver a crear otra estructura paralela? ¿legitimaremos así este proceso impuesto por gobiernos e ideologías que se pliegan a los intereses de las grandes empresas antes que servir a los ciudadanos y vecinos que los han elegido?
La gestión pública es usurpada por grandes empresas y las Administraciones públicas son capturados económicamente y con unos contratos de concesión que, por ejemplo en limpieza viaria, recogida de basuras y jardinería, pueden oscilar entre los 5 o 20 años. Está siendo frecuente que superen el curso de una legislatura, hipotecando pues las decisiones políticas de futuros cargos electos a unas estructuras económicas impuestas con anterioridad por otros gobiernos, lo cual es un atropello a la democracia.

Respecto al empleo, a corto plazo supone la desaparición de empleo estable y de calidad, con unas condiciones salariales y de trabajo que se recogen en un convenio con la administración. Los empleados de ser empleados públicos pasan a tener otra relación contractual respecto al empleador. La privatización supone el cambio de la gestión ¿Desaparecerá la función pública, con el compromiso de los funcionarios y los empleados públicos con los ciudadanos, así como la responsabilidad que se exige de sus actos, desaparecerá la gestión como compromiso con los ciudadanos, desaparecerá el carácter democrático del control de la gestión?

A corto plazo el transvase de yacimientos de empleo hacia el sector privado va a suponer la desaparición de oferta de empleo público en la Administración, y consiguientemente supondrá la desaparición de empleo estable y de calidad. Los anteriormente empleados públicos no podrán aportar la antigüedad como méritos para el acceso a un empleo para la administración pública puesto que tales tipos de empleos ya habrán desaparecido.
Por tanto, a medio y largo plazo se produce el aumento de la inestabilidad en el empleo, fragmentación del mercado laboral y desregulación laboral. Expresado en términos de oferta y demanda, al existir un exceso de demanda sobre los puestos de trabajo va a suponer en la práctica un descenso de los salarios, así como el empeoramiento de las condiciones laborales, tanto salarios, horas trabajadas, y por tanto el precio hora caerá a la baja.

Se produce una fragmentación de las plantillas que se suelen dividir según diversos servicios, con diversos salarios, diversos convenios, diversos derechos. Este es el fenómeno que se ha producido en Metro de Madrid, donde para trabajos iguales existían unas condiciones desiguales entre los trabajadores pertenecientes a contratas diferentes o a convenios diferentes o contratados en ocasiones diferentes y que realizan el mismo trabajo y que condujo al estallido de una sonora huelga. Desde que se produjo la privatización de los empleados del Metro, se ha llegado a unas condiciones infrahumanas de trabajo y de salarios, siempre a la baja.

Las políticas que tienen como objetivo la “gestión", el déficit cero, la eficacia y eficiencia, enmascaran políticas privatizadoras. Estas politicas contraponen los intereses privados y de grandes corporaciones a los intereses de los ciudadanos y vecinos. En muchas ocasiones pretenden vendernos que es una gestión más barata. Barata, ¿a costa de qué? ¿Del control democrático, de la repercusión social, de la precarización laboral y salarial?

Lo que sí es cierto es que el trasvase inicial repercute en los capítulos presupuestarios más "caros", los salariales, y que son férreamente controlados por la propia administración, y, sin embargo pueden aumentar el gasto en otros capítulos sin que "salten" los mecanismos de control, claro está aunque esto suponga un endeudamiento progresivo que repercutirá sobre los administrados más pronto que tarde. Por tanto a largo plazo supone un endeudamiento de las administraciones, que no pueden sustraerse de la gestión privada con la que han contraído relaciones contractuales y económicas y para las que deberán generar los sobrecostes (endeudarse, generar más impuestos o subirlos…) para que dichas empresas obtengan su plusvalía.

Otras son también las consecuencias a largo plazo como: la precarización laboral que afectará especialmente a los sectores laborales más frágiles, el empleo de las mujeres, los jóvenes y los emigrantes, así como las repercusiones sociales de la privatización como son el aumento de la marginación, la exclusión social y la violencia social que se produce como efecto dominó como consecuencia de la precarización.

Frente a estas secuelas, ¿asumiremos la totalidad de la sociedad, o la administración pública los costes económicos, sociales y políticos de las políticas privatizadoras, con medidas que mitiguen estos efectos? o ¿elaborán medidas coercitivas y/o punitivas sobre los resultados asociales y antidemocráticos de tales políticas?

 
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