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Resolución de la Comisión Permanente Federal del PCE


Por una vivienda digna para todas y todos



Comisión Permanente Federal del PCE / 23 jun 06

A propuesta de la Secretaría de Movimientos Sociales

El problema de la vivienda en nuestro país ha alcanzado unas dimensiones tales que amenaza con erosionar los mismos fundamentos de la democracia. Miles de ciudadanos, la mayoría de ellos jóvenes, no pueden desarrollar una vida normal, no pueden organizar su existencia ni un futuro medianamente digno, ni mucho menos participar como tales ciudadanos en la esfera pública; porque no tienen acceso a un derecho tan elemental como el de disponer de un hogar, un derecho constitucionalmente reconocido de manera tan inequívoca como se incumple en la práctica.

La condena de toda una vida laboral, y más, atenazado por una hipoteca; elevación de precios hasta el delirio; inexistencia de viviendas de alquiler accesibles; apartamentos minúsculos vendidos como si fuesen de lujo... Y del otro lado: millones y millones de beneficios para los especuladores inmobiliarios, con la colaboración de los poderes públicos, en especial de los ayuntamientos; miles de viviendas vacías; el mayor volumen de construcción de Europa; corrupción económica y política. Todo ello, unido a la creciente precariedad laboral, dibuja un panorama desolador ante el que la izquierda, y en general la ciudadanía, no pueden permanecer impasibles.

La reivindicación del derecho a la vivienda requiere de una sublevación ciudadana en contra de las mafias urbanísticas y de sus cómplices en los poderes públicos. De manera espontánea, centenares de jóvenes y no tan jóvenes están empezando a protestar en las calles de diferentes ciudades españolas. El PCE les apoya de forma inequívoca.

No sirven ya medidas presuntamente paliativas del tipo de las que se vienen empleando sin resultado alguno en los últimos años. Los bombos de la suerte de las VPO, aparte de para las pertinentes fotos institucionales con finalidad electoral, resuelven el problema para una ínfima minoría de afortunados, y para éstos sólo a medias, porque les deja atados durante años a las hipotecas.

Ninguna fórmula que se inserte en el mercado, ni siquiera las cooperativas, atajan de raíz el mal. La experiencia demuestra que el mercado reproduce el mal o, en otras palabras, que precisamente el mercado inmobiliario es el problema. Los poderes públicos no se enfrentan a la carestía de la vivienda como un problema que se tiene que resolver para garantizar un derecho. Por el contrario, se enfoca el mercado inmobiliario como un sector económico, seguramente el más lucrativo del capitalismo español, cuya tasa de beneficio hay que sostener. De ahí que en los programas económicos, no sólo del PP, también del PSOE, se asuma como uno de los objetivos prioritarios evitar el hundimiento de los precios.

El incremento de la construcción tampoco resuelve nada. España concentra casi la mitad del volumen de construcción de toda la Unión Europea, y simultáneamente tenemos uno de los mayores porcentajes de ciudadanos sin posibilidad de acceder a una vivienda digna. La situación de nuestro mercado inmobiliario es grave: miles de personas sin vivienda, miles de viviendas sin personas, billones de ganancias para las mafias.

Solamente cabe una alternativa: un giro radical en las políticas que se han venido practicando hasta ahora. Es imprescindible atacar el corazón de la trama de intereses capitalistas en los que se basa el tinglado inmobiliario de nuestro país. Ya no caben medias tintas; ya ni siquiera hay margen para las medias tintas.

Ese giro radical en la política, cuando menos, pasa por:

1.- La regulación pública de la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, asegurando que la comunidad participe en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Esto es algo que recoge nada menos que el artículo 47 de la Constitución de 1978, un mandato que, sin ser revolucionario, se ha venido incumpliendo de forma sistemática durante más de veinte años, uno de esos mandatos constitucionales de los que rara vez se acuerda el poder político.

Hay que exigir a los Ayuntamientos el inventario y la recuperación de los PMS mediante la acción pública contemplada en el art. 68 de la Ley de Bases del Régimen Local, para la defensa de los bienes y derechos municipales, como los aprovechamientos urbanísticos públicos, malvendidos o desviados ilegalmente para financiar los gastos corrientes municipales o inversiones diferentes a las de viviendas sociales.

El suelo público debe convertirse en una herramienta básica para garantizar el derecho a la vivienda de la ciudadanía y bajo ningún concepto se puede dilapidar, como hace la inmensa mayoría de los Ayuntamientos, ni enajenar para financiar necesidades diferentes a la de la vivienda y mucho menos para operaciones especulativas. Hay que fomentar que los ciudadanos denuncien administrativa y judicialmente a todas las corporaciones locales que hagan esto último.

2.- Es inaplazable poner freno a los procesos de liberalización del suelo, gran enfermedad de nuestra economía y causa de fondo de la corrupción urbanística. Para ello es necesario derogar la Ley 6/1998 sobre régimen del suelo y valoraciones, la estrella del PP en la liberalización del suelo que iba a solucionar el problema de la vivienda.

Todo el mundo sabe que Marbellas hay muchas repartidas por toda nuestra geografía. La corrupción no es el fruto de la acción malévola de una minoría de concejales venales, como pretende el gobierno. Se origina como consecuencia de una trama de intereses económicos que la liberalización nutre. Mientras estos intereses subsistan, mientras la banca siga concentrando suelo de dimensiones equivalentes a catorce veces las Islas Baleares y persista la colusión de las entidades financieras con constructoras, inmobiliarias y poderes públicos, habrá dinero de sobra para comprar a cargos públicos y cargos públicos dispuestos a venderse.

3.- Se ha de poner fin al clientelismo político de las VPO y sustituirlo por el nuevo sistema de las Viviendas de Alquiler Limitado, con el fin de los bochornosos espectáculos municipales de los bombos de la suerte de VPO.

Hace más de cien años que Engels escribió que la opción entre alquiler o propiedad marcaba la diferencia entre una política obrera y una política burguesa de vivienda. Hoy se afirmación continúa siendo cierta.
La única alternativa que realmente se encamina a la resolución del problema es la creación de un parque público de viviendas en alquiler a precios limitados y separado del mercado. Ello romperá el espinazo de la burbuja inmobiliaria y de los intereses asociados a ella.

Sería incluso preciso promover ideológicamente la sustitución de la propiedad por el alquiler, invitando a los propietarios de viviendas hipotecadas a su venta antes de que estalle la burbuja inmobiliaria.

Ahora bien, hay que desenmascarar la estúpida mentira de que los españoles carecemos de “cultura de alquiler”. Explicar un hecho económico por vagas razones psicológicas y culturales, como si los españoles tuviésemos una propensión genética a la propiedad inmobiliaria, carece de sentido desde un punto de vista marxista, pero también desde el punto de vista del mero sentido común. Es tan absurdo como afirmar que los obreros de la construcción con contratos de trabajo precarios carecen de espíritu aventurero y por eso no se compran barcos. El comportamiento económico de las sociedades siempre se debe a motivos estructurales. Los españoles rehúsan del alquiler mayoritariamente porque las viviendas ofrecidas en alquiler en el mercado son muy pocas y a precios desorbitados, por lo que resulta más rentable comprar. La falacia consiste en crear primero las condiciones materiales para que no haya vivienda en alquiler y después atribuir a una presunta “mentalidad de propietario” su inexistencia.

En la medida en que los poderes públicos garantizaran la existencia de miles de viviendas en alquiler dignas, la “mentalidad” cambiaría. Seguro.

4.- Por último, habría que incentivar públicamente la bioconstrucción y promover la utilización de energías alternativas en el parque inmobiliario existente. La destrucción del entorno no es uno de los inconvenientes menores del funcionamiento del actual tinglado inmobiliario.

Ahora bien, estos ejes programáticos no van a ser asumidos por responsables públicos y empresas que se benefician de la corrupción generalizada. La rebelión ciudadana, la movilización, en este asunto como en tantos otros, es nuestra única posibilidad de avanzar.

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