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Toda nuestra solidaridad con Valtonyc y los demás cantantes, creadores y artistas que están padeciendo una persecución penal impropia de una democracia.
La condena de Valtonyc es un paso más en la escalada antidemocrática del sistema jurídico de nuestro país



PCE / 22 feb 18

El Partido Comunista de España quiere denunciar la criminalización de la opinión política y la degradación de un sistema judicial que condena a las personas creadoras por cantar sus letras mientras deja libres a quienes se enriquecen con casos de corrupción comprobados.

La confirmación por el Tribunal Supremo de la condena de tres años de prisión impuesta previamente al rapero Valtonyc por la Audiencia Nacional por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona ha sido el último de una larga lista de excesos judiciales (cabe recordar los casos de Cassandra Vera, César Strawberry, La Insurgenia o Pablo Hasél) que indignan a cualquier demócrata defensor de las libertades públicas, además de causar un estupor sin límites en Europa.

Esta sentencia pone nuevamente de manifiesto la parcial aplicación de las leyes penales por un poder judicial cada día más al servicio de los poderosos y de los sectores más reaccionarios de este país. Los encarcelamientos de titiriteros o cantantes y las condenas por los contenidos de chistes antifranquistas o por fotomontajes con imágenes religiosas conculcan derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión o de creación artística, reducen nuestras libertades y degradan la cada vez más escasa calidad democrática del Estado de Derecho. Nuestra Constitución garantiza la libre difusión de ideas, pero la judicatura cada vez con mayor frecuencia castiga con la cárcel la difusión de afirmaciones que siendo expresión de ideas simplemente no coinciden con sus creencias políticas o religiosas.

En una clara muestra de déficit democrático, la judicatura considera un grave delito que un cantante diga en una canción “los borbones son unos ladrones”, a pesar de que al menos un miembro de esa familia ha sido condenado por malversación de dinero público y sin que haya explicación posible que aclare cómo se pasa en apenas 40 años de no tener un destacado patrimonio a tener una de las fortunas mas elevadas de Europa, según ha publicado la revista Eurobussines respecto a Juan Carlos de Borbón.

El PCE considera políticamente insostenible la existencia en nuestro Código Penal de delitos como el de injurias a la Corona o el de enaltecimiento del terrorismo, por tratarse de tipos penales que dejan demasiado espacio de interpretación a una judicatura habituada, según estamos comprobando a diario, a practicar la persecución ideológica del disidente, o a aplicar el arbitrario derecho penal del enemigo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España en varias ocasiones por vulnerar la libertad de expresión, manifestando que no debería existir un delito de injurias a la Corona por no corresponderse con los establecido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que no permite discriminación alguna entre las personas en función del cargo público o institucional que ocupen, máxime si este no ha sido elegido democráticamente, como es el caso de “La Corona”.

El PCE trabajará por la eliminación de nuestro Código Penal de los tipos penales que permiten condenar a prisión a personas por el mero hecho de hacer manifestaciones públicas y hacemos un llamamiento a abrir un amplio debate sobre la necesidad de poner en marcha un amplio movimiento ciudadano en defensa de la libertad de pensamiento y de expresión de las ideas.

Llamamos la atención de la sociedad española sobre las causas que permiten la existencia de estas esperpénticas sentencias, que no son otras que la existencia de un poder judicial demasiado politizado, conservador, endogámico desde los tiempos de la dictadura franquista y atrasado en su forma de entender y aplicar la laicidad del Estado. Es urgente una reforma de la carrera judicial, homologándola a la mayoría de los sistemas europeos, donde el acceso no depende exclusivamente de un ejercicio memorístico sino también de una valoración del itinerario profesional y de una ponderación entre el conocimiento de las leyes y la capacidad de aplicación de las mismas conforme a criterios democráticos y respetuosos con la declaración universal de los derechos humanos. Nuestra libertad no puede estar en manos de una judicatura irrespetuosa con los principios democráticos.

Toda nuestra solidaridad con Valtonyc y los demás cantantes, creadores y artistas que están padeciendo una persecución penal impropia de una democracia.

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