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Resolución del XX Congreso del PCE sobre Memoria Democrática



PCE / 05 dic 17

El Congreso del PCE ha incorporado a sus materiales el mandato de superar las distintas trabas al reconocimiento de todas las víctimas del franquismo que aún existen en la legislación española, trabas entre las que se encuentran la vigencia de las sentencias de los tribunales franquistas, los impedimentos para juzgar a los responsables de los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por el régimen franquista y sus colaboradores, la ausencia de investigaciones históricas y judiciales que garanticen el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de todas las víctimas y las serias limitaciones de la actualmente vigente ley de Memoria Histórica.

En cumplimiento del anterior mandato, el PCE muestra su compromiso con la garantía de los derechos de todas las víctimas del franquismo a la Verdad, la Justicia y la Reparación con garantías de No Repetición, conforme a las distintas declaraciones y normas aprobadas por las Naciones Unidas.

Componentes de nuestra estrategia:

1. Modificación de la Ley de Memoria Histórica introduciendo: la nulidad de iure (por ley) de las sentencias emitidas por los tribunales del franquismo contra opositores políticos y defensores de la legalidad republicana; la obligación del Estado de proceder a la apertura de fosas y a la identificación de los restos humanos; obligación del Estado de iniciar actuaciones judiciales respecto a los delitos de guerra o de lesa humanidad cometidos respecto a las personas asesinadas cuyos restos se encuentran en dichas fosas.

2. Aprobación de una ley de víctimas del franquismo, que califique el régimen franquista de ilegítimo e ilegal –en la línea de las resoluciones emitidas la Asamblea General de las Naciones Unidas- y otorgue el debido reconocimiento político a las víctimas del franquismo y reconozca aquellos derechos y prestaciones sociales que en su caso aun no les hayan sido reconocidas.

3. Ley de Amnistía de 1977: Ninguna actuación sobre la ley de Amnistía debería poder ser interpretada como dar la razón a las distintas resoluciones de los tribunales españoles – en espacial respecto a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo- que han venido manteniendo que la Ley impide juzgar los crímenes del franquismo. El Derecho Internacional, desde la aprobación de los Principios de Núremberg en 1947, prohíbe la amnistía de los crímenes de lesa humanidad y de guerra, al igual que la Convención sobre Genocidio de 1948 obliga a perseguir este crimen en todos los casos. Posteriormente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 –artículo 15.2- estableció la misma previsión. Por lo tanto, el articulo 2o, literales e) y f) de la Ley de Amnistía de 11 de octubre de 1977, nunca debió ser interpretado por los Tribunales como una amnistía respecto a crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio cometidos por funcionarios públicos, sino que dichos preceptos solamente permiten amnistiar delitos no considerados internacionales o no amnistiables e imprescriptibles.

Por lo anterior, nuestra propuesta sobre la Ley de Amnistía debería partir de las anteriores consideraciones y proponer:

a) Derogación legislativa y/o conseguir una declaración judicial de nulidad de los literales e) y f) del artículo 2 de la Ley de Amnistía respecto a crímenes considerados internacionales, esto es imprescriptibles y no amnistiables.

b) Introducción de un párrafo o inciso en el código penal donde se efectúe la anterior aclaración fundamentada en el derecho internacional vigente desde 1947: imposibilidad de aplicar amnistía respecto a crímenes considerados internacionales, esto es imprescriptibles y no amnistiables.

Madrid, 2 de diciembre de 2017

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