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El PCE pide justicia, verdad y reparación como exigen las organizaciones de Derechos Humanos, ante la petición de tratamiento diferenciado a los militares chilenos condenados por crímenes contra la humanidad



José Luis Centella Gómez | Enrique Santiago / 01 ene 17

Madrid, 1 de enero. El pasado día 23 de diciembre, en una ceremonia religiosa celebrada en la cárcel de Punta Peuco, Chile, diez agentes del Estado –militares y carabineros- condenados a largas penas de prisión por crímenes de lesa humanidad, pidieron perdón a sus víctimas por las graves violaciones a los derechos humanos que cometieron durante la dictadura de Pinochet.

Estas declaraciones han ido precedidas de un anuncio de los abogados de estos violadores de los derechos humanos, anunciando que sus clientes se acogerían a una norma penal existente en Chile, el decreto ley n°321 del año 1925, que establece como condición esencial que el delincuente que solicita beneficios penales se encuentre “corregido y rehabilitado para la vida social”.

Estos hechos han abierto un encendido debate en Chile y en toda la comunidad internacional de defensores de los derechos humanos, sobre el derecho de los condenados por graves crímenes de lesa humanidad a optar a beneficios penales, así como sobre el alcance legal y ético de las solicitudes de perdón por los victimarios a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos.

De forma poco reflexiva y quizás con clara intencionalidad oportunista política, el ministro de Justicia de Chile, Jaime Campos, terció en el debate señalando como “falta de coraje” las posiciones de aquellos defensores de los derechos humanos y de las organizaciones de víctimas de la dictadura chilena que se han opuesto a los beneficios penales solicitados por estos militares condenados por crímenes tales como violaciones de mujeres y hombres, incluso menores, quemar vivos a seres humanos, torturar sistemáticamente a miles de opositores políticos, hacer desaparecer a centenares de chilenas y chilenos, usar cianuro, gas sarín, matar mujeres embarazadas, degollar a abogados, destrozar a patadas o a golpes el cráneo de intelectuales, artistas y científicos, y otras muchas atrocidades cometidas impunemente por el régimen militar chileno durante años.

El derecho internacional - y la ética humana- establece como derechos inalienables de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición. La justicia a impartir en casos de violaciones de los derechos humanos puede bien ser exclusivamente retributiva, penas de prisión, o bien restaurativa, esto es penas alternativas y tratamientos penales diferenciados que permitan al reo reinsertarse en la sociedad a la que ataco cruelmente. Pero cualquier tratamiento penal alternativo a la prisión para estos delincuentes debe venir precedida de un reconocimiento completo, detallado y exhaustivo de la verdad de lo ocurrido, a ser posible de forma temprana, para así reparar a las víctimas y a sus deudos, y evitar que, por ejemplo, crímenes tales como la desaparición forzada de personas sigan victimizando a los familiares y amigos de los desparecidos por ignorar eternamente el destino y paradero de las víctimas.

La realidad es que las peticiones de perdón de los victimarios presos en Punta Peuco han omitido cualquier ofrecimiento de verdad y de información sobre cómo se cometieron sus crímenes, quienes los ordenaron, quienes participaron así como sobre el destino y paradero de los desaparecidos. Estas obvias omisiones impiden conocer la verdad, y no suponen garantías de no repetición, ni suponen preparación alguna a las víctimas de sus incalificables crímenes.

Más bien parece que estamos ante oportunistas declaraciones, medidas en cada frase y palabra, para no implicar a otros responsables de estos crímenes que aún no hubieran comparecido ante la justicia, declaraciones que no ofrecen reparación alguna ni tan siquiera dan cuenta de la verdad completa de lo ocurrido y sobradamente conocida por ellos desde hace décadas, las mismas que llevan guardando un cobarde silencio.

En esas condiciones, no es conforme a derecho ni procedente éticamente que estos violadores de los derechos humanos disfruten de beneficio penal alguno, dependiendo únicamente de su voluntad el realizar una verdadera solicitud de perdón a las víctimas que incluya la verdad detallada de lo ocurrido y ofrezca reparaciones a sus víctimas, así sean inmateriales, además de la obligación de ofrecer garantías efectivas de no repetición.

Pedimos al Gobierno de Chile que condicione cualquier tratamiento penal diferenciado o beneficio penitenciario a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos, a una declaración detallada, completa y exhaustiva de la verdad de los hechos, al ofrecimiento de reparaciones efectivas – así sean inmateriales- a las víctimas y al compromiso claro y expreso con la no repetición de lo ocurrido. En caso contrario, otorgando beneficios penales por el mero hecho de que estos condenados efectúen una tardía, imprecisa y vacía solicitud de perdón, se estaría sentando un peligros antecedente en un país en el que apenas una mínima parte de las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas por la dictadura pinochetista han sido sancionadas a día de hoy, ignorándose todavía el paradero de miles de personas desparecidas forzadamente por el régimen militar.

José Luis Centella, Secretario General del PCE
Enrique Santiago, Responsable de la Comisión Internacional del PCE

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