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Rechazo a la petición de la fiscalía


El PCE rechaza las condenas a los miembros del 15M y de CCOO por ejercer el derecho de protesta y de huelga



Secretaría dé Comunicación / 14 oct 14

(Madrid, 14 octubre 2014). El Partido Comunista de España rechaza las condenas que la Fiscalía solicita para los 14 miembros del 15M y para la secretaria general de CC.OO de Baleares por el ejercicio del derecho de manifestación y el de huelga. En el mismo comunicado ha calificado al gobierno de represivo, autoritario e insensible a las reclamaciones de los ciudadanos por una vida y trabajo digno.

Las fiscalías de Madrid y de Baleares han solicitados penas que llevarían a la cárcel a los encausados. Así, la Fiscalía de Madrid ha pedido entre dos y seis años de cárcel para las 14 personas detenidas durante actos sucedidos tras la manifestación del 15 de mayo de 2011 convocada por Democracia Real Ya y Juventud sin futuro y tras la cual se produjo la acampada en Sol que desembocó en el movimiento 15M. En el caso de Baleares el fiscal ha pedido 4 años y medio de prisión para la secretaria general del CC.OO de las islas por su participación en un piquete de la huelga general de 2012.

Tras las movilizaciones del 15M unas 3.000 personas acudieron a la marcha desde la plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol. A su término se produjeron incidentes con las fuerzas de orden público con algunos destrozos de mobiliario urbano, incluso el fiscal en su escrito al juzgado mantiene que hubo heridos en los incidentes solo el.

La secretaria general de Baleares Katiana Vicens es una de los 300 sindicalistas encausados por ejercer el derecho de huelga o de manifestación en defensa de sus derechos. La sindicalista que estuvo acompaña por representantes políticos y sindicales a la entrada al juzgado, está acusada de la rotura de la luna delantera de un autobús durante la huelga del 29 de marzo de 2012, aunque se declara inocente de los hechos, por los que le piden 4 años y medio.

Para el PCE, estas condenas son un despropósito social y por tanto rechaza la petición de la fiscalía a todas luces excesiva y que solo quiere servir para reprimir las legítimas protestas de los ciudadanos y trabajadores en defensa de una vida y un trabajo digno. Así el PCE continúa diciendo que cuando un gobierno no cumple su obligación de cubrir las necesidades del pueblo, éste está en su derecho de mostrar su disconformidad; la represión de la protesta le hace insensible y autoritario ante la mayoría social.

El PCE considera un ataque a la libertad de expresión, movilización y de huelga la reforma del Código Penal que quiere aprobar el gobierno y advierte que no nos pararán en la reivindicación de nuestros derechos y de un futuro con dignidad para nuestras familias y las generaciones futuras.

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