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Documento del Comité Federal del PCE 24.04.2004


Posición del PCE sobre el proceso de construcción europea



Comité Federal del PCE / 24 abr 04

Ampliación de la Resolución 'Sobre la construcción europea y las elecciones' aprobada en ese mismo Comité Federal

1. El proceso de construcción europea, fruto de diversas apuestas y tendencias, nace con el Tratado de Roma de 1957 en un contexto de división del mundo en dos bloques. Uno de los objetivos iniciales, promover la paz y el desarrollo económico mediante la cooperación fue paulatinamente subordinándose al proyecto diseñado a la medida de los grandes propietarios y sus empresas. En la última etapa, el Mercado Único de 1987 sentó las bases para la puesta en marcha del Tratado de Maastricht. Este tratado con sus revisiones de Amsterdam (1997) y Niza (2000), está orientado a conseguir implantar el modelo neoliberal a toda costa con los Planes de Convergencia para la instauración de la Moneda Única (Euro) en 2001, y el Pacto de Estabilidad posterior con los criterios de déficit público cero, privatizaciones, desregulación laboral y deslocalización del capital. El fracaso de tal modelo en los principales países de la UE, Alemania, Francia e Italia, con estancamiento y recesión económica, abre las puertas a las alternativas desde la izquierda transformadora en consonancia con los anhelos del Foro Social Europeo expresados en Florencia (2002) y en París (2003).

2. El PCE e IU han defendido siempre una Europa en la que primando su construcción política, los derechos de ciudadanía y el logro de altas metas sociales, antecedieran en el tiempo a la unión económica y monetaria. El PCE siempre propugnó la necesidad de redactar una Constitución para Europa. Nos reafirmamos, tal como se señalaba en el año 1989, en la necesidad para ello de proceder a la apertura de un período constituyente que, coincidiendo con la nueva legislatura, posibilite la constitución de un espacio político de democracia avanzada, en el que las competencias constituyentes residan de modo principal en el Parlamento europeo.

Este período constituyente permitiría consagrar, con expresión de la voluntad de la mayoría, un sistema de valores comunes que ya están promulgados en las Constituciones de los Estados miembros. En ella estarían las garantías jurídicas y políticas para las libertades y derechos individuales y colectivos, con sus correlativos deberes, incluida la obligación fiscal directa del ciudadano respecto a la Unión para garantizar de forma justa el sistema de recursos propios. A partir de todo ello sería posible armonizar los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros con objeto de ofrecer a los ciudadanos situaciones homogéneas en cuanto a los derechos positivos. La Constitución de la Unión debería contemplar derechos fundamentales, políticos, civiles y sociales, especialmente el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a una vida digna y a un medio ambiente que debe ser protegido.

Asimismo consideramos que se debería incorporar al acervo comunitario, con tratamiento constitucional, la idea de servicio público, considerando como fórmula preferente la prestación de los servicios esenciales por gestión pública.

3. Es por ello que expresamos nuestra postura contraria al proyecto de texto constitucional elaborado por la Convención Europea ya que pretende institucionalizar, elevando a rango constitucional, principios de la economía neoliberal, con primacía del mercado, que ocasionan el desmantelamiento de los servicios públicos, reforma de las pensiones, graves recortes de los derechos sociales e ignorancia de los equilibrios ecológicos. Mantiene las obligaciones derivadas del Tratado del Atlántico Norte, favorece el incremento de los gastos militares y, en suma, mantiene la prevalencia de la lógica de la ganancia sobre los derechos políticos, sociales, económicos, culturales y ecológicos.

Así, entre otras cuestiones:

  • El borrador de la Convención no da respuesta al profundo “déficit democrático” que existe en la Unión Europea desde su creación.
  • Incorpora la Carta de Derechos Fundamentales, pero los limita en el Título VII exclusivamente a las leyes de ámbito europeo y sin que éstas puedan tener precedencia sobre las leyes nacionales existentes en ningún caso (art. II-51).
  • El artículo I-51 está enteramente dedicado al estatuto de las Iglesias y las organizaciones no confesionales, siendo éstas las únicas instituciones que disfrutan de un reconocimiento oficial en el tratado.
  • El borrador constitucional pretende hacer ley todo el programa de reformas neoliberales impulsadas en nombre del “Espíritu de Lisboa” y contra el que se han movilizado cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas por la justicia global y sindicalistas en toda Europa. Como ejemplo de ello encontramos entre otros los siguientes:
    • El art. I-3-2 instaura un mercado único en el que la “competencia sea libre y sin distorsiones”, sin contemplar los indispensables controles políticos y democráticos que impidan las situaciones reales de monopolio y abuso de las grandes corporaciones multinacionales
    • el art. I-3-4 garantiza el libre comercio;
    • el art. I-4-1, la libertad de circulación de las personas, pero sobre todo de comercio, servicios, capital y establecimiento;
    • mientras que el art. I-11-3 otorga competencias a la Comisión para promover y coordinar la política económica; para las políticas sociales utiliza solamente un condicional porque las competencias seguirán siendo de los estados miembros;
    • el art. I-29-3 atribuye al Banco Central Europeo plena autonomía para conducir la política monetaria común fuera de todo control de los ciudadanos;
    • el art. I-53-2 establece por ley el equilibrio presupuestario y el presupuesto cero, prohibiendo a la UE endeudarse de cualquier forma, mientras que seguirán siendo exclusivamente los estados miembros quienes decidan el monto del presupuesto europeo, sin participación del parlamento europeo.
    • El artículo III-55 somete los servicios de interés general a las reglas de la competencia, lo que abre las puertas a posibles privatizaciones y a la mercantilización de servicios públicos esenciales como pensiones, sanidad y educación.
    • El artículo III-45 prohibe cualquier tipo de restricción a los movimientos de capitales lo que haría imposible medidas tipo “tasa Tobin”
  • Manteniendo estrictamente las competencias de los estados miembros por lo que se refiere a la política exterior y de defensa de la Unión, el borrador de Constitución de la Convención introduce a la UE en la “globalización armada”. De entrada subordina (o complementa) la política exterior y de defensa de la UE a la hegemonía de EE UU a través de la OTAN (art. I-40-2). Crea un ejército europeo con “capacidad operacional”, y requiere a los estados mejorar sus capacidades militares.
  • El entramado institucional de la UE, queda sometido en el borrador de la Convención a un Consejo y a un Consejo de Ministros, éste ejecutivo y legislativo a la vez, que establecen un funcionamiento dominado por los intereses de las grandes potencias europeas, el llamado “directorio”, en la Unión. La igualdad de los estados miembros queda sacrificada no sólo ante la nueva presidencia del Consejo, designada por los jefes de estado y de gobierno entre sus antiguos colegas, sino también en la propia Comisión, que hasta ahora era la garantía misma de esa igualdad.
  • El borrador recoge asimismo en forma legal las “cooperaciones reforzadas” entre una parte de los estados miembros, creando una Unión asimétrica y con distintas velocidades y derechos.
  • Se continúa privando al Parlamento Europeo de capacidad legislativa plena y exclusiva al otorgársele la competencia de colegislar con el Consejo de Ministros (art. 19 y 22) y sólo a propuesta de la Comisión (art. 25) o de un grupo de Estados Miembros (art. 33)

4. Desde el PCE creemos que las grandes líneas para conformar una Constitución europea que dé respuesta a las necesidades y anhelos de los trabajadores y ciudadanos europeos deben ser las siguientes:
  1. Concepto de ciudadanía. Derechos de los inmigrantes
    Una ciudadanía –como condición de pertenencia a la comunidad política, estatus formal y vínculo de identidad- propugnada como inclusiva, supone no sólo la atribución de la titularidad de la soberanía y de los derechos humanos ligados directamente a la persona, sino también los derechos económicos, sociales y culturales.

    Las oleadas de inmigrantes exigen la redefinición y defensa de un nuevo concepto de ciudadanía que supere los límites del tratado constitucional, elimine las insuficiencias del modelo monista, rompa con la dicotomía originarios de la comunidad estatal-nacional y no originarios, protegiendo a los primeros en un coto vedado que difícilmente llegan a alcanzar los segundos. Por ello es necesaria la extensión de la garantía del estado de derecho, del estado del bienestar a través de los derechos sociales y del estado democrático por medio de los derechos políticos que supone la comunidad libre de iguales.

    Por tanto, la Constitución Europea que propugnamos debería recoger entre otras, las siguientes propuestas:
    • Los derechos fundamentales de los europeos, incluidos los derechos políticos, sindicales y sociales, incluyendo el derecho a los servicios públicos esenciales.
    • La adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales para que su aplicación tenga base jurídica en el ámbito comunitario.
    • Reconocer y reforzar los derechos de igualdad entre hombres y mujeres aplicando principios de discriminación positiva que favorezcan la paridad participativa y representativa.
    • Precisar de forma evolutiva los derechos de los nacionales de terceros países que residen en la Unión, en particular concediéndoles el derecho a la libre circulación, los derechos sociales y la participación como electores y candidatos en las elecciones municipales y europeas.
    • La posibilidad para los ciudadanos de presentar recursos directos de amparo también ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades como garantía de tutela de los derechos fundamentales reconocidos por la Unión.
    • La atribución a los ciudadanos del derecho de referéndum a nivel europeo.

  2. Democracia, soberanía residente en los pueblos de Europa y no en los gobernantes. Amplias competencias del Parlamento Europeo. Derechos y libertades

    Hasta ahora el proceso de construcción europea había sido impulsado en exclusiva, desde su inicio en 1957, por los Estados, y descansaba en última instancia en el poder decisión del Consejo Europeo (Jefes de Estado y de gobierno) que delegaba en la Comisión, tecnócrata, y neoliberal desde Maastricht. La expresión de la soberanía popular en el ámbito europeo exige que el poder de decisión emane de la voluntad popular expresada a través de dos instancias, el Parlamento Europeo (PE), en conjunción con los parlamentos nacionales, y la consulta popular mediante los referenda. La lucha de clases y de intereses contrapuestos no puede ser entre pueblos y naciones, sino entre clases sociales, entre voluntades políticas expresadas a través de las fuerzas políticas en los parlamentos nacionales y en el PE.

    Ha de ser el PE el que, según el escalonamiento en cascada de las diversas competencias, las europeas, estatales, regionales y municipales, y las compartidas, tenga la última palabra para la adopción de decisiones del ámbito europeo, desde el nombramiento del Presidente de la UE, la elección de la Comisión Europea, la asunción de responsabilidades en las diversas materias, de política exterior, de seguridad y defensa, de solidaridad, presupuestaria, defensa del medio ambiente, de los servicios públicos, de las políticas agrarias, de las garantías y la defensa de los derechos humanos, de las libertades, de la igualdad, de los derechos sociales, laborales, salariales, sindicales, económicos, etc.

    Es necesaria una mayor participación del Comité de la Regiones y Municipios, así como su acceso al Tribunal de Justicia Europeo en caso de conflicto.

    En la Constitución Europea ha de constar con claridad y rotundidad la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, como garantía de la ciudadanía europea y de los que residen y trabajan en Europa, con los epígrafes de: 1) Dignidad, 2) Libertades, 3) Igualdad, 4) Solidaridad, 5) Ciudadanía, 6) Justicia. Asimismo ha de quedar claro que el modelo económico debe estar bajo la soberanía popular, Parlamento Europeo, con lo que no cabe ninguna independencia del Banco Central Europeo, ni tampoco intangibilidad del Pacto de Estabilidad, verdadero corsé neoliberal para el desempeño de las políticas económicas y sociales. Es el PE el que debe adoptar las decisiones económicas y sociales que pretendan dar respuesta a los problemas que la mayoría de la población padezca.

    Al tener la UE personalidad jurídica propia obliga a que su presencia y actuación unitaria en los diferentes organismos internacionales, desde la ONU hasta el Banco Mundial o el FMI, pasando por la OMC, sea decididas y refrendadas en el PE, para de esta forma trasladar la voluntad de solidaridad, paz y defensa de la legalidad internacional que posee el pueblo europeo.


  3. La necesaria reforma democrática y social de la unión económica y monetaria. Carta de derechos sociales. El pleno empleo como objetivo de la Unión Europea

    Pensamos que Europa debe constituir el terreno propicio para el cambio indispensable hacia un nuevo modelo de desarrollo y de cooperación para impulsar todo el potencial de que dispone la Unión Europea para crear empleo suficiente y de calidad, aumentando el bienestar de la mayoría de la población, y para que la UE avance hacia un nuevo modelo de desarrollo y de cooperación que contribuya a superar los problemas globales de pobreza, exclusión y deterioro ambiental.

    El Banco Central Europeo y los diferentes Bancos centrales de los Estados deben estar provistos de un efectivo control democrático y su objetivo prioritario debe ser la creación de empleo. Para ello debe modificarse su actual status remitiendo las competencias últimas sobre los objetivos de política monetaria a la representación popular encarnada por el Parlamento Europeo y los órganos legislativos estatales.

    Una vez constituida la moneda única se hace más urgente la necesidad de que en el ámbito de la Unión Europea se avance en la armonización laboral, social y fiscal, y en la eliminación de los paraísos fiscales existentes, a fin de evitar cualquier tipo de dumping y chantaje del capital.

    La armonización social es imprescindible para conseguir una auténtica política social comunitaria y un desarrollo efectivo de la Carta Social Europea.

    La armonización fiscal comunitaria debe contener claros elementos de progresividad Para ello debe marcarse como horizonte la consecución de una verdadera Hacienda europea que descanse en las aportaciones directas de los ciudadanos europeos con independencia del Estado en que residan y atendiendo a su capacidad económica individual.

    Para neutralizar los desequilibrios regionales y las desigualdades sociales que la moneda y el mercado único generan, es preciso contar con una enérgica intervención de los poderes públicos, manejando presupuestos con suficiente volumen y capacidad redistributiva, tanto a escala europea como nacional. El Presupuesto Comunitario deberá aumentar su tamaño. En la próxima legislatura debería alcanzar no menos del 5% del PIB comunitario y un 50% del mismo, como mínimo, debería destinarse a las acciones estructurales para el objetivo de la cohesión.

    Al ser imprescindible garantizar los recursos de la Unión proponemos avanzar en la introducción de figuras tributarias propias que contribuyan a una mayor suficiencia y a potenciar la política redistributiva en aras de la convergencia real, políticas que deberían incluir el criterio de progresividad, incidir en los impuestos sobre el capital, establecer tributos ecológicos de carácter finalista, adopción de medidas que eliminen el fraude fiscal. El establecimiento de estas figuras tributarias debería ser una facultad que correspondiera al Parlamento Europeo.

    La defensa y mejora de los servicios públicos debe ser recogida explícitamente como uno de los objetivos de la Unión.

    El pleno empleo, la forma de generación de riqueza y su distribución, es el objetivo que debe informar la política de construcción europea.

    Por ello, es imprescindible un Programa Común de Empleo, para compaginar las inversiones públicas con un modelo de desarrollo sostenible.

    La acción en favor de la creación de empleo no puede limitarse a la actuación presupuestaria sino que debe operar en una perspectiva más amplia, que relacione la política de empleo con el resto de las políticas económicas y sociales, desde la política macroeconómica a la política industrial, tecnológica o de servicios y calidad de vida.

    En este punto es donde interviene una política de crecimiento selectiva, un cambio de prioridades del Banco Central Europeo y una apuesta por el rescate del sector público estratégico.

    Entre las medidas que defendemos en defensa del empleo se encuentran:
    1. La UE debe extender, profundizar y elevar sus reglas sociales. Incluyendo una Carta Social Europea en la Constitución; regulando la jornada de trabajo hasta las 35 horas semanales, sin disminución de prestaciones salariales o contractuales; consiguiendo una Protección Social de Mínimos que establezca un salario mínimo y una renta social mínima para todos los europeos.
    2. Desarrollar por ley del PE los mecanismos jurídicos y de consolidación presupuestaria para la consecución de sistemas comunes en materia de protección por desempleo y jubilación.
    3. Apoyar un Acuerdo Marco Laboral Europeo que establezca las garantías de los trabajadores, comités de empresa y sus sindicatos. Articular un Código Ético de Inversiones de Capital en el exterior de la Unión y, paralelamente, formalizar Cláusulas Sociales y Ecológicas en los Tratados Internacionales.

    Protección del acervo cultural europeo frente a los monopolios mediáticos.


  4. Política exterior y de Seguridad común

    La UE debe constituirse en verdadero sujeto político y jurídico internacional reforzando el significado de identidad europea. Los objetivos serán:
    1. Establecimiento de una situación global caracterizada por un nuevo orden internacional de base multipolar, socialmente justo y democrático, en el que la paz, la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos integralmente considerados sean los fines a alcanzar.
    2. La PESC que proponemos ha de basarse por supuesto en los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. A la vez ha de ser el paraguas bajo el que se coordinen otras políticas como las de defensa, cooperación, y de relaciones económicas exteriores.
    3. Un nuevo orden en el que los conflictos se solucionen a través del derecho internacional con el concurso de las instancias de las Naciones Unidas, profunda y democráticamente reformadas, con desaparición del Consejo de Seguridad, eliminando el derecho de veto de las grandes potencias, restitución a la Asamblea General de todos los poderes y en la que la UE se proponga alcanzar una voz y una postura común. El desarme nuclear convencional y el control de las exportaciones de armas y la reducción de los gastos militares, y la desaparición de armas de destrucción masiva.
    Esta política exterior común implica una estructura coordinada de defensa. Si asumimos que parte importante de los desequilibrios, fenómenos de inestabilidad y estallidos de violencia de las zonas que nos rodean están causados por el lugar desigual que ocupan y padecen estos países en sus relaciones con nosotros, entonces queda claro que la solución no puede ser usar más violencia como pretende la lógica de la OTAN sino el transformar esas relaciones desiguales, por otras de cooperación y solidaridad.

    El concepto de seguridad que propugnamos no es militar sino humano. Ello implica:
    1. La renuncia a la estrategia y teoría de la “guerra preventiva”
    2. renunciar a convertir la fabricación y venta de armas en el negocio más rentable de los diferentes países de la UE, imponiendo un código ético de fabricación y venta de armas, ateniéndose a la cláusula democrática, a países que respeten los derechos humanos, reducción de los gastos militares, y aplicación estricta del Tratado sobre minas antipersonas;
    3. apostar por una defensa coordinada, sin organizaciones militares de naturaleza ofensiva, pleno reconocimiento de la objeción de conciencia y de la insumisión, así como de los derechos democráticos en las “Fuerzas Armadas” compatibles con su funcionamiento;
    4. una política de defensa común, bajo control democrático de los parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo, en la que los acuerdos relativos a la política de defensa se adopten por el Consejo en reunión extraordinaria, por unanimidad;
    5. la disolución de la OTAN y de la UEO, y la eliminación de las bases extranjeras de los diferentes países de la UE.


  5. Papel más activo de las regiones y nacionalidades

    En el desarrollo y profundización de este camino, proponemos:
    1. Redefinición del Comité de las Regiones, a fin de transformarlo en un instrumento de participación efectiva de nacionalidades y regiones en la definición de las políticas de la UE, potenciando a su vez las relaciones de dicho comité con el Parlamento Europeo.
    2. Regularización de la CALRE (Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas), y aprobación de su protocolo de relación con el Parlamento Europeo.
    3. Participación de los Parlamentos Autonómicos a través de la CALRE en las Comisiones permanentes del Parlamento Europeo que traten asuntos de interés regional.
    4. Consecución de la legitimación procesal de las Comunidades ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para controlar la observancia del principio de subsidiariedad y protegerse frente a posibles invasiones competenciales.
    5. Impulso de formas de cooperación transversales entre las distintas regiones de la Unión Europea.
    6. Corresponsabilización de las CCAA en las políticas desarrolladas por el Estado Español ante la UE para lo que se considera necesario:
      • Plena cooperación e información en sentido ascendente y descendente sobre procesos comunitarios, entre la Administración General del Estado y las Administraciones Autonómicas.
      • Creación de los instrumentos necesarios de cooperación y coordinación para asegurar la cooresponsabilidad en las decisiones.
      • Presencia de las CCAA en las delegaciones españolas en las instituciones de la UE y en COREPER.
      • Reconocimiento por el Estado del derecho de las Comunidades a mantener relaciones de carácter comercial y cultural con el exterior.
      • Articulación de los mecanismos necesarios para la participación activa de las CCAA en la configuración, demanda y distribución de los fondos estructurales y de cohesión, en tanto la reforma del Senado no se efectúe
    7. Reconocimiento institucional de la plurinacionalidad y de las entidades de los pueblos europeos.
    8. Asimismo, los municipios han de ser sujetos activos en esta idea de construcción europea para lo que han de establecerse mecanismos que permitan expresar su voluntad en las diversas estructuras de la UE. Las medidas que consideramos en este sentido son:
    9. La creación de un Comité de Municipios, como órgano de participación de éstos en la definición de las políticas de la UE.
    10. Desarrollo de formas de cooperación transversales entre los Municipios de la Unión Europea.
    11. Corresponsabilización de los Municipios en las políticas desarrolladas por el Estado ante la UE, para lo que es necesario:
      • La plena cooperación ascendente y descendente sobre procesos comunitarios entre las administraciones autonómicas y las administraciones locales.
      • La articulación de mecanismos para la participación de los municipios en la gestión de los fondos estructurales y de cohesión.


  6. Por una política exterior de la UE que apueste inequívocamente por un nuevo orden internacional más democrático, justo e igualitario

    De entrada hay que hacer dos afirmaciones claras y una conclusión que son marco general para orientar nuestra propuesta.

    La primera es que la inserción del actual modelo de construcción europea (modelo neoliberal de Maastricht y de la Moneda Única, EURO), dentro del proceso de mundialización de la economía y globalización política antidemocráticas, es parte estructural de la causa del estado de subdesarrollo y pobreza de la mayor parte del mundo. La segunda afirmación, consecuencia de lo anterior, es que este proceso de desarrollo desigual desencadena todo tipo de desequilibrios y conflictos en todas y cada una de las regiones del mundo, a los que Occidente (la llamada Tríada, Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea y Japón) responde con estrategias y mecanismos agresivos tipo OTAN (1999) o unilaterales, despreciando el papel de la ONU como referente internacional.

    La conclusión es clara, nuestra propuesta alternativa de política exterior parte de apostar por otro modelo de construcción europea, democrático, social y solidario que suponga unas relaciones con el resto del mundo basadas en la igualdad, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad y la búsqueda colectiva de modos comunes de progreso respetuoso con el Planeta que estén fundados en los principios del desarrollo sostenible. Ello descarta que la ayuda y la cooperación puedan descansar en situaciones de proteccionismo asfixiante conducentes a una “dependencia obligada”.

    Cuando apostamos por un modelo alternativo de construcción europea situamos como uno de los tres grandes objetivos (una Europa democrática, una Europa social de pleno empleo y ecológica y una Europa factor de paz y solidaridad) el de convertir a la Unión Europea (UE) en protagonista privilegiado y crucial en la consecución de un nuevo orden internacional democrático, caracterizado por los valores mencionados de la paz y la solidaridad.

    Somos (PCE –IU) la única fuerza política de ámbito estatal que, a diferencia de los que persiguen hacer de la UE un aliado más o menos privilegiado de los Estados Unidos de Norteamérica en la extensión del modelo neoliberal competitivo, bajo el paraguas de la OTAN, como defienden al unísono el PP y el PSOE, propone un modelo europeo alternativo en política exterior coherente con un modelo de construcción europea solidario, democrático y social.

    Proponemos una nueva apuesta de izquierdas para el mundo, frente a las posturas “posibilistas” de tendencias como la Tercera Vía que ha instaurado la idea conformista de que es la única izquierda posible para Europa, que acepta el neoliberalismo como un proceso irreversible y que sólo se plantea la lucha dentro del propio sistema, sin cuestionarlo. Por el contrario, partimos del principio de que la UE ha de poseer una política exterior y de seguridad común (PESC), como consecuencia del proceso de construcción de la UE, para que exista concordancia entre los avances y mecanismos internos sociales y económicos y los externos de relaciones con el resto del mundo. Esta política exterior ha de estar basada en cuatro pilares:
    1. La solución negociada de los conflictos internacionales en el marco de la ONU, en una ONU democratizada.
    2. El rechazo a una estrategia ofensiva de la UE, concretada en la “Estrategia de Defensa Europa” (Solana) adoptando en su lugar una exclusivamente defensiva, con lo que propugnamos la desaparición de la OTAN y de la UEO, así como el desmantelamiento controlado de todo el arsenal nuclear europeo y mundial y eliminación de las armas de destrucción masiva.
    3. La modificación del actual mecanismo de relaciones desiguales con los países del Tercer Mundo (continuación del neocolonialismo) hacia otro que esté basado en la solidaridad, la igualdad, el respeto a los derechos humanos y la cooperación al desarrollo, la no-injerencia en los asuntos de Estados soberanos e internacionalmente reconocidos, la denuncia de la doble moral, y los dos pesos y dos medidas en lo relativo a la aplicación desigual de las resoluciones de la ONU.
    4. Situar los Derechos Humanos y de los Pueblos como la base para el nuevo Marco de Relaciones Internacionales, en donde los convenios internacionales recojan la persecución de las prácticas de tortura, la consolidación del Tribunal Penal Internacional, la eliminación de la impunidad en relación con todos los delitos contra la humanidad.

5. El PCE se implicará de forma decidida en la movilización europea del 9 de mayo, programada en el Foro Social Europeo, por una Europa con derechos sociales y ciudadanos. En este sentido llama a sus militantes a participar y desarrollar las distintas campañas y plataformas unitarias que con tal fin se están articulando en todo el territorio español.

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